2.08.2013

Rechazamos la injerencia del Banco Mundial en la política educativa colombiana


Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL
Web: www.anncol.euRedacción: editar@anncol.eu,
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por Mesa Amplia Nacional Estudiantil – MANE
 
En el mentado informe no escatima esfuerzo el Banco Mundial en recomendar la desfinanciación como política pública para la Universidad, mientras sí insiste en “dotar al ICFES de todos los fondos y el apoyo necesarios”
 
Pronunciamiento de la Comisión de Voceros Nacionales de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil – MANE. El Banco Mundial, en coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, publicó recientemente un estudio sobre la situación de la educación superior colombiana que concluye con una serie de recomendaciones en los siguientes aspectos: financiero, gestión, aseguramiento de la calidad y gobernabilidad. Este hecho se presenta cuando las universidades colombianas, en especial las públicas, atraviesan la peor crisis de su historia.
Como lo ha reafirmado el propio Sistema Universitario Estatal, SUE, las necesidades financieras a partir de las insuficientes transferencias desde la Ley 30 de 1992 superan los $18,7 billones, de los cuales, a través de la venta de bienes servicios, aumento de costo de matrículas y estrategias de racionalización de los recursos, estas instituciones han asumido $7,5 billones, para un déficit total de $11,1 billones a 2012. (´Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia, 2012. Pág. 46).  Lo que hay detrás de dicha situación, más allá de la improvisación y desconocimiento de la educación superior, es una política sistemática de desfinanciación en 20 años de neoliberalismo, en donde ha jugado un relevante papel el Banco Mundial.

Lo que se enuncia es la misma receta que este organismo lanzó al país en el año 1994 en donde instaba a Colombia a adoptar “una base de recursos diversificada, [dando] mayor importancia a los proveedores y financiamiento privados” (´La enseñanza superior. Lecciones derivadas de la experiencia, 1994´). A raíz de esas mismas directrices el presupuesto estatal pasó de representar el 87% de los recursos de las universidades al 50%. Hoy Colombia ocupa el segundo lugar en participación del sector privado en la financiación de la educación superior con el 50%, después de Chile, superando el promedio de América Latina y el Caribe, que es del 46%, y de los propios países de la OCDE, con 31%.

Con este antecedente, tampoco sorprende que dichas recomendaciones, presentadas el pasado 24 de enero al gobierno nacional, apunten a profundizar la desfinanciación de la universidad pública colombiana, cuando insiste en que deberá avanzarse en “atraer más fondos al sistema […] implementando cambios en la gobernabilidad para estimular nuevas inversiones del sector privado”(pág. 72) pues, partiendo de la insuficiente fuente de recursos públicos y la creciente demanda insatisfecha, “la única manera de hacerlo sería recurrir a proveedores privados y compartir los costos [donde] las asociaciones mixtas público-privadas representan un modelo muy prometedor para Colombia.” (pág. 73).

En el mentado informe no escatima esfuerzo el Banco Mundial en recomendar la desfinanciación como política pública para la Universidad, mientras sí insiste en “dotar al ICFES de todos los fondos y el apoyo necesarios” (pág. 224). E igual definición le correspondió en el documento al Icetex. Según el equipo evaluador, este debe ser considerado como uno de los canales principales para la destinación del presupuesto a las universidades públicas, con el fin de profundizar el tipo de asignación por la vía de subsidiar la demanda educativa, no la oferta. Con esto rechaza la idea según la cual la educación requiere recursos ascendentes, donde el Estado juega el papel principal por su capacidad económica y fiscal. La política financiera del Banco Mundial se aplica a costa de desfinanciar a la Universidad Pública, tan es así, que los recursos institucionales  del ICETEX como porcentaje del total de las universidades, pasó del 7,4% en el 2000 al 20,1% en 2010, mientras que las transferencias nacionales a las universidades pasaron del 82,6% al 59,4% en igual periodo. Todo esto, mientras desembolsa un préstamo por U$500 millones destinados a los créditos estudiantiles, actuaciones que en han sido rechazadas por múltiples actores de la comunidad educativa. Peor aún es que también se enuncia como estrategia de racionalización de los recursos financieros el recorte del tiempo de las carreras universitarias de acuerdo con que tan estrecha sea la relación entre estas y el sector privado, imponiendo el vínculo ineluctable entre programas y las locomotoras de Santos. Dicha postura ya ha sido formulada con antelación por el Gobierno Nacional:

“Los sectores agropecuario, minero-energético, infraestructura de transporte (…) deberán definir en el 2011 cuáles son sus necesidades de recurso humano (en términos de perfiles, competencias y programas de formación requeridos) de tal manera que el MEN, como regulador de la formación del capital humano, la capacitación y el aprendizaje, genere los incentivos a las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, para PRIORIZAR la formación y el desarrollo de las competencias laborales especificas de acuerdo a las necesidades definidas por estos sectores” (Bases del PND Colombia, 2010).

Así mismo no deja de preocupar que bajo la Ley de Asociaciones Público privadas  o Ley de Concesiones (Ley 1508 de 2012) se pueda convertir a la universidad colombiana en instrumento de lucro del sector privado, ya que establece que dineros provenientes de dicho sector en cantidad no inferior a $3.540 millones, que se inviertan en infraestructura o servicios de las universidades públicas, tienen derecho de retribución o usufructo durante un periodo máximo de 30 años, lo que reafirma el hecho de que el lucro entra por la puerta trasera si la universidad se desfinancia. Que la Ministra Campo se niegue a aceptar que no es concesión lo amparado por una ley bautizada de ese modo es entendible, pues el propósito perseguido por el gobierno no ha sido otro. ¿No fue este el único gobierno en la historia de Colombia que quiso imponer el ánimo de lucro en las universidades colombianas? ¿O acaso han iniciado acciones encaminadas a resolver la crisis presupuestal de las universidades públicas desde un punto de vista democrático? ¿O han cesado en su empeño de sustituir la inversión estatal por la privada?

Pero al Banco Mundial no podía escapársele una valoración positiva del ánimo de lucro. De acuerdo con su planteamiento de estrategias financieras sostenibles, el Estado colombiano deberá buscar la “introducción de una mayor participación de diferentes actores en los gastos de las instituciones públicas” (pág. 301), así como en la defenestrada propuesta de Santos en el 2011 lo hacía para “atraer más fondos al sistema, tanto adjudicando un volumen de recursos públicos significativamente superior como implementando cambios en la gobernabilidad para estimular nuevas inversiones del sector privado.” (pág. 72).

Los anteriores elementos justifican un rechazo contundente a la política educativa del Banco Mundial, que guarda gran relación con lo desarrollado en esta materia por el gobierno de Juan Manuel Santos y la Ministra Campo. Para la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, sigue siendo imperioso avanzar hacia la consolidación de una política de educación superior acorde con las necesidades del país, de forma soberana, y no impuesta cual recetario que, como se ha demostrado, avanza a pasos agigantados hacia la privatización de la universidad colombiana. Peor aún es que el gobierno en respuesta afirme que por fortuna se ha avanzado en ese camino. Una más para el archivo de incumplimientos con la MANE y el país.

Fuente: OCDE (2013),  "Internacionalización del Sistema de Educación Superior en Colombia", en OCDE / Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial,  Evaluaciones de Políticas Nacionales de Educación: La Educación Superior en Colombia, OECD Publishing.
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