5.27.2009

Zona Franca de Occidente, no es la lampara de Aladino, son los Hijos del Ejecutivo

Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, mayo 25 de 2009

Las denuncias sobre los negocios de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno en la Zona Franca de Occidente son protuberantes y, luego del debate en el Senado, aparecen capítulos adicionales. Los desatinos que han rodeado ese negocio muestran que ni hubo ética ni completa legalidad en el proceso que lo consolidó.
Tres decisiones multiplicaron por más de 30, en dos años (2006-2008), el valor del metro cuadrado de los lotes San Laureano y El Paraíso donde se adelanta el Proyecto. La primera fue la de la empresa Bavaria que, al venderlos como “cuerpo cierto”, terminó encimando un metro por cada tres que los Uribe le compraron. Insólito descuido en un consorcio internacional como SAB Miller y más grave todavía en un área que está en todo el corazón del sector circundante a El Dorado, atravesada por la vía rápida hacia la Costa y el río Magdalena y con el eventual Tren de Cercanías pasando por uno de sus costados. Irregularidad inusual en una firma con vasta tradición a la cual precisamente el gobierno le otorgó una zona franca especial en Yumbo (Valle) meses después de la transacción.
La segunda decisión fue el conjunto de disposiciones del alcalde de Mosquera, Alfonso Rozo, que benefició a estos predios. 1) El decreto municipal que aumentó al 75%, como caso excepcional en toda la Sabana de Bogotá, el índice de ocupación de los lotes en mención; 2) concretar en esos predios una zona industrial gracias al Plan Parcial que también les aprobó, y 3) el “desenglobe” del terreno en varios lotes. Justamente uno de los cuales, de tres hectáreas, fue adquirido por una sociedad de la familia de Rozo a menos de un tercio del valor de otros que fueron transados en la misma semana por terceros. Los Rozo ganaron así millones; ¿Estamos frente a la “rozopolítica”?
La tercera determinación, el otorgamiento de la Licencia para la Zona Franca, está llena de actuaciones opacas de funcionarios públicos. El que la DIAN -en la resolución atinente- afirme que la licencia se gestionó desde una fecha en la cual esa empresa ni existía, ni tenía NIT, es un indicio negativo de la transparencia como se tramitó y, pese a que el Comité que da viabilidad a estas zonas advirtió tan enorme carencia, el proceso no se reinició sino que apenas se suspendió hasta que se subsanara el defecto. Un mes después recibió el visto bueno. Los demás papeles se allegaron irrespetando los plazos perentorios estipulados y cuando se completaron, aunque algunos requerían revisión técnica, en sólo 24 horas se logró la ansiada Resolución. En muchos documentos sujetos a estudio por ministros y funcionarios de alto nivel, figuraba el nombre de Tomás Uribe. Acorde con su versión, nunca se percataron. ¿Omisión o inmoralidad administrativa? Lo definirá la investigación concerniente que adelanta el Procurador.
Resta por develar una arista oculta en relación con el pago de impuestos. En primer lugar, el de plusvalía en Mosquera que se canceló por el cambio del índice de ocupación pero no por los otros motivos que lo generaban en mayor cuantía. En segundo término, el impuesto de guerra, a partir de 2006, cuando el patrimonio de los Uribe pasó de tres mil millones de pesos. En tercer lugar, el de renta y el de ganancia ocasional, al parecer desvanecidos mediante un hábil traslado de utilidades y de la revaloración del patrimonio de Residuos Ecoeficiencia a cuentas exentas de tributación en empresas de papel –Yogur y Ecoindustry-, que se formaron a finales de 2006, domiciliadas en las mismas oficinas del abogado del Presidente. La morosidad del Director de la DIAN para contestar los interrogantes al respecto ya le valieron un ultimátum de la Procuraduría.
La conducta del presidente Uribe frente a sus subalternos no ha sido aclarada. Si, como han dicho sus hijos, conoció de antemano “sus planes de emprendimiento”, es necesario saber si advirtió a los miembros del Gabinete sobre el evidente impedimento que tenían. Álvaro Uribe ha respondido con evasivas los derechos de petición que le ha cursado el senador Jorge Enrique Robledo para que explique su proceder y, por tanto, fue menester presentar una Acción de Tutela para que cumpla con ese deber como todo funcionario público. Hasta ahora, existe evidencia de que, de 24 millones de colombianos menores de 30 años, únicamente dos, que pidieron dinero prestado a sus parientes para iniciar un negocio, en sólo 720 días valorizaron terrenos por más de $135.000 millones; no es la lámpara de Aladino, ¡oh, casualidad!, son los Hijos del Ejecutivo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este es un espacio de discusion. En donde la fuerza esta en los argumentos.