12.26.2007

¿Que Estado Necesita Colombia?

Al agradecer a la Universidad Santiago de Cali su invitación a participar en este intercambio de ideas, también saludamos su iniciativa, la alentamos a desarrollarla y a generar nuevos y masivos escenarios en donde todos podamos aportar a la construcción del nuevo país en que queremos vivir.

Me atrevo a iniciar afirmando que en Colombia existe una convicción mayoritaria en torno a la necesidad de un Nuevo Estado, pues el actual ha evidenciado su incapacidad para superar la crisis estructural que lo agobia y posicionar al país favorablemente ante los retos del mundo moderno.

Tratando de encontrarle un marco al tema que nos convoca, referencio al Estado Capitalista de hoy, en tres dimensiones: primero, como relación de producción, segundo como Régimen Político y tercero, como aparato coercitivo y hegemónico, dimensiones interrelacionadas recíprocamente que se suponen las unas a las otras.

Como relación de producción, el Estado actual es consustancial al capitalismo que lo erige como equivalente general, de la misma forma que en la economía erige al dinero en equivalente general igualando todos los valores contenidos en las demás mercancías. Por eso en lo jurídico-político, existe la ficción de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y ante las instituciones, surgida en el proceso histórico de génesis del capital y de la clase que lo posee.

Por esto mismo, el Estado capitalista vigente, en tanto relación de producción, solo puede ser destruido definitivamente cuando hayan sido destruidas y superadas las propias relaciones capitalistas de producción.

Al esbozar esta tesis, solo quiero remarcar la convicción que existe en las FARC-Ejército del Pueblo, en torno a la necesidad histórica de construir una sociedad sin Estado como gran meta de la humanidad, en tanto en el devenir social el capitalismo es tan solo un momento, que en la misma proporción que avanza, evidencia su incapacidad para resolver los retos que genera. Los abismos que se profundizan día a día entre el imperio y sus neocolonias, entre países ricos y pobres, entre dueños del capital y trabajadores, entre terratenientes y campesinos en todas las naciones del mundo, confirman este aserto.

Pero la desaparición del Estado y de las clases sociales, solo será posible por la acción permanente de los pueblos buscando su bienestar, la democracia y la justicia social lucha que transita necesariamente por la transformación del Régimen Político, como dimensión específica del Estado.

Decía el Comandante Jacobo Arenas en Conferencia sobre la Estrategia de las FARC en 1989 que “Establecido el Estado, ese Estado tiene una manera de expresarse porque de otra manera no puede existir, que es su Régimen Político, es decir: Yo Estado, me expreso de esta manera, imprimo una disciplina social determinada a esa nación por esto y lo otro, y nombro a un gobierno para que me represente, porque a mi no me pueden ver, yo no soy el señor Estado sino que soy una concepción, y así es toda la historia y eso tenemos que verlo para poder hacer el planteamiento justo, para que ese planteamiento sea el reflejo de la realidad.”

Podemos afirmar que “ese conjunto dinámico de relaciones de poder, surgidas históricamente, mediante las cuales la burguesía, sola o aliada con otras clases explotadoras resaca del periodo pre-capitalista no desaparecida completamente en el proceso de transición al capitalismo, conforma un bloque de poder, para ejercer su dominación como Régimen Político, que ya no solo da cuenta de la expropiación de plusvalía y de renta del suelo, sino de la manera cómo se gobierna un país determinado por parte de la burguesía para obtener estas ganancias.”

La tercera dimensión relativa al Estado, alude propiamente al aparato de hegemonía y coerción a través del cual el capitalismo garantiza que el Régimen Político ejerza las funciones que le pertenecen y dé continuidad en lo ideológico, político, económico y social al sistema en su conjunto.

Sobre estos presupuestos podemos afirmar que en Colombia, al orden del día se hallan las tareas por transformar sustancialmente el Régimen Político y el aparato de Estado, a riesgo de hundirnos como nación en lo más profundo del abismo, pues los intereses de las minorías que conforman el Bloque de Poder, son antagónicos con los intereses de la mayoría de la población, colocándole así una camisa de fuerza a las posibilidades y necesidades que reclama a gritos nuestro pueblo. En palabras del Comandante Manuel Marulanda Vélez el 7 de Enero de 1999 “Han declarado la guerra al pueblo para someterlo a la antidemocrática política neoliberal impidiendo el surgimiento de nuevas fuerzas productivas y la presencia de nuevos partidos en el escenario de la política nacional”.

Dadas las características actuales y el contexto en el que Colombia ha labrado su historia por conformarse como nación, actualmente su conducción política es ejercida por una amalgama que representa intereses imperialistas de poderosas empresas transnacionales, de grandes capitalistas colombianos y de sectores terratenientes ligados a relaciones de producción semifeudales.

Este Bloque de Poder u Oligarquía transnacionalizada y terrateniente, gobierna a órdenes de la Banca Internacional aconductando nuestra estrategia de desarrollo a los designios neoliberales en detrimento de la nación y particularmente de los sectores populares.

De ahí la profunda crisis que nos agobia en lo político, lo económico y lo social. De ahí la moral afectada por la laceración permanente a la dignidad nacional.

En lo económico, el Régimen Político tiene la tarea de sacar adelante los planes del FMI para América Latina y en particular para Colombia, en humillante actitud que esconde perversos propósitos para hundirnos más en el lodazal del atraso y la dependencia al tiempo que aumentan los índices de crecimiento de las transnacionales y de la economía de sus países de origen.

Dice el eminente profesor Raúl Alameda Ospina, presidente de la Academia de Ciencias Económicas: “En el consenso de Washington se precisan clara y taxativamente las cláusulas del contrato unilateral impuesto a América Latina y el Caribe como patio trasero de la gran potencia, cláusulas que obedientemente se han traducido en las siguientes medidas: a) eliminación del arancel como mecanismo de defensa, de las políticas y medidas de protección y fomento de la economía nacional, del crédito preferencial orientado a la producción, de los subsidios al aparato productivo y a las exportaciones, del control de cambios como instrumento de regulación económica y de utilización empresarial de las divisas, del papel de fomento y de prestamista del Banco de la República; b) adopción abrupta y sin compensaciones de la liberación de los mercados comercial y financiero, de las privatizaciones, en realidad extranjerización de los servicios públicos esenciales, de los recursos del subsuelo, del sector financiero, de los servicios de salud y educación, de las concesiones para la construcción de infraestructura vial, energética, comunicaciones y hasