5.27.2009

45 ANIVERSARIO DE LAS FARC EP

22 de Mayo de 2009

45 ANIVERSARIO DE LAS FARC-EP
MANUEL VIVE

Por: SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP / MONTAÑAS DE COLOMBIA

Las circunstancias políticas son propicias para el accionar del Movimiento armado y el Movimiento Bolivariano. Manuel Marulanda Vélez
En este pensamiento de Manuel está pintada el alma de las FARC como bandera al viento. Hace 45 años surgimos en las alturas de Marquetalia, la montaña de la resistencia de los pueblos, buscando paz para Colombia, justicia y dignidad. Desde entonces somos la respuesta armada de los desposeídos y los justos a las múltiples violencias del Estado.
La paz es nuestra estrategia, y el accionar del Movimiento armado empuñando la bandera de la alternativa política, la táctica para llegar a ella. Lo decimos también con la palabra de fuego de Bolívar: “la insurrección se anuncia con el espíritu de paz. Se resiste al despotismo porque éste destruye la paz, y no toma las armas sino para obligar a sus enemigos a la paz”. Por ella entregaron su vida Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Efraín Guzmán, Raúl Reyes, Iván Ríos y toda esa invencible legión de comandantes y combatientes a quienes hoy recordamos con veneración. Para todos ellos, honor y gloria en este aniversario de las FARC.
“Aquel que asegura su honor -decía el Libertador- dedicando su vida al servicio de la humanidad, a la defensa de la justicia y al exterminio de la tiranía, adquiere una vida de inmortalidad al dejar el marco de la materia que el hombre recibe de la naturaleza. Una muerte gloriosa triunfa sobre el tiempo y prolonga la sublime existencia hasta la más remota posteridad”… Es lo que ocurre con todos ellos, que a pesar de haber partido siguen vivos en los fusiles y el proyecto político de las FARC, con Bolívar combatiendo por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo, hombro a hombro con el pueblo y sus guerrilleros.
Queremos el país que vislumbran el Manifiesto de las FARC y la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia. Lo queremos surgido de un Gran Acuerdo Nacional hacia la Paz rubricado por todas las fuerzas dispuestas a protagonizar el cambio de las injustas y anacrónicas estructuras, sin exclusiones. Emanado de un pacto social rodeado de pueblo que instrumente la articulación de una alternativa política con miras a la conformación de un nuevo gobierno nacional, patriótico democrático, bolivariano, hacia el socialismo. Sí, hacia el socialismo, que es justicia y redención de pueblos, el arca de salvación de la humanidad frente al hundimiento del sistema capitalista mundial.
La dignidad de Colombia y el rescate del sentimiento de patria reclaman un nuevo liderazgo que privilegie la unidad y el socialismo al avanzar hacia el horizonte futuro. Un nuevo grito de independencia nos convoca mostrándonos el campo de batalla del Ayacucho del siglo XXI donde flamea la certeza del triunfo de la revolución continental, la de Bolívar y nuestros próceres.
Es hora de superar la vergüenza nacional que significa un gobierno ilegítimo e ilegal, generador de muerte y de pobreza. Un gobierno que apoyado por el de Washington, sólo actúa para perpetuar la guerra y la discordia mientras garantiza a sangre y fuego la seguridad inversionista a las trasnacionales que saquean nuestros recursos. Un régimen apátrida, que a pesar del alto número de tropas norteamericanas que intervienen en el conflicto interno de Colombia, permite que nuestro suelo sagrado sea hollado por más tropas extranjeras, las expulsadas de Manta, permitiéndole a los Estados Unidos operar en esta tierra una base de agresión para el asalto a los pueblos hermanos del continente. Un gobierno desvergonzadamente narco paramilitar, que ya no se inmuta ante las contundentes confesiones de capos paramilitares que aseguran, como “Don Berna”, haber financiado con dólares de la cocaína las campañas presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. Un gobierno y un Presidente que convirtieron el Palacio de Nariño en oscuro antro de conspiración entre mafiosos para desestabilizar a la Corte, obstruir a la justicia y dejar sin efecto la independencia de los poderes públicos. Que extraditó a los Estados Unidos a los cabecillas paramilitares cuando estos empezaron a vincular al entorno de Uribe, a los generales, a los empresarios y a los ganaderos, en la estrategia paramilitar del Estado que aún desangra a Colombia.
El país nacional no sale del asombro ante el autismo de la Fiscalía que prefiere clavar su cabeza en la arena para no emprender ninguna acción de responsabilidad penal contra las empresas Chiquita Brand -la misma de la masacre de las bananeras en 1928- la Drummond, Postobón, Brasilia, Carbones del Caribe…, denunciadas por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso como financiadoras del paramilitarismo. El mismo Cabecilla ha revelado que la masacre de la Gabarra en la que fueron asesinados 40 campesinos, perversamente atribuida a la guerrilla para desprestigiarla, fue realmente ejecutada por los paramilitares, el ejército y la policía.
La máscara ha caído. A Uribe lo ronda insistente el fantasma de Fujimori condenado en el Perú a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Prevé que los cobardes asesinatos de civiles no combatientes, estimulados por la insania de mostrar a todo trance resultados con sangre de su política fascista de seguridad, no quedarán en la impunidad. Claman justicia al cielo el desplazamiento forzoso de más de 4 millones de campesinos, el despojo de sus tierras, las miles de fosas comunes, y la vinculación del presidente a masacres de indefensos ciudadanos. El jefe paramilitar que denunció la responsabilidad directa de Uribe en la espantosa masacre de El Aro, Antioquia, acaba de ser asesinado para satisfacción del tirano del Palacio de Nariño Sabe que tarde o temprano tendrá que responder por sus crímenes.
Debe ser revocado el mandato de un presidente que ha impuesto el deshonroso récord de tener a más del 90% de su bancada parlamentaria vinculada al proceso de la narco-parapolítica; que mantiene como ministros de Estado a delincuentes de cohecho; que utiliza el poder para enriquecer a sus hijos, que convierte el servicio diplomático en refugio de asesinos como el general Montoya tantas veces denunciado, y que promueve referendos inconstitucionales para perpetuarse en el poder como mecanismo de escape a la justicia. Uribe es un verdadero bandido amparado tras la banda presidencial.
Cuántos problemas internacionales ha generado su absurda pretensión de trasnacionalizar la política fascista de seguridad con la que el gobierno de Colombia se cree en el derecho de actuar extraterritorialmente en desarrollo de su particular visión y de su estrategia contrainsurgente, por encima de los pueblos y sus gobernantes, pisoteando la soberanía de las naciones y desestabilizando la región, siempre apoyado por el gobierno de Washington.
Quiere incendiar al país indefinidamente con el fuego de la guerra y de la violación de los derechos humanos aferrado a la quimera del triunfo militar. Con inconsecuencia niega la existencia del conflicto político y social, pero coloca su enfermiza ilusión en el Plan Patriota del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, creyendo inútilmente que la inconformidad social puede ser abatida a tiros y tecnología militar de última generación.
Incrementar el pie de fuerza a más de 450 mil efectivos por cuenta de la mayor ayuda militar de los gringos en el hemisferio no lo mantendrá en el poder, porque así lo dice la experiencia histórica y la sensatez. “Los pueblos que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos”. Pero además un gobierno desprestigiado, amarrado a la ilegitimidad y acosado por la crisis del capitalismo mundial es un gobierno condenado al fracaso.
La Colombia de hoy no quiere el guerrerismo ultramontano del gobierno. Quiere soluciones al creciente desempleo y la pobreza. Reclama la inversión social sacrificada en aras de la guerra. Pide educación, vivienda, salud, agua potable, derechos laborales, tierra, carreteras, electricidad, telefonía y comunicaciones, mercadeo de productos, renacionalización de las empresas que fueron privatizadas, castigo a la corrupción, soberanía del pueblo, protección del medio ambiente, democracia verdadera, libertad de opinión, liberación de presos políticos, fin a la irracional extradición de nacionales que mantiene de rodillas la soberanía jurídica, información veraz, relaciones internacionales de respeto recíproco entre las naciones, integración y Patria Grande, justicia social y paz.
Uribe le teme, como el diablo al agua bendita, al clamor creciente de los que piden paz, castigo a los crímenes de Estado, y nuevo gobierno. Por eso exige con angustia que el tema de la paz sea proscrito del debate electoral que se avizora. Es la locura y el absurdo transfigurados en un mandatario que quiere encadenar el país a sus odios y resentimientos. Nadie podrá desligar de un proyecto de nueva sociedad y de gobierno, la paz que anhelan las mayorías nacionales. Ella es la bandera que unirá a los colombianos contra la tiranía, la guerra y la injusticia.
Todos debemos estar alerta para impedir la maniobra uribista de cambiar al actual Registrador Nacional por uno de sus serviles. La única esperanza del guerrerismo hirsuto ante el anhelo de las mayorías, es el fraude. Y es lo que debemos impedir ahora, ya que éste fue amo y señor de las elecciones del 2002 y del 2006. La reelección de Uribe es un asqueroso monumento al dolo y a la estafa erigido por el ex director del DAS Jorge Noguera, y el capo narco-paramilitar Jorge 40. En las 4 millones de firmas recogidas por los uribistas a favor del referendo con apoyo de dineros de DMG, están estampadas las firmas de un millón y medio de muertos. Eso es fraude y robo.
Fraude a la opinión es también la peregrina fábula de la derrota militar de la guerrilla, argumento falaz, pariente de los “falsos positivos”, utilizado en el fondo para justificar los terribles desafueros del Estado contra la población civil. Como siempre quisieron con Manuel Marulanda Vélez, han querido matar a las FARC con los fusiles del deseo y el ensordecedor tableteo de las rotativas. Ninguna guerrilla puede ser exterminada con disparos de tinta. No hay era del post-conflicto sino en el sueño delirante del guerrerismo sin futuro de un régimen en decadencia.
Desde las montañas de la resistencia, como lo hemos venido haciendo desde hace 45 años, convocamos a los colombianos a movilizarse resueltamente por la paz, la que nos negaron los santanderistas y el imperio washingtoniano cuando mataron a Bolívar y a la Colombia de la unidad de pueblos en 1830. El pasado cuenta en la construcción de la sociedad futura. Nadie nos puede desligar del destino señalado por el Libertador en los orígenes de la República. La incitación del senador Álvaro Gómez Hurtado a comienzos de la década del 60 a someter a sangre y fuego, lo que consideró “República Independiente de Marquetalia”, no ha sido suficiente para entender que los problemas nacionales no se solucionan a través de la violencia del Estado. Hay que construir una Nueva Colombia sobre el sólido cimiento de la paz concertada.

El Gran Acuerdo Nacional hacia la Paz debe tener como norte estratégico la formación de un nuevo gobierno que garantice al pueblo “la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de garantías sociales y la mayor suma de estabilidad política”, como lo exigía el Libertador. Un gobierno patriótico, democrático, bolivariano, hacia el socialismo, como lo consigna la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.
Como garantía de paz y de soberanía nacional debemos erigir unas nuevas Fuerzas Armadas compenetradas con la doctrina militar bolivariana que inculca el amor al pueblo y el odio a la tiranía. No debemos olvidar que el ejército patriota fue el creador de Colombia y la República en las fulgurantes victorias de Boyacá y de Carabobo, y que su comandante Bolívar lo definió como “defensor de la libertad”, agregando que “sus glorias deben confundirse con las de la república, y su ambición debe quedar satisfecha al hacer la felicidad de su país”. Así deben ser las nuevas Fuerzas Armadas y estamos seguros que muchos de los actuales oficiales sueñan con jugar ese papel.
Nos solidarizamos con la justa lucha de las familias de los soldados regulares que reclaman el derecho a no ser obligados a entrar en combate mortal con la guerrilla. La guerra que niega el gobierno para no reconocer el carácter político de la insurgencia que lucha por el poder, en el sólo mes de marzo produjo 297 militares muertos y 340 heridos. Llamamos a los soldados a no dejarse utilizar más como carne de cañón defendiendo unos intereses que no son los suyos sino los de una oligarquía podrida y criminal, insolidaria, que muy poco hace por ellos si caen prisioneros o resultan mutilados. Estamos seguros que sus familiares también quisieran gritarle al gobierno, con el profesor Moncayo, que sus hijos no fueron paridos para la guerra de la oligarquía.
Para lograr el propósito de Colombia Nueva es necesario reorganizar el Estado sobre la base de la soberanía del pueblo, tal como lo concibió el Libertador en Angostura. A las tres ramas del poder público debemos agregarles los poderes moral y electoral, instituyendo la revocatoria del mandato en todas las instancias de elección popular. No más copias de leyes extranjeras para resolver nuestros asuntos internos. No más sistema penal acusatorio. Requerimos un nuevo gobierno que castigue ejemplarmente la corrupción y cierre espacios a la impunidad; que proscriba la política neoliberal causante de nuestras desgracias económicas y sociales. El país y el gobierno que soñamos deben asegurar el control de las ramas estratégicas, estimular la producción en sus diversas modalidades, hacer respetar nuestra soberanía sobre los recursos naturales. Hacer realidad la educación gratuita en todos los niveles, llevar justicia al campo con una verdadera reforma agraria que genere empleo y soberanía alimentaria, y sembrar la infraestructura del progreso nacional. Los contratos con las trasnacionales que sean lesivos para Colombia deben ser revisados, así como los pactos militares, los tratados y convenios que mancillen nuestra soberanía, anulados. En este mismo sentido el país no tiene por qué pagar la deuda externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Solución no militar ni represiva al problema social de la narco producción. Nuestra política internacional debe reorientarse hacia la integración solidaria de los pueblos de Nuestra América en la Patria Grande bolivariana, y el Socialismo.
La etapa definitiva de la lucha por la paz ha comenzado. El pueblo colombiano no puede aflojar hasta no ver concretado este derecho.
¡Con Bolívar, con Manuel, con el pueblo, al poder! Manuel vive en la lucha del pueblo colombiano.
Hemos jurado vencer, y venceremos.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP Montañas de Colombia, mayo de 2009

RAUL, EL OSCURO OLVIDO NO SERA TU COMPAÑIA

22 de Mayo de 2009
RAUL, EL OSCURO OLVIDO NO SERA TU COMPAÑIA
Por: PASTOR ALAPE / MIEMBRO DEL ESTADO MAYOR FARC-EP

Aún vivo el dolor y contenida la rabia por el deber que nos obliga a la acción razonada, cerramos cualquier ranura al oscuro olvido, exaltando la vida honrada de combatiente revolucionario del comandante Raúl Reyes y al destacado contingente de mujeres y hombres que le acompañaban, caídos, vejadas y acribilladas con tiros de gracia el 1 de marzo de 2008, después del bombardeo aéreo del pentágono y de las fuerzas represivas del gobierno de Uribe Vélez, en la frontera con el Ecuador. A ellas y a todos que plenos de amor y valor consagraron su existencia al noble deber de combatir la injusticia, les colmamos de honores.
Raúl fue un destacado militante comunista bolivariano, líder de la clase obrera, que acompañó importantes jornadas de las luchas campesinas y estudiantiles en el sur del país.
Como obrero se entregó pleno de energías en la articulación del movimiento obrero y las luchas agrarias.
Sus andares se orientaron a nutrir la conciencia crítica y revolucionaria de mujeres y hombres, jóvenes, obreros, campesinos y estudiantes, para abordar los riesgos del combate hasta las últimas consecuencias, y sepultar las causas reales que originan la desigualdad.
Fue un marxista y bolivariano que refrendó, con su práctica diaria y sin poses, postulados morales y éticos asumiendo el "hermoso riesgo" con su piel a cielo abierto, fortificado en las razones que le brindó el barrio, el paramo, la selva o el llano.
Ante la persecución física del terrorismo oligárquico, descartó de tajo el aislamiento y la inactividad del exilio. Se elevó indeclinable al "escalón más alto de la especie humana" como afirmó el Che, y se tiró el fusil al hombro. Radiante de amor y de ternura se abrazó a la guerrillerada y a cada experiencia trajinada. Colectivizó sus energías, labró nuevas experiencias y ofreció su corazón al proyecto socialista.
Le conocí en enero de 1984, aportando sus trazos en la delineación del paisaje para la paz, en Casa Verde. La primera conversación estuvo centrada sobre la responsabilidad de los mandos para elevar los conocimientos políticos, militares y culturales ante la coyuntura política que se presentaba, ya que se iniciaba el proceso de diálogos por la paz con el gobierno de Belisario Betancur y la organización enfrentaba retos que requerían una dinámica de permanente iniciativa y compromiso en la ejecución de los lineamientos políticos y militares que nos permitiera nuclear todo el apoyo de la población hacia la paz verdadera; resaltó la responsabilidad política y moral que pesaba sobre quienes proveníamos de procesos juveniles de la acción política revolucionaria, para impulsar el movimiento; del respeto y el aprendizaje que se debía asimilar, en todas nuestras actividades, a quienes habían jalonado la construcción de la fuerza revolucionaria hasta ese momento. Recomendó lecturas de la experiencia de la guerra de los mil días en nuestra patria, de la revolución de octubre, de la cubana, nicaragüense y de la resistencia vietnamita, como recordando que, quien conoce la historia, le acompañan menos riesgos de cometer errores en el desenvolvimiento de esta.
Del año 1986 a 1990 el desarrollo de los planes me permitió compartir muchos espacios con el comandante Raúl. En ese periodo conocí su intensa actividad por informarse, por estudiar y analizar los diversos fenómenos que afectan a la sociedad colombiana y latinoamericana; su incesante preocupación por la educación colectiva, sus esfuerzos e iniciativas para la concreción de los planes, su compromiso con la práctica de la dirección colectiva y la democracia interna, por el ejercicio de la crítica y la autocritica como metodología colectiva de superar desaciertos y construir las pequeñas victorias que sumadas configuran la victoria estratégica. Su humanismo socialista acentuando preocupaciones en el hombre, en la mujer, en su condición humana y sus sueños, amores y familia. Su alegría por el acierto cotidiano. Su humor “opita” y también limitaciones y deficiencias, que como caminantes sociales nos acompañan, pero que nos obligamos superar a diario.
Fue un revolucionario integro, destacado combatiente por la paz verdadera: la de la equidad social, la del fin de la marginalidad, la de la distribución justa de la riqueza, la que garantiza el ejercicio pleno de los derechos sociales y políticos. Un devoto luchador por la justicia y militante sostenido de la solidaridad y la hermandad de los pueblos del mundo.
Llevó el abrazo Fariano, combativo y radiante de abnegación, entusiasmo, fraternidad, respeto, lealtad, solidaridad y ternura a los pueblos del mundo, a través de los líderes de cada una de las fuerzas democráticas y revolucionarias con quien hemos fraternizado.
Antes de su caída, por el bombardeo imperial, todas sus energías estaban dirigidas a buscar voluntades y compromisos para desatar el ovillo que posibilitara sacar a la nación del laberinto de la violencia, por un acuerdo para disminuir los efectos del conflicto sobre la población civil y resolver el problema de los prisioneros de ambas partes. Pero el imperialismo y el actual gobierno terrorista y narco-autoritario, asesinaron su palabra que esperanzaba la paz, sepultando así, cualquier posibilidad de acuerdo humanitario con el actual gobierno.
El régimen narco-autoritario de la “seguridad democrática” se acobarda ante escenarios que posibiliten profundizar en las causas que originan y alimentan el conflicto, porque los vínculos que todo el país conoce, de Uribe Vélez con el terror y las mafias de narcotraficantes, quedará al desnudo y ante el juicio que las miles de víctimas reclaman. En un escenario hacia la verdadera paz, no puede manipular a periodistas, ni opiniones, ni a jueces y magistrados; ni amenazar, calumniar y asesinar a sus opositores, para ocultar su expediente criminal.
Para mantenerse a flote, el narco-autoritarismo Uribista necesita embelesar a la nación con falacias como la derrota de las FARC-EP, el fin del conflicto, o estupideces como la de que estamos en el pos-conflicto. Por eso se esmera en beneficiar, sobre las penalidades de la inmensa mayoría de colombianos, con los proyectos de acumulación capitalista representados en mega proyectos mineros, energéticos, de agro-combustibles y de infraestructura, a multinacionales, a grandes capitalistas y narco-latifundistas a quienes representa en el gobierno.
El déspota publicita el argumento, producto de su fantasioso deseo y el de la clase que representa, de que la muerte de los comandantes Raúl Reyes, Iván Ríos y de nuestro comandante en jefe Manuel Marulanda Vélez, sepultaría el proyecto de la revolución. Qué lejos están los deseos de los sectores más reaccionarios de la oligarquía colombiana y el imperialismo, de la realidad que vive nuestra patria; la fortaleza de la resistencia armada, nutrida con el apoyo popular, se mantiene vigente, fortalecida y organizada. Junto al movimiento popular, enfrentamos exitosamente el terrorismo estatal mejor financiado por el imperialismo en toda la historia de nuestro continente.
El comandante Raúl, que aún en restos mortales causa miedo a la mezquina oligarquía, hasta la infamia de ocultar su tumba, camina en los pasos de cada combatiente Fariano, sus palabras en cada palabra disparada contra la opresión, en cada argumento por la soberanía. Su sensibilidad en cada expresión de arte y de ternura, en cada caricia de amor y compromiso, en cada abrazo alentando lealtades, en cada encuentro militante de las células del partido, en cada entrega de heroísmo miliciano, en cada oración de las comunidades cristianas y en cada lucha de nuestro pueblo, porque Raúl personificó el anhelo de justicia de todos los pobre de Colombia y estará vivo en el corazón del pueblo y taladrando hasta el insomnio el confort de la oligarquía y el imperialismo.
Raúl, el yerto olvido jamás visitará tu tumba.
Pastor Alape.
Marzo 1 de 2009.

Viaje a los hornos crematorios que construyeron los paramilitares en Norte de Santander


23-05-2009

Viaje a los hornos crematorios que construyeron los paramilitares en Norte de Santander

Cambio


En la vereda Juan Frío de Villa del Rosario en Norte de Santander, un sitio conocido como "trapiche viejo" inspira temor y respeto. Los que pasan por ahí instintivamente se echan la bendición y aceleran el paso. Y es que allí, cerca de un trapiche abandonado hoy cubierto por la maleza, los paramilitares construyeron en 2001 un horno crematorio que funcionó hasta 2003 y en el que incineraron los cadáveres de más de 200 víctimas.
No hay rastros de cenizas o carbón, y pocos se atreven a hablar en voz alta sobre lo que allí pasó o a visitar el horno que, según cuentan, Rafael Mejía, 'Hernán', entonces jefe paramilitar de Villa del Rosario, construyó a comienzos de 2001. Una casa abandonada y los restos de un trapiche en el que hay cruces pintadas dan testimonio de que allí la muerte estuvo presente. Como hoy está presente el miedo porque en la zona rondan las llamadas Águilas Negras.
Todo comenzó un miércoles de marzo de 2001. Unos paramilitares llegaron en una camioneta Blazer blanca en la que llevaban a varias personas amarradas. "Eran como las 11 de la mañana y hacía mucho calor -relata un testigo-. No recuerdo cuántos eran, cuatro o cinco, pero los tuvieron rato junto al trapiche viejo. Suponía que les iba a pasar algo pero cuando uno vive en zona de guerreros 'come callado' o si no termina igual".
Horas después, cerca de las 6:00 p.m., el testigo pudo comprobar que las personas fueron asesinadas: junto al trapiche donde habían construido el horno, yacían los cuerpos y allí permanecieron varios días. "Uno pasaba con la cabeza agachada, olía a diablos, nadie los recogía porque la orden era que el que lo hiciera moría, solo podían acercarse los gallinazos -relata-. Dejaron secar los cadáveres al sol y cuando ya estaban casi solo los huesos, los pusieron en la parrilla del horno... No sabría decir a qué olía".
La camioneta Blazer se volvió familiar en la zona. Llegaba con frecuencia después de hacer recorridos por Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia, Villa del Rosario y Los Patios. "Mataban gente, la enterraban en fosas y a los seis meses la desenterraban y de una iba para la candela -cuenta una mujer-. Otras veces abrían los cadáveres, sacaban lo que tenían adentro y cuando estaban secos los picaban y bien picados iban al horno. Con decirle que a esto por acá le decían el matadero". Nadie abría la boca, nadie decía nada. Imperaba la ley del silencio. Y del terror.
Confesión de parte
La incineración de cadáveres para no dejar rastro que recuerda el Holocausto durante la II Guerra Mundial, fue práctica de guerra en Perú en los ochenta y en las dictaduras de Argentina y Uruguay, y ahora viene a descubrirse que también lo hicieron los paramilitares en Colombia. Sobre ese tenebroso método de desaparición dieron cuenta el año pasado Iván Laverde, 'el Iguano', y Rafael Mejía, 'Hernán', ante fiscales de Justicia y Paz. Ambas versiones fueron confirmadas por Salvatore Mancuso el pasado 30 de abril.
'El Iguano', ex comandante del bloque Fronteras, contó que los mandos medios de las Auc tuvieron que acudir en 2001 a la incineración para "desaparecer los cadáveres de los asesinados", porque Carlos Castaño y Mancuso ordenaron no dejar rastro de los cuerpos. Dijo que la idea fue suya y que construyó uno en Puerto Santander. 'Hernán' hizo lo mismo en Villa del Rosario. "Había varios hombres encargados de prender los hornos, otros metían los cuerpos y estaban siempre vigilando -relató ante Justicia y Paz-. Cada vez que había una cremación inmediatamente se lavaba el horno para que no quedara huella". También reveló que los cuerpos que no eran cremados en el horno o quemados en hogueras improvisadas con llantas, los tiraban a los ríos Táchira, Zulia y Catatumbo. Y dijo que como no bastaba con desaparecer los cadáveres, había que hacerlo con las cenizas y que éstas iban a una quebrada que conectaba con el río Táchira. Según él, mientras estuvo al frente de esa tenebrosa tarea en 2001, las víctimas fueron casi 100.
Al año siguiente la situación se desbordó porque los paramilitares de la región no solo llevaban muertos sino también personas vivas. "Inicialmente, fueron incineradas allí unas 28 personas para borrar evidencia, y unas 30 o 35 más, que yo recuerde, también terminaron allí -contó 'el Iguano'-. La mayoría de los comandantes de muchos barrios de Cúcuta capturaban a una persona y la subían o citaban para darle muerte y la metían ahí". El cálculo de las autoridades es que en el horno de Juan Frío desaparecieron a cerca de 200 cadáveres.
Pero hubo más hornos. A cuatro horas de Villa del Rosario y a hora y media de Cúcuta, en Banco Arena, un corregimiento de Puerto Santander, 'el Iguano' se apoderó de un terreno en el que había una fosa donde los paramilitares enterraban a sus víctimas, y lo convirtió en una finca para camuflar el horror. Mandó desenterrar 20 cadáveres y ordenó quemarlos para borrar toda evidencia en un horno que mandó construir en una finca conocida como Pacolandia. "Yo ordené a Jorge Cadena que sacara esos cuerpos de allá e igualmente que fabricara una especie de horno y los incinerara -contó el ex jefe paramilitar-. Hizo un hueco, lo llenó con llantas y madera, echó los cuerpos en unas bolsas y los incineró".
Dice que no hubo más incinerados y que el resto de las personas asesinadas en la región fueron arrojadas al río. "Fueron unas 18 personas aproximadamente, que yo recuerde", le dijo 'el Iguano' al fiscal. Pero hay versiones en el sentido de que los desaparecidos son muchos más. "En Pacolandia espantan vivos y muertos, y por eso uno se despierta en la noche y siente como lamentos de toda esa gente que desapareció allá", cuenta un campesino de la región.
Flaca memoria
Establecer las identidades de los incinerados no será fácil para las autoridades teniendo en cuenta que 800 familiares de desaparecidos esperan saber qué pasó con los suyos en Norte de Santander. Hasta el momento, 'Hernán' solo ha revelado el nombre de dos víctimas: José Agustín Amaya Muñoz y Luis Eduardo Correa Vega, desaparecidos en 2001 y 2003, respectivamente, en Juan Frío. Y recuerda vagamente que también fueron incinerados los cadáveres de un joven de 14 años, acusado por sus hombres de extorsionar a una profesora de Villa del Rosario, y de un celador de Cúcuta. Por su parte, 'el Iguano' dice que no recuerda nombres.
Luis González, director de la Unidad de Justicia y Paz, dice que la Fiscalía estudia cómo depurar la lista de desaparecidos en los hornos y que luego buscarán los mecanismos de reparación. "Buscaremos asesoría internacional sobre cómo ayudar a las familias de víctimas y hacer entregas simbólicas de los restos", asegura González.
Mientras tanto, familiares de las víctimas hacen hasta lo imposible para encontrar los restos de sus desaparecidos. María del Carmen Torres, madre de Sergio López (tenía 18 años cuando desapareció en la terminal de transportes de Cúcuta el 10 de marzo de 2002) está convencida de que su hijo fue incinerado en un horno de Villa del Rosario y quiere recuperar las cenizas. "Sé que no está en fosas y que tampoco lo tiraron al río, quedó en el horno y lo quiero recuperar -dice con dolor-. En la funeraria me dijeron que las cenizas de una persona caben en una caja de zapatos y si es eso lo que puedo recuperar pues al menos que me dejen hacerlo". Enferma de cáncer, pide a los victimarios que tengan piedad. "Me pusieron un psicólogo porque me corté las venas cuando me mataron a Deiby, mi otro hijo de 17 años, en marzo de este año".
Yolanda Ocampo vive un calvario similar. Su esposo Orlando Sánchez de-sapareció el 22 de mayo de 2002. "Salió de la casa para Puerto Santander a un trabajo con un ganadero y hasta la fecha no he sabido nada -cuenta-. Dicen que lo mataron y lo tiraron al río o que lo quemaron en Banco Arena y no encuentran cuerpo ni nada". Yolanda señala a 'el Iguano' como el responsable. "No he podido ir donde él pero si al menos me dice que no busque más, yo descanso un poco -asegura-. Pero si está en una fosa, necesito los huesos para darle santa sepultura".
Y es que sepultar a los muertos, saber dónde están los restos, ayuda a que los familiares pueden completar el duelo. "El daño para las víctimas es mucho mayor al no tener un cuerpo para llorar -explica la psicóloga Milena Corzo, de la Fundación Progresar-. Saber que el cuerpo estará desaparecido para siempre es un doble duelo".
Los escalofriantes testimonios obtenidos por CAMBIO son una prueba más de las dimensiones del fenómeno paramilitar en Norte de Santander. Un fenómeno de profundas secuelas que aún están por conocerse. Un fenómeno que aún no ha desaparecido porque las historias siguen repitiéndose.
LA HISTORIA SE REPITE
En Tibú, Diego González cuenta que en 2000 los paramilitares le desaparecieron a su hijo Luis Ángel, un joven que entonces tenía 17 años. "Lo último que supe fue que se lo llevaron a Banco Arena y quiera Dios que no haya terminado en el río, en el horno de 'el Iguano' o que me lo hayan matado con 'el alacrán' (motosierra)".
Hace un mes, el 23 de abril, las Águilas Negras desaparecieron a otros de sus hijos, Pablo Emiro, de 24 años, que vivía de la venta informal de gasolina. Pasadas las 2:00 p.m., el joven, que días antes se había negado a pagar una extorsión, tomó un taxi colectivo rumbo a Cúcuta y unos hombres le hicieron la señal de pare. Según los pasajeros, obligaron a Pablo a bajarse y le ordenaron al conductor que siguiera sin él. Al parecer, terminó en Puerto Santander, donde está una de las bases de las Águilas Negras, grupo que suplantó a las Auc tras su desmovilización.
Con la desaparición del joven llegan a 40 los casos ocurridos este año en Tibú, la mayoría atribuidos a paramilitares. Impulsado por el padre, el pueblo marchó para exigir a las Águilas Negras que digan qué hicieron con Pablo Emiro. "No quiero que la historia se repita", dice el padre.
http://www.cambio.com.co/informeespecialcambio/829/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5235387.html

Procesan por asesinatos de sindicalistas y defensores de derechos humanos al jefe de la inteligencia colombiana


15-05-2009

Procesan por asesinato de sindicalitas y defensores de derechos humanos al jefe de la inteligencia colombiana

Corporac ión Colectiuvo de Abogados

Jorge Noguera, el ex director del DAS y mano derecha del Presidente, ha sido llamado a juicio por los homicidios de sindicalistas, defensores de derechos humanos, y políticos que denunciaron el pacto entre el paramilitarismo y la clase política colombiana.


La impunidad se ha empezado a romper, ahora resta esperar que el juicio que aguarda a Jorge Aurelio Noguera Cotes, ex director del DAS [
1], se rodee de las garantías propias de un debido proceso, y el respeto a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
El Fiscal General De La Nación Dr. Mario Iguarán Arana acaba de reconocer la responsabilidad penal de Noguera en los homicidios de sindicalistas, defensores de derechos humanos, y políticos que denunciaron el pacto entre el paramilitarismo y la clase política colombiana; así como que el DAS durante su administración, fue puesto al servicio del paramilitarismo en Colombia, tal como había sido expresamente solicitado por los representantes de la Parte Civil, abogados de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.
Lamentablemente, el representante de la Procuraduría General de la Nación pidió la preclusión de la investigación en relación con los homicidios, esto es, no examinó la abundante prueba de cargo existente en contra de Noguera, en relación con su responsabilidad por los homicidios de sindicalistas, defensores de derechos humanos y políticos, que denunciaron el pacto entre el paramilitarismo y la clase política colombiana.
Por tanto, Noguera Cotes, deberá responder por los cargos de Concierto para delinquir Agravado en cuanto fomentó, promovió, financió y desarrolló actividades conjuntas con el paramilitarismo; de Homicidio Agravado en las personas del defensor de derechos humanos Alfredo Correa D’Andreis, los sindicalistas Zully Esther Condina y Adán Pacheco, así como del político y sociólogo Fernando Pisciotti Van Strahlen, en cuanto estas personas fueron asesinadas en razón a su labor de denuncia sobre la asociación del paramilitarismo con diversos sectores del Estado colombiano. Así mismo se lo acusó de los punibles de Utilización de asunto sometido a reserva, al suministrar información de inteligencia al paramilitarismo, de Destrucción, Supresión u Ocultamiento de Documento Público, al borrar antecedentes y otras informaciones en relación con paramilitares “y” narcotraficantes; de Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en la medida que hizo múltiples despidos de funcionarios del DAS que desarrollaban actividades de persecución al paramilitarismo; así como Concusión y Cohecho Propio, en la medida que recibió y cobró porcentajes en relación con sumas de dinero que eran remitidas al paramilitarismo, ilícitas comisiones que se cobraban de la contratación del DAS.
Jorge Noguera Cotes fue director del DAS entre septiembre de 2002 y octubre de 2005, luego fue nombrado cónsul en Milán, tras lo cual tuvo que regresar al país para ser procesado por graves crímenes. Así, fue detenido inicialmente el 22 de febrero de 2007, pero recuperó su libertad mediante un Habeas Corpus otorgado por el Consejo Superior de la Judicatura el 23 de marzo de 2007. Por segunda vez Noguera fue capturado el 6 de julio de 2007 y llamado a juicio el 1 de febrero de 2008 por los delitos de Concierto Para Delinquir Agravado [
2], así como Utilización de Asunto Sometido a Secreto o Reserva y Abuso de Autoridad por Acto Arbitrario e Injusto Homogéneo, al tiempo que se continuó con la investigación por los Homicidios. Pero en la etapa de juicio, la Sala Penal de la Corte Suprema el 12 de junio de 2008 consideró que la actuación procesal era nula en la medida que el Fiscal General De La Nación Mario Iguarán no la adelantó directamente y por tanto ordenó nuevamente su libertad inmediata. Posteriormente, el Fiscal General acatando la decisión de la Corte Suprema, reanuda el proceso contra Noguera Cotes, lo llama a indagatoria, practica decenas de pruebas que siguen demostrando su responsabilidad penal, por lo que le impone medida de aseguramiento, siendo nuevamente detenido el 12 de diciembre de 2008, momento desde el cual está privado de la libertad en la Penitenciaría Central de Colombia “La Picota” en Bogotá. Y finalmente, ante la evidencia irrefutable de su intervención en los homicidios reseñados, profiere resolución de acusación en su contra en decisión fechada el 6 de mayo de 2009, al encontrarlo coautor de las conductas endilgadas.
Está probado que en el DAS, desde su nivel central, con la llegada de Jorge Aurelio Noguera Cotes, se conformó una estructura criminal asentada sobre el aparato legal y que a través de la utilización de los privilegios que entregaba lo público, prestaba la contribución necesaria para el desarrollo paramilitar, tanto en lo desplegado a título de “guerra contrainsurgente” que en realidad ha sido persecución de la población civil, como en relación con la toma definitiva del poder, en virtud de los derroteros que se han evidenciado con el denominado “Pacto de Ralito” [
3].
Está probado que Jorge Noguera ubicó en cargos claves al interior de la estructura del DAS a personas funcionales para sus crímenes, miembros del Aparato Organizado de Poder, en buena parte controlado por él como Director del DAS. Así, incluía quienes, entre otros, ayudaron al financiamiento paramilitar, pues según lo probado, Noguera había comprometido con el bloque norte paramilitar, una comisión entre el 5% y el 10% de toda la contratación del DAS.
A la fecha, los más representativos miembros de este aparato criminal, se encuentran detenidos, acusados del punible de concierto para delinquir agravado; mientras que otros, como el paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, han sido extraditados. Al tiempo, la Fiscalía ha determinado compulsar las copias respectivas para que sean investigados penalmente algunos de los que permanecen en la impunidad.
Está probado que Jorge Noguera hace parte de ese grupo de políticos y personajes de la vida pública que han tenido vínculos con paramilitares, y se suma a una larga lista de congresistas y ex congresistas oriundos del Departamento del Magdalena, que se convierte así, en uno de los departamentos más afectados por las relaciones entre políticos y el paramilitarismo [
4]. Así, se ha corroborado la responsabilidad penal de Noguera Cotes a través de innumerables testigos además de Rafael García, que prueban sus conductas criminales, pruebas testimoniales que se suman a múltiples documentos, informes y dictámenes que en más de 50 mil folios permiten concluir con certeza la responsabilidad de Noguera en los crímenes por los cuales se investiga.
Está probado que durante los últimos 10 años más del 60% de los sindicalistas asesinados en todo el mundo son colombianos, que existe una gran violencia antisindical que se suma a la de defensores de derechos humanos. Varios funcionarios del DAS reconocen que sindicalistas y defensores de derechos humanos, fueron objeto de “labores de inteligencia” para incluir esa información en sus bases de datos y de allí, fueron puestos en listas que Noguera entregó a los paramilitares y luego efectivamente fueron objeto de amenazas, desplazamientos, asesinatos y desapariciones forzadas. Así, el DAS entregó a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, los listados donde figuraban, entre otros, los nombres del profesor, miembro del sindicato de profesores, ASPU, y líder social Alfredo Correa D’Andreis; la periodista y dirigente sindical del sector salud Zully Codina y el político liberal y sociólogo Fernando Pisciotti Van Strahlen, quienes a la postre resultaron asesinados por el bloque norte, como lo reconoció el paramilitar Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, personas que fueron objeto de seguimientos de años, así como de informes de inteligencia sobre su vida personal y su actividad socio-laboral. En estos informes que fueron hallados en el DAS, aparecen también mencionados los sindicatos de ANTHOC, la CUT Bolívar, la USO y otras organizaciones locales, actividad que es la fase inicial de la guerra sucia. En suma, los activistas Alfredo Correa D’Andreis, Zully Codina, Adán Pacheco y el político Fernando Pisciotti, fueron víctimas de políticas contrainsurgentes fundadas en las nociones de “enemigo interno” y “guerra política” sobre organizaciones sociales y sindicales, que se ejecutaron a través del aparato organizado de poder sobre el que tenía control directo Jorge Noguera Cotes y en relación con un plan de exterminio contra sindicalistas, y líderes de oposición ejecutado por los grupos paramilitares, con los miembros de su estructura dentro del DAS.
Está probado que el DAS realizó informes falsos de inteligencia y manipuló reinsertados que en verdad eran paramilitares o testigos falsos y con ellos judicializaron al Profesor Correa D’Andreis, miembro del sindicato de profesores, ASPU, y que ante el fracaso de este montaje obtuvo su libertad, por tanto con esos mismos informes de inteligencia Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio procedieron a asesinar a esta persona, situación que fue similar con otros líderes sindicales como el caso de Adán Pacheco.
Existiendo un expediente con más de 50 mil folios con muchas, graves y contundentes pruebas de cargo, que no se limitan al testimonio de Rafael García Torres, es necesario que la Corte Suprema de Justicia esté rodeada de las garantías que necesita para que pueda aplicar justicia, toda vez que Noguera Cotes puso el DAS al servicio del paramilitarismo, financiándolo, suministrándole información, borrando antecedentes, órdenes de captura y solicitudes de extradición a sus miembros, así como coadyuvando a la realización de homicidios contra quienes eran concebidos como opositores, acciones toda estas que se cometieron por Noguera, en virtud de su pertenencia al paramilitarismo y aprovechando su calidad de Director del DAS.
El asesinato de sindicalistas en Colombia, según la OIT, tiene la tasa más alta del mundo, por tanto el llamado a Jorge Noguera para que responda en juicio por los graves y dolorosos crímenes que cometió, como uno de los máximos responsables de estos crímenes, es sólo un primer paso para romper la impunidad.
Es fundamental que se siga avanzando en la determinación de responsabilidad penal de los demás miembros del aparato organizado de poder DAS–paramilitarismo. Asimismo, es importante que las víctimas puedan participar activamente en el juicio y que ello no perjudique su posibilidad de intervenir como testigos en el mismo. Por último, es relevante que la posición de la Fiscalía en el juicio, siga siendo congruente con la asumida en la resolución de acusación, porque ella es lógica, legítima y justa, en relación con lo probado en el proceso.
Aún nos aguarda una decisión histórica definitiva que permita mostrar si existe o no en Colombia, la posibilidad de avanzar en superar la impunidad, y de juzgar a nivel nacional a los máximos responsables de los graves crímenes cometidos contra sindicalistas en Colombia y de esta forma dignificar las víctimas y a la sociedad Colombiana.

llamado de solidaridad
Notas
[
1] El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) depende directamente de la presidencia de la República. Es la principal agencia de inteligencia de Colombia y también tiene funciones de policía judicial. Dentro de sus actividades se encuentra la de “protección” de altos servidores públicos y de otras personas bajo amenaza, como por ejemplo sindicalistas, lideres de comunidades indígenas y afrocolombianas, defensores de derechos humanos, periodistas, personas de la oposición política, entre otros.
[
2] El delito de concierto para delinquir agravado ha sido el delito que cobija al paramilitarismo desde la reforma del código penal del año 2000 que eliminó los tipos penales que hacían referencia expresa al término “paramilitarismo”.
[
3] El ‘Pacto de Ralito’ fue la primera prueba documental conocida de las alianzas formales entre la clase política colombiana con el paramilitarismo. Este en particular recogió los compromisos asumidos en una reunión del 23 de julio de 2001, que fue convocada por los jefes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Edward Cobo Téllez, alias Diego Vecino, y donde 29 políticos de la costa Atlántica afirmaban su intención de ‘refundar nuestra patria’ y hacer ‘un nuevo contrato social’.
[
4] Así, según el seguimiento que viene realizando el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, 14 congresistas y ex congresistas han sido implicados, lo cual ha significado la totalidad de los representantes elegidos para el periodo de 2006 a 2010. De estos 14 congresistas y ex congresistas, 9 se encuentran detenidos actualmente, 4 aceptaron su responsabilidad por los cargos imputados y se sometieron a sentencia anticipada, y 2 han sido condenados por sus relaciones con estructuras paramilitares. Se resaltan los casos del ex alcalde de Santa Marta José Francisco Zúñiga Riascos, quien fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al sufragante, y el ex gobernador de Magdalena Trino Luna Correa, quien fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado por sus relaciones con los jefes paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Hernan Giraldo Serna.
http://www.colectivodeabogados.org/spip.php?article1597

El Parlamento Europeo se opone al TLC con Colombia por las violaciones de los derechos humanos


06-05-2009

El Parlamento Europeo se opone al TLC con Colombia por las violaciones de los derechos humanos

Rebelión


La audiencia fue convocada el día 29 de abril por el Presidente de la Comisión de Comercio Internacional de la eurocámara, Helmut Markov, junto con el Presidente de la Delegación para la relaciones con los países andinos Alain Lipietz y la Vice-Presidente de dicha Delegación, Gabriela Cretu.El Senador colombiano Jorge Enrique Robledo, así como otros testigos colombianos e internacionales de la sociedad civil y del sector sindical llamaron la atención del Parlamento Europeo sobre las graves consecuencias de aprobar un tratado de libre comercio (TLC) con Colombia. La audiencia, que se desarrolló durante 2 horas y medio ante un público nutrido, contaba con el apoyo de las organizaciones europeas e internacionales FIDH, ALOP, Grupo Sur, Amigos de la Tierra, OIDHACO, Red UE-CAN, Coordinación Belga por Colombia, Justice for Colombia, Transnational Institute.El eurodiputado Helmuth Markov, presidente de la Comisión de Comercio internacional, fue categórico en señalar que "ese acuerdo no se ajusta a los valores de la UE". Criticó que la Comisión Europea tenga como principal objetivo de "abrir mercado", en detrimento de la situación de pobreza y de derechos humanos en Colombia". En ese mismo sentido se pronunció la diputada europea Gabriela Cretu, al afirmar que muchos ciudadanos europeos no aceptaban de cerrar los ojos frente a situaciones tan graves como la Colombiana, sólo para el beneficio de algunos. "Lo mejor que la UE puede exporta son sus valores básicos, y en primer lugar los derechos humanos" enunció, antes de concluir "el Parlamento Europeo tiene un compromiso con los valores de la UE".
"No se puede hacer comercio con los derechos humanos" advirtió por su parte el diputado europeo Richard Howitt. Pidió que la Comisión Europea abra una investigación para constatar las graves denuncias existentes en Colombia. "No puede dejar todo en mano de la OIT y de Naciones Unidas, agregó, y lavarse las manos de lo que pasa en Colombia".
En cuanto al presidente de la Delegación de la eurocámara para los países andinos, Alain Lipietz, lamentó la actual inversión de situaciones, entre la UE y los EEUU en la negociación comercial con Colombia. Con la forma actual de negociación, la Comisión Europea "está acabando con el prestigio internacional de la UE en el tema de derechos humanos". "Si no hay un giro, la UE será el "Bush" de los años 2010" concluyó.El Senador Robledo recordó que si el TLC con EEUU se encontraba paralizado en ese país no era propiamente por razones económicas sino porque el partido demócrata consideraba que el gobierno de Uribe no pasaba un examen de derechos humanos. Además "no hay negociación", agregó, hablando del TLC con la UE, "lo que hay son unas potencias que definen las condiciones para sus empresas, y ésas deben ser aceptadas por Colombia". Criticó que en 19 años de apertura económica de su país, el resultado había sido la desindustrialización, la pérdida de soberanía alimentaria, la disminución de salarios y de condiciones laborales para los trabajadores. "Sería grave que, con la firma de un TLC, la UE absuelva el gobierno de Uribe en el tema de derechos humanos" concluyó.El presidente de la CUT Tarcisio Mora denunció "la política de exterminio contra el movimiento sindical" que opera en Colombia, recordando que en promedio en los últimos 23 años, cada 3 días se ha asesinado un sindicalista en este país. Recordó que por esta persecución, la CUT, que fue creada con 1,4 millones de afiliados, hoy sólo cuenta con 420.000 miembro, que cumplen su labor sindical en medio del terror. "En Colombia es más fácil crear un grupo paramilitar, con personería jurídica, que un sindicato" manifestó el dirigente sindical al refirirse a las 515 solicitudes de registro de nuevos sindicatos negadas por el actual gobierno. Terminó dirigiendo un SOS a los sindicatos europeos, para que ayuden a proteger al movimiento sindical colombiano oponiéndose al TLC. Delegados de sindicatos de EEUU y Gran Bretaña hicieron eco a este llamado. "La UE debería estar del lado de la decencia y de la justicia" precisó Simon Dubbins, del sindicato inglés Unite y directivo de la Confederación Europea de Sindicatos. Anunció una campaña del movimiento sindical europeo para oponerse a un TLC con Colombia. A su vez, el director de derechos humanos de la Confederación Internacional de Sindicatos, con sede en Bruselas, Steve Benedict, presentó un cuadro abrumador de la situación de los sindicalistas en Colombia, afirmando que "en Colombia, no sólo están matando a líderes sindicales sino a sindicatos". Comparó el caso colombiano a Birmania, señalando que desde hace varios años Colombia supera todos los récord en la OIT.El delegado indígena Javier Sánchez, del pueblo Sicuani en el departamento del Vichada, denunció los ataques crecientes a los pueblos indígenas en Colombia. Informó que en los 3 primeros meses de 2009, 50 indígenas habían sido asesinados y 3000 de ellos desplazados. "Entre 2002 y 2008, 1253 indígenas han sido asesinados en Colombia" agregó, deplorando la imposibilidad de dialogar con las autoridades, pese a muchos esfuerzos. Ilustró los efectos perversos del libre comercio para los pueblos indígenas, diciendo que mientras 500.000 indígenas vivían sin garantías en cuanto a la tenencia de su territorio, el gobierno colombiano estaba entregando 6 millones de hectáreas a grandes empresarios para cultivos de agro combustibles. Marc Maes de la plataforma de ONG flamencas 11.11.11 explicó que si la UE quería incidir en la situación de derechos humanos de Colombia, un TLC constituiría un escenario mucho más difícil que el régimen actual de preferencias arancelarias. Así mismo, criticó la falta de transparencia de las negociaciones en curso y el retroceso democrático que implicaría un TLC para Colombia, en la medida en que muchos campos de regulación interna quedaría subordinados a las cláusulas del tratado, como en el caso de las políticas ambientales y sociales.

Casi dos mil jovenes, ejecutados tras ser acusados de guerrilleros


17-05-2009

Casi dos mil jóvenes, ejecutados tras ser acusados de guerrilleros
El fiscal colombiano considera que los militares asesinos también han incurrido en "tráfico humano"

Dpa


La Fiscalía de Colombia afirmó hoy que militares que están bajo investigación por ejecuciones extrajudiciales también han incurrido en el delito detráfico humano, al organizarse para buscar a jóvenes que luego mataron y mostraron como guerrilleros abatidos en combate.
La afirmación fue hecha en el contexto de una audiencia que se cumple desde este jueves casi de forma ininterrumpida en Soacha, población próxima a Bogotá, en la cual se presentan cargos contra militares investigados por un caso que estremece al país desde 2008.
El fiscal Alberto Vargas dijo que varios militares pagaron el equivalente a 88 dólares por un joven al que luego mostraron como guerrillero muerto en combate.
Vargas obtuvo el testimonio de un hombre que fungió de reclutador de jóvenes de origen humilde de Soacha, quien ofrecía falsos trabajos a desempleados para llevarlos a una zona del noreste del país donde los entregaba a militares para que éstos los mataran y los hicieran pasar por guerrilleros.
La declaración del reclutador Alexander Carretero fue citada por Vargas en la audiencia contra seis de casi 50 militares que están siendo investigados por ejecuciones extrajudiciales.
Estos casos, llamados por la prensa colombiana falsos positivos, han sido denunciados desde hace años en el país, pero empezaron a llamar la atención desde septiembre del año pasado, cuando se descubrió que cerca de 20 jóvenes que habían desaparecido a comienzos de 2008 en Soacha estaban sepultados cerca de la frontera con Venezuela.
El ejército aseguró que se trataba de guerrilleros abatidos en combate, pero el proceso judicial comenzó luego de que los familiares de los jóvenes aseguraran que éstos no pertenecían a grupo armado y que desaparecieron después de que una persona les ofreciera trabajo en otro lugar del país.
Las investigaciones de la fiscalía han apuntado desde entonces a la existencia de una red dedicada a reclutar a gente de origen humilde para entregarlos a militares que los ejecutaban para ganar reconocimiento de sus superiores o premios, como días de descanso.
A solicitud del fiscal, un juez de garantías de Soacha ratificó una orden de detención contra seis de los militares bajo cargos de colusión para delinquir, homicidio, desaparición forzada y falsedad.
Durante la primera jornada de la audiencia se trató el caso de Fair Leonardo Porras, un joven analfabeto y con problemas de sicomotricidad, derivados de una meningitis que lo afectó de niño.
El fiscal Vargas dijo que Carretero confesó que reclutó a los jóvenes y los entregó a miembros de un batallón destacado en el departamento Norte de Santander.
Porras fue hallado muerto con una pistola en la mano derecha, tras un supuesto enfrentamiento con militares. En el proceso se documentó que el joven era zurdo.
Vargas dijo que el caso de Porras no es el único y que se considera que los militares forman parte de una organización dedicada al tráfico de seres humanos.
Según el senador opositor Juan Manuel Galán, que ha promovido en el Congreso varios debates sobre los falsos positivos, los casos de ejecuciones de ese tipo pueden sumar entre mil 500 y 2 mil en la última década.
El presidente Álvaro Uribe defiende la idea de que el Estado debe defender a los militares y policías que son llevados a los tribunales para contrarrestar la acción de organizaciones no gubernamentales del exterior, que según el mandatario pagan a abogados colombianos para que haganfalsas acusaciones de violaciones de los derechos humanos en el país.


http://www.jornada.unam.mx/2009/05/16/index.php?section=mundo&article=021n2mun

Abogados ingleses denuncian el asesinato impune de mas de 400 juristas desde 1991


09-05-2009

Abogados ingleses denuncian el asesinato impune de más de 400 juristas desde 1991

Efe / El Espectador


Más de 400 abogados han sido asesinados en Colombia desde 1991, en unos crímenes que han quedado impunes, según denuncia la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales en un informe elaborado tras visitar el país sudamericano en 2008.
El informe, difundido y realizado por la "Caravana Internacional de Juristas", documenta amenazas, asaltos, asesinatos y desapariciones de defensores de los derechos humanos y la omisión de las autoridades colombianas de investigar estos crímenes.
En agosto del año pasado, 42 abogados del Reino Unido y una treintena de juristas de otros países, participaron en una investigación en Colombia sobre la situación de los abogados en ese país, especialmente de los que trabajan en el área de derechos humanos.
Según explicó la Sociedad de Abogados británica en un comunicado, el objetivo fue hacer las funciones de "escudo humano" a los abogados en riesgo, protestar contra las autoridades e investigar qué se puede hacer para apoyar y proteger a los abogados de derechos humanos en el futuro.
La delegación se reunió con abogados de derechos humanos y grupos de víctimas así como con jueces, policías y fiscales, empleados de la embajada del Reino Unido, y funcionarios públicos.
Sara Chandler, de la Sociedad de Abogados, destaca en el comunicado que "el coraje de los abogados colombianos ha dejado una profunda impresión en todos nosotros"."Escuchamos terribles y detallados recuentos de testigos oculares del acoso y ataques sufridos. Durante nuestra visita, un abogado fue asesinado en una de las regiones que estábamos investigando", dice.
Chandler denuncia que "los abogados que conocimos durante nuestra visita continúan sufriendo acoso y recibiendo amenazas de muerte" y que las oficinas de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores Eduardo Umaña Mendoza (ACADEUM), donde se reunieron con sus colegas, ha sufrido robos y asaltos desde entonces.
Además, afirma, "dos abogados han tenido que exiliarse después de recibir amenazas de muerte en febrero y marzo de este año".
En el informe se señala que los sindicalistas "también han sido objeto de esta campaña de terror"."Desde 1986, 2.700 sindicalistas han sido asesinados. Profesores, trabajadores de salud y empleados y trabajadores de la industria del aceite de palma son los que están en más alto riesgo", se indica.

"El Chucky" Santos se enreda: Investigan por favoritismo a ex ministro de Defensa


Indicios de corrupción plantean quienes investigan el trámite de las millonarias compras de armamento para la defensa y seguridad del país. Juan Manuel Galán anuncia debate en el Senado de la República.
El Nuevo Herald, Miami
Colombia Plural/Inestco

POR GERARDO REYES
GREYES@HERALD.COM

Siendo ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos intervino en forma directa para impedir que se cancelara un contrato millonario del ejército con un empresario a quien él ha identificado públicamente como uno de sus mejores amigos, según documentos obtenidos por El Nuevo Herald.
Los documentos del Ministerio de Defensa indican que Santos, quien renunció la semana pasada a su cargo para aspirar a la presidencia de Colombia, dejó sin efectos un trámite mediante el cual altos oficiales de las Fuerzas Armadas querían modificar un contrato de suministro de equipos por $3 millones.
Basándose en estudios técnicos, los oficiales recomendaron otro sistema que consideraban superior al adquirido a la firma Alfonso Jaramillo y Cía., cuyo propietario, Felipe Jaramillo Samper, es el mejor amigo de Santos.
Mediante un convenio entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia, la compra había sido adjudicada a la firma de Jaramillo por el ministro que antecedió a Santos. Su objetivo fue adquirir equipos de detección térmica con rayos infrarrojos para ser instalados en aeronaves.
Por decisión expresa de Santos, el negocio con la empresa de Jaramillo no se modificó.
Este y otros contratos son motivo de una investigación por presunto favoritismo que adelanta la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de Colombia, según lo confirmó a El Nuevo Herald en abril el director de esa oficina, Oscar Ortiz.
"Los planteamientos de esos papeles [denuncias] son completamente delicados'', dijo Ortiz. ‘‘Hay aspectos de operaciones muy importantes de seguridad. No es un asunto para engavetar (...) por lo delicado de la materia, estoy trabajando a todo vapor'', agregó.
El Nuevo Herald se comunicó el viernes con la oficina de Ortiz para conocer el estado de la investigación, pero su asistente informó que no se encontraba en Bogotá.
El congresista liberal Juan Manuel Galán dijo a El Nuevo Herald que está preparándose para convocar a Santos a un debate, a fin de que responda por su actuación en los contratos adjudicados a la empresa de Jaramillo.
"Es una coincidencia muy extraña que en todas la grandes contrataciones de Defensa y Seguridad, en donde el país está haciendo su mayor esfuerzo fiscal, pistolas, fusiles, repotenciaciones de los helicópteros, sistemas de radar, los aviones Tucanos, en todas esas contrataciones el señor Felipe Jaramillo, amigo personal del ministro, ha figurado como representante'', comentó Galán. "Así que me parece que es una coincidencia que vale la pena investigar''.
En una respuesta a un cuestionario de El Nuevo Herald, Santos explicó en abril que su intervención en el caso de los equipos de visión nocturna no implica un conflicto de intereses por cuanto el contrato original fue adjudicado a la empresa de Jaramillo por el anterior ministro, Camilo Ospina, y siguiendo recomendaciones del ejército.
Dijo que se vio obligado a suspender el trámite de modificación del contrato porque el ejército solicitó el cambio al gobierno de Estados Unidos "sin seguir el conducto regular'' y debido a que las objeciones no fueron justificadas oportunamente por esa fuerza.
"Hay gente que quiere manchar mi nombre por decisiones que he tomado para hacer más transparente la contratación en el ministerio'', dijo en una conversación telefónica.
Santos fue uno de los arquitectos de la operación Jaque, que culminó el julio del año pasado con el exitoso e incruento rescate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y 11 militares colombianos que estaban en poder de las FARC.
En una semblanza de Santos, publicada en uno de los portales de internet del Ministerio de Defensa, el entonces ministro afirmó que sus mejores amigos eran Jaramillo, Felipe López, director de la revista Semana, y el abogado Carlos Urrutia Valenzuela.
Santos reconoció que lo une una larga amistad con Jaramillo, pero negó que haya tenido negocios comunes con él.
"La amistad mía con Felipe Jaramillo precisamente me impide hablar con él sobre temas del Ministerio'', respondió al cuestionario de El Nuevo Herald. "Considero que la amistad se basa en el respeto''.
Santos explicó que informó sobre su amistad con Jaramillo al Consejo de Ministros y solicitó declararse inhabilitado en los procesos contractuales en los que éste pudiera tener alguna participación, "lo cual fue negado por el Consejo de Ministros''.
Las actas del Consejo de Ministros son secretas por ley.
Las denuncias fueron presentadas a la Presidencia de la República por contratistas descontentos que alegan que el Ministerio ha favorecido a Jaramillo, pese a que sus propuestas no siempre son las mejores o las más convenientes para las necesidades de las fuerzas armadas.
También argumentan que el Ministerio abusó del sistema de contratación de gobierno a gobierno para eludir las regulaciones más estrictas que rigen las licitaciones públicas.
La Oficina de la Presidencia recibió además quejas por la adquisición a la firma de Jaramillo de pistolas SIG Sauer en los años 2006 y 2007, a pesar de que en dos oportunidades diferentes (años 2005 y 2006) un comité técnico evaluador consideró que estas armas no cumplían con las especificaciones señaladas y se declararon desiertas ambas licitaciones.
En la segunda licitación varios proponentes se abstuvieron de participar porque consideraban que no había garantías de transparencia.
En una queja enviada al Fondo Rotatorio de la Policía por Margarita Bolívar Ruiz, en nombre de una de las firmas que aspiraba al contrato, la profesional se quejó de que la licitación fue diseñada señalando "características especialísimas'' que "sólo sería posible de cumplir por parte de un solo oferente (...) los distribuidores de las armas SIG Sauer''.
Entre el 2005 y el 2009 el Ministerio de Defensa ha adquirido un total de $35.2 millones en armas SIG Sauer.
En respuesta a El Nuevo Herald, Santos admitió que dos procesos de licitación fueron declarados desiertos porque las firmas no cumplían con las condiciones técnicas, pero decidieron comprar las armas de todas maneras a través del sistema de gobierno a gobierno por una serie de ventajas. Entre ellas, "desempeño, rendimiento, precisión y versatilidad''.
Los contratistas sostienen que las marcas propuestas por ellos cumplían con todas las cualidades que señaló Santos en su carta de respuesta a El Nuevo Herald.
"Teníamos todas las ventajas, menos la de ser amigo de Santos'', dijo uno de los contratistas, que pidió no ser identificado para evitar represalias en futuras negociaciones.
La controversia por los equipos infrarrojos se remonta al 7 de julio del 2006, cuando el ejército pidió al jefe del programa de cooperación de seguridad de Estados Unidos, mayor Steven Kaighen, la suspensión de una carta de acuerdo entre los dos gobiernos (LOA, por su sigla en inglés) para la adquisición del sistema Flir Star Safiro. El ejército informó al oficial estadounidense que la LOA sería sometida a una revisión técnica.
Para esta fecha, Ospina, el anterior ministro, ya había firmado el acuerdo para la adquisición del sistema Flir Star Safiro con la empresa de Jaramillo.
En un oficio dirigido en septiembre del 2006 al funcionario estadounidense, el coronel Hernán Santamaría Grimaldo, director de Aviación del Ejército, expresó su deseo de cambiar los equipos de rastreo óptico infrarrojo por el sistema Flir Wescam MX-15.
Para sustentar su petición, Santamaría aportó varios informes internos que favorecían el equipo Wescam, incluyendo un reporte elaborado desde diciembre del 2004 en el que se evaluaban ambas propuestas. El Wescam obtenía mejores calificaciones.
Este reporte, firmado por el brigadier general Julio Alberto González Ruíz, señaló que el equipo Wescam superaba al Flir Star Safiro de Jaramillo en definición de la imagen, tenía un rayo láser iluminador más potente y la resolución del monitor y el diseño eran mejores, entre otros aspectos.
La decisión de los altos oficiales del ejército de solicitar la modificación de la LOA disgustó a Santos. Según explicó en su respuesta a El Nuevo Herald, las LOA y sus enmiendas son de competencia del ministro y se tramitan a través de la dirección de finanzas del Ministerio. Una vez revisadas se someten a la firma del ministro para luego remitirlas al Grupo Militar USA.
Santos afirmó que cuando existen solicitudes de cambios técnicos en las contrataciones, es procedimiento usual solicitar las justificaciones del caso a la fuerza respectiva, pero pasaron 14 días y no se produjeron, lo que llevó al ministro a solicitar que se cancelara la solicitud de modificaciones.
"Por instrucciones del señor ministro de Defensa le solicito no dar trámite a la modificación de la LOA'', escribió el secretario general del Ministerio, Luis Manuel Neira Núñez, al director de finanzas de ese organismo.
Sin embargo, al decimoquinto día, el ejército explicó la razón de su solicitud en un oficio en el que ratificaba la superioridad técnica del equipo Wescam.
Este oficio contó con el respaldo del comandante de la Armada Nacional, el director de inteligencia interna de la Armada Nacional, el comandante de la Aviación Naval, el batallón de Inteligencia de Alta Movilidad y el comandante del Comando Aéreo de Combate No.1 de la Fuerza Aérea Colombiana.
Aún así, el contrato no sufrió ningún cambio

Los hijos del Presidente: ¿empresarios o negociantes?


Marcela Anzola y Francisco Thoumi
Revista virtual Razón Pública 28/04/2009
Colombia Plural/Inestco

La conducta de Tomás y Jerónimo Uribe refleja un problema de fondo en la ética económica que rige en Colombia y que está en la raíz de nuestros males. Análisis de un escándalo que va mucho más allá de lo anecdótico
El escándalo ocasionado por la compra y reventa de terrenos por parte de los hijos del Presidente en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, es un reflejo de los graves problemas que el capitalismo colombiano tiene en sus raíces.

Hacer empresa, hacer negocios
La diferencia entre “hacer empresa” y “hacer negocios” consiste en que la empresa implica una visión de largo plazo y una continuidad de la acción productiva, mientras que el “negocio” se agota en el momento de la transacción. Hacer empresa significa innovación, producción de bienes y servicios, generación de empleo, control de calidad, búsqueda de una reputación sólida, de manera que se genere riqueza en el largo plazo; el “negocio” consiste en aprovechar la oportunidad y obtener ganancias grandes en el corto plazo.
Hacer negocios no es necesariamente reprochable ni contraproducente para la sociedad (por ejemplo el arbitraje entre mercados ayuda a regular los precios); sin embargo el “negocio” no es lo más deseable desde el punto de vista del bienestar social.
En Colombia existe una gran tendencia a hacer negocios, sin hacer empresa. La falta de continuidad en la actividad comercial es un fenómeno bastante común en nuestro medio, como se manifiesta en la dificultad que encuentran los programas que pretenden estimular el emprendimiento o aumentar la competitividad.
La riqueza como botín
Esto se explica en buena parte por una tradición que concibe la riqueza como un “hallazgo” más que como una “creación”. En otras palabras, se trata prevalentemente de una cultura, validada por la abundancia de recursos naturales. Para el imaginario del colombiano, la riqueza se obtiene en una batalla - virtual o real- por los recursos que se encuentran en el mundo; “hacer negocios” forma parte de esta lucha - en este caso virtual - e implica comprar u obtener al menor precio posible y vender caro, sin importar la contribución social de esas actividades.
La visión anterior también implica que la dimensión ética no sea un componente importante en la toma de decisiones, razón por la cual todo bien existente es susceptible de ser “capturado” -y entre estos bienes se incluye el Estado. De aquí que muchos políticos, mientras disfrutan “su cuarto de hora”, hagan “negocios” donde obtienen grandes beneficios privados relacionados con las actividades estatales. El Estado se convierte así en un botín, que se captura a través del gasto público o mediante la manipulación de las leyes para obtener ventajas privadas.
Las actitudes mencionadas tendrían profundas raíces culturales en nuestra larga historia de ”conquista”, donde la riqueza se encuentra y no se crea, y donde la propiedad se obtiene a través de privilegios, y en algunos casos por medios violentos. Como solía decir en sus tertulias Carlos Lleras Restrepo “hay muy poca riqueza amasada con trabajo, sudor y ahorro“.
Por la misma razón, una gran parte de las transacciones en Colombia son percibidas como juegos de “suma cero”, o donde se requiere que alguien pierda para que alguien gane; pero esto contradice toda la teoría económica moderna, que justifica el mercado precisamente porque en una transacción ganan tanto el vendedor como el comprador. Es interesante notar que en la jerga común se haya acuñado el verbo “tumbar” para referirse a muchas transacciones donde alguien obtiene algo a expensas del otro, haciendo evidente el hecho de que la actividad comercial no se rige por elementos de confianza mutua: hay que saber cuidarse para no ser “tumbado”.
No es de extrañar entonces que en Colombia los “costos de transacción” sean muy altos. Para llevar a cabo cualquier intercambio importante, como la compra o la venta de un auto o de una vivienda, se necesita averiguar quién es la contraparte y hay que tomar medidas para evitar ser estafado.
La muestra de DMG
La concepción de la riqueza como el resultado de grandes ganancias extractivas o como el producto de transacciones entre desiguales está tan interiorizada que un grupo importante de colombianos considera que la gran pirámide de DMG no era pirámide, y que sus prometidos retornos del 100% o más, en un par de meses, son “normales” en un sistema de mercado moderno. Por eso en las marchas de protesta de los depositantes en DMG eran comunes los slogans como “dejen trabajar“. Y en los blogs se afirma que el problema de DMG consiste en que le hacía competencia a los bancos de los oligarcas, “los que todos sabemos“, que invierten en mercados de futuros de divisas (forex) y obtienen rendimientos muy altos; el gobierno decidió cerrar a DMG para eliminar esa competencia.
Es notable que el fracaso en el referendo del 2004, los falsos positivos, o los vínculos de la bancada oficialista con el paramilitarismo no hayan disminuido la aceptación y popularidad del Presidente, y que ésta hubiera caído solamente cuando “nos quitó a DMG“. Tampoco sorprende que hoy se hable de crear el partido político DMG.
El narco y el contrabando
Dado el concepto colombiano de riqueza, el narcotráfico fue aceptado como algo normal. Las enormes ganancias hicieron que los traficantes se vieran como personajes dignos de admiración. La ilegalidad del negocio se percibe apenas como la fuente de los obstáculos o desafíos que el “traqueto” o la “mula” tienen que superar. Así, un envío de drogas que llega a su destino y se vende “corona”, es decir, quien lo hace gana, como si el narcotráfico fuera un juego de damas.

Otra expresión de esta lógica se encuentra en el contrabando aceptado de modo consuetudinario - y hasta el punto de que en algunas zonas fronterizas se han dado marchas cívicas que exigen el “derecho adquirido” al contrabando, el cual se justifica como una forma del derecho al trabajo. Lo mismo ocurre cuando las autoridades efectúan algún operativo en los conocidos “San Andresitos”.
La deslegitimación de la propiedad
La consecuencia de estos mecanismos de obtención de la riqueza es la falta de legitimidad de la propiedad, la cual no es reconocida por grupos importantes de la sociedad, y en muchas ocasiones ni siquiera puede ser reivindicada legalmente porque no se ha obtenido de conformidad con la normas.
Por eso hay anuncios como “esta propiedad no está en venta“, para evitar robos por medio de escrituras falsas. Un reflejo mucho más grave de la poca validez social de la propiedad es el secuestro extorsivo, un crimen de lesa humanidad que sin embargo es visto por muchos como un simple mecanismo de transferencia de rentas y privilegios: “si la riqueza se obtiene por privilegios, manipulación de leyes, buena suerte o violencia, y yo no tengo acceso a esos métodos, mi mejor estrategia es secuestrar a quien si tuvo acceso y transferir las respectivas rentas“.
Para que la propiedad privada sea reconocida como válida y digna de ser respetada por terceros, es necesario no sólo que su proceso de acumulación sea legal (legítimo) sino que tenga efectos positivos sobre la sociedad: producción de bienes y servicios útiles o innovadores, generación de empleo, aumentos en la productividad de otras empresas, y en general, mejoramiento en la calidad de vida del país. Este proceso de validación de la propiedad privada contrasta con procesos extractivos o aleatorios donde la riqueza privada se asocia con la manipulación de normas, la obtención de privilegios, la buena suerte, la violencia contra otros ciudadanos - o aún con el arbitraje entre mercados, para lo cual se requiere tener información privilegiada (por ejemplo, saber que no eran valiosas las baratijas que se entregaban a los indígenas a cambio de su oro).
En tales casos no hay validación social de la propiedad privada o su validación es muy débil. Esto acarrea costos de transacción enormes y exige un mayor esfuerzo para proteger las propiedades; por eso una de las industrias más pujantes en Colombia es la seguridad privada, la cual incluso cuenta con más personal que la policía.


Una ética costosa
Todo lo anterior ha generado una paradoja notable en el comportamiento de los colombianos. Por un lado luchan por obtener riqueza, pero por otro lado tienen que gastar tiempo, recursos y esfuerzos para proteger sus derechos de propiedad: temen sacar sumas “grandes” en efectivo de los bancos (por ejemplo 300 mil pesos) por temor a ser víctimas del “fleteo”; todos los apartamentos y condominios tienen sofisticados y costosos sistemas de seguridad; los morrales se usan al revés - al frente- para evitar robos; en las calles se deben hacer rodeos para no pasar por zonas que se consideran peligrosas; para tomar un taxi lo mejor es llamarlo por teléfono porque hacerlo en la calle es arriesgado, tanto para el pasajero como para el chofer; para cobrar un cheque por sumas no muy altas es necesario poner la huella digital; los precios por metro cuadrado de los apartamentos son más altos que los de las casas, que son menos seguras; y así sucesivamente. En suma, los colombianos viven permanentemente a la “defensiva”, cuidándose de los demás colombianos.
Los hijos negociantes
Volviendo a Tomás y Jerónimo, no hay duda que tienen derecho a “hacer negocios” y que es muy probable que en el que hicieron al comprar las tierras en Mosquera - que al parecer se valorizaron muy rápidamente - no hayan violado ninguna ley. Sin embargo, la conducta de Tomás y Jerónimo muestra que ellos siguen siendo negociantes más que empresarios. Si fueran empresarios las ganancias de su inversión en Mosquera provendrían de las empresas que se establezcan en la futura zona franca; provendrían de la innovación y el empleo que generan dichas actividades, no de las rentas obtenidas por la valorización de la tierra o por la negociación exitosa en la que obtuvieran un “buen precio”.
Adicionalmente, aunque no lo quieran, son personajes públicos. Su padre es el Presidente más popular que ha tenido Colombia desde que se hicieran encuestas al respecto. Más aún, posiblemente ha sido el mejor Presidente que ha tenido el país en mucho tiempo: durante su gobierno han disminuido sustancialmente los secuestros y las muertes violentas, la guerrilla ha sido debilitada, y ha negociado el desarme de algunos grupos paramilitares. No obstante, hay profundas dudas respecto a que haya contribuido a modernizar al país esto es, a cambiar la cultura tradicional por una que permita competir exitosamente en un mundo globalizado.
Dos simples consejos para Tomás y Jerónimo: primero, recuerden que la mujer del César no tiene solamente que ser honesta, sino que además debe parecerlo; y segundo, que mientras ustedes sean empresarios y generen riqueza para la población, no tendrán los problemas que tienen por ser buenos negociantes.

Zona Franca de Occidente, no es la lampara de Aladino, son los Hijos del Ejecutivo

Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, mayo 25 de 2009

Las denuncias sobre los negocios de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno en la Zona Franca de Occidente son protuberantes y, luego del debate en el Senado, aparecen capítulos adicionales. Los desatinos que han rodeado ese negocio muestran que ni hubo ética ni completa legalidad en el proceso que lo consolidó.
Tres decisiones multiplicaron por más de 30, en dos años (2006-2008), el valor del metro cuadrado de los lotes San Laureano y El Paraíso donde se adelanta el Proyecto. La primera fue la de la empresa Bavaria que, al venderlos como “cuerpo cierto”, terminó encimando un metro por cada tres que los Uribe le compraron. Insólito descuido en un consorcio internacional como SAB Miller y más grave todavía en un área que está en todo el corazón del sector circundante a El Dorado, atravesada por la vía rápida hacia la Costa y el río Magdalena y con el eventual Tren de Cercanías pasando por uno de sus costados. Irregularidad inusual en una firma con vasta tradición a la cual precisamente el gobierno le otorgó una zona franca especial en Yumbo (Valle) meses después de la transacción.
La segunda decisión fue el conjunto de disposiciones del alcalde de Mosquera, Alfonso Rozo, que benefició a estos predios. 1) El decreto municipal que aumentó al 75%, como caso excepcional en toda la Sabana de Bogotá, el índice de ocupación de los lotes en mención; 2) concretar en esos predios una zona industrial gracias al Plan Parcial que también les aprobó, y 3) el “desenglobe” del terreno en varios lotes. Justamente uno de los cuales, de tres hectáreas, fue adquirido por una sociedad de la familia de Rozo a menos de un tercio del valor de otros que fueron transados en la misma semana por terceros. Los Rozo ganaron así millones; ¿Estamos frente a la “rozopolítica”?
La tercera determinación, el otorgamiento de la Licencia para la Zona Franca, está llena de actuaciones opacas de funcionarios públicos. El que la DIAN -en la resolución atinente- afirme que la licencia se gestionó desde una fecha en la cual esa empresa ni existía, ni tenía NIT, es un indicio negativo de la transparencia como se tramitó y, pese a que el Comité que da viabilidad a estas zonas advirtió tan enorme carencia, el proceso no se reinició sino que apenas se suspendió hasta que se subsanara el defecto. Un mes después recibió el visto bueno. Los demás papeles se allegaron irrespetando los plazos perentorios estipulados y cuando se completaron, aunque algunos requerían revisión técnica, en sólo 24 horas se logró la ansiada Resolución. En muchos documentos sujetos a estudio por ministros y funcionarios de alto nivel, figuraba el nombre de Tomás Uribe. Acorde con su versión, nunca se percataron. ¿Omisión o inmoralidad administrativa? Lo definirá la investigación concerniente que adelanta el Procurador.
Resta por develar una arista oculta en relación con el pago de impuestos. En primer lugar, el de plusvalía en Mosquera que se canceló por el cambio del índice de ocupación pero no por los otros motivos que lo generaban en mayor cuantía. En segundo término, el impuesto de guerra, a partir de 2006, cuando el patrimonio de los Uribe pasó de tres mil millones de pesos. En tercer lugar, el de renta y el de ganancia ocasional, al parecer desvanecidos mediante un hábil traslado de utilidades y de la revaloración del patrimonio de Residuos Ecoeficiencia a cuentas exentas de tributación en empresas de papel –Yogur y Ecoindustry-, que se formaron a finales de 2006, domiciliadas en las mismas oficinas del abogado del Presidente. La morosidad del Director de la DIAN para contestar los interrogantes al respecto ya le valieron un ultimátum de la Procuraduría.
La conducta del presidente Uribe frente a sus subalternos no ha sido aclarada. Si, como han dicho sus hijos, conoció de antemano “sus planes de emprendimiento”, es necesario saber si advirtió a los miembros del Gabinete sobre el evidente impedimento que tenían. Álvaro Uribe ha respondido con evasivas los derechos de petición que le ha cursado el senador Jorge Enrique Robledo para que explique su proceder y, por tanto, fue menester presentar una Acción de Tutela para que cumpla con ese deber como todo funcionario público. Hasta ahora, existe evidencia de que, de 24 millones de colombianos menores de 30 años, únicamente dos, que pidieron dinero prestado a sus parientes para iniciar un negocio, en sólo 720 días valorizaron terrenos por más de $135.000 millones; no es la lámpara de Aladino, ¡oh, casualidad!, son los Hijos del Ejecutivo.

Los negocios millonarios de los hijos del presidente Uribe Velez

Los negocios millonarios de los hijos del presidente Uribe Vélez

Daniel Coronell
Semana

En agosto de 2007, el alcalde de Cundi emitió un decreto que expandió una zona industrial e incluyó los lotes en cuestión. Lo que antes se vendía por hectáreas se empezó a cotizar por metros. Los hijos del Presidente Alvaro Uribe se han enriquecido por decisiones tomadas por funcionarios, algunos de los cuales son subalternos directos de su padre. El asunto desborda el ámbito de las actividades privadas de los señores Tomás y Jerónimo Uribe y hace necesario que expliquen, por ejemplo, cuánto entrará a sus bolsillos por cuenta de la creación de la nueva Zona Franca de Occidente.


El 18 de diciembre del año pasado, el director de la Dian expidió una resolución declarando "Zona Franca Permanente" un terreno de 32 hectáreas en predios de dos fincas de Mosquera
(Ver documento). Dos años antes -en diciembre de 2006- esas propiedades habían sido adquiridas por una fiducia constituida por Residuos Ecoeficiencia, sociedad controlada por los hermanos Uribe, dueños de más del 60 por ciento de la compañía.La junta de Residuos Ecoeficiencia -entre cuyos miembros, además de los hermanos Uribe, figuran como suplentes el padre y el hermano de la Primera Dama- autorizó al representante legal, Tomás Uribe Moreno (Ver documento), para suscribir un contrato con Fiduciaria Colpatria "para la compra de los terrenos El Paraíso y San Laureano en Mosquera (Cundinamarca)".En virtud de ese contrato nació el "Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera", que compró las dos propiedades por un valor que sobrepasa los 8.600 millones de pesos. (Ver documento). Allí funciona la planta de Residuos Ecoeficiencia, pero a los terrenos restantes no se les veía mayor utilización. Dos determinaciones tomadas meses después por el municipio de Mosquera, cuyo alcalde era el constructor Álvaro Rozo Castellanos, abrieron la perspectiva del negocio. En Agosto de 2007, el alcalde emitió un decreto que -según documentos de la DIAN- expandió una zona industrial e incluyó los lotes en cuestión. Lo que antes se vendía por hectáreas se empezó a cotizar por metros cuadrados. En octubre de 2007, otra vez la alcaldía de Álvaro Rozo, a través de la Secretaría de Planeación, autorizó la subdivisión de los lotes pedida por Tomás Uribe. La resolución tuvo que ser corregida porque arrancaba afirmando "los señores Residuos Ecoeficiencia en su condición de propietarios", cuando legalmente el dueño era el Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera. (Ver documento).Más allá de ese detalle, un tiempo después empezaron los cambios en la propiedad de esas tierras. En marzo de 2008, el Patrimonio Autónomo le vendió a Inversiones ALC uno de los lotes producto de la subdivisión, por 702 millones de pesos, un precio de ganga si se tiene en cuenta la extensión y la ubicación del terreno. Nada tendría esto de particular si no fuera porque los accionistas de ALC son tres hijos, dos hermanos y otro familiar del ahora ex alcalde de Mosquera Álvaro Rozo Castellanos, cuyas decisiones ayudaron tanto al proyecto. (Ver documento).En los documentos comerciales consta que el ex alcalde de Mosquera fue socio fundador de la compañía ALC. (Ver documento).En el terreno de la familia del ex alcalde Rozo, desde ya se anuncia la construcción del Parque Industrial Santo Domingo. Su mayor atractivo, según la página web de Inversiones ALC, consiste en que "quedará ubicado al frente de la futura Zona Franca de Occidente".Residuos Ecoeficiencia, la compañía controlada por Tomás y Jerónimo, autorizó cambios en el contrato fiduciario FC-Lotes Mosquera. Gracias a esos cambios, los terrenos fueron entregados en comodato a una nueva sociedad llamada Zona Franca de Occidente (ZFO). (Ver documento). Con los papeles en regla, ZFO solicitó a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas su concepto para la aprobación del proyecto. Esa comisión está integrada por altos subalternos del Presidente. Son ellos el Ministro de Comercio, el Ministro de Hacienda, la Directora del Departamento Nacional de Planeación, el director de la Dian y el Ministro Consejero de la Presidencia de la República.Según informe de la secretaría técnica, en sesión del 28 de julio de 2008: "La Comisión decidió aprobar por consenso el Plan Maestro de Desarrollo General y emitir concepto FAVORABLE para la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente".El expediente pasó a la DIAN, que tenía que autorizar, en últimas, la declaración del área como zona franca.Todo esto sucedía en diciembre del año pasado. Mientras la Dian revisaba los requisitos, la junta de Residuos Ecoeficiencia se reunía para tomar importantes decisiones. Una de ellas fue la de escindir la sociedad para crear dos compañías nuevas.Residuos Ecoeficiencia dio a luz a las empresas Ecoindustry S. A. y Yogur S. A. Los socios eran los mismos: Tomás Uribe, Jerónimo Uribe, Salvarte y Udo Johann Scheuten, un empresario de Medellín, de 30 años de edad. El único accionista que no fue convidado para hacer parte de las nuevas compañías fue una sociedad llamada Achlys Investment Corporation, conformada en Panamá con 10.000 dólares de capital, cuyos socios no aparecen en el registro mercantil panameño y cuyo representante se mantiene oculto en las actas. (Ver documento).En la escisión, Tomás y Jerónimo Uribe, junto con su socio Udo Scheuten, decidieron transferir algunos activos de Residuos Ecoeficiencia a Yogur S. A. Entre esos activos estaban los derechos fiduciarios de FC-Lotes Mosquera. Esos derechos en los libros de Ecoeficiencia estaban valorados en 33.926.553 pesos, pero cuando entraron a Yogur S. A. pasaron a costar 3.092.998.621 pesos. Es decir, de acuerdo con la contabilidad, en unas horas el valor de esa inversión se multiplicó por 100. Una utilidad cercana al 10.000 por ciento. (Ver documento).La compañía Yogur se constituyó el 17 de diciembre de 2008; un día después, la Dian emitió la resolución que convirtió los lotes del fideicomiso de la sociedad de los Uribe en la Zona Franca de Occidente.El doctor Juan Pablo Rivera Cabal, gerente de la Zona Franca de Occidente, me dijo en una entrevista desde Estados Unidos que el negocio se había hecho a través de una fiducia y que "los dueños de la tierra son los hijos del Presidente; unos señores Duque de Medellín, muy prestantes; Francisco Díaz, de Corona, y dos hermanos de apellido Angarita, Guillermo y Alejandro".Con excepción de Tomás y Jerónimo Uribe, todos los demás -a través de diversas empresas- poseen una tercera compañía llamada Tierras Mosquera S. A., que a su vez es dueña de la mitad de la Zona Franca de Occidente. En la telaraña societaria aparece otra compañía panameña -de las de 10.000 dólares y socios desconocidos- llamada Artlist Investment Corporation. El doctor Rivera Cabal, quien tiene la esperanza de vender la totalidad de la zona en el curso de este año, señaló que, aun antes de iniciarse el proyecto, sabía que la empresa de Tomás y Jerónimo Uribe controlaba los predios clave: "Sí señor. Desde el comienzo lo supimos y dijimos que nos interesaría trabajar si se manejaba desde el punto de vista empresarial privado".El presidente Uribe conoce al gerente de ZFO y fue orador en el aniversario de la Zona Franca de Bogotá, dirigida también por el doctor Rivera. Allí dijo: "Apreciados usuarios de esta Zona Franca: todo lo que ustedes inviertan en este año y en los años venideros tendrá una deducción del 40 por ciento. Eso equivale a que de cada 100 pesos que ustedes inviertan, el Estado les contribuye con 12,8" El gerente de la nueva zona franca explicó cómo les pagará a los dueños de los terrenos. "Recibirán un porcentaje por la venta de cada lote. Tendrán ingresos por la tierra, pero no por los edificios que se construyan". También dijo que hay un "precio piso", cuyos montos y porcentajes no puede informar porque hacen parte de la confidencialidad del negocio.Un negocio que no termina para la empresa de los Uribe, porque su fideicomiso se reservó varios terrenos vecinos de la Zona Franca. (Ver documento).Sin embargo, Tomás Uribe sostiene una cosa diferente. En conversación telefónica me aseguró que "el beneficio es muy relativo porque hace dos años habríamos podido vender los lotes a mejor precio". También afirmó que ellos nunca pidieron la aprobación de la Zona Franca. Pero resulta inocultable que se beneficiaron de la decisión, al punto de que recibirán un porcentaje por cada lote que allí se venda. Residuos Ecoeficiencia fue constituida con 10 millones de pesos en el año 2003, cuando los hermanos Uribe aún eran estudiantes universitarios. Ahora el capital pagado de sus empresas sobrepasa los 1.000 millones de pesos, dos de ellas tienen superávit de capital que suman 4.200 millones, y son dueños del 12 por ciento de Promotora Gransabana, una empresa que -cómo no, a través de otro fideicomiso- compró otro lote, éste ubicado en Tocancipá y avaluado preliminarmente en 22.000 millones de pesos.Y apenas vamos por la mitad del segundo mandato de su papá.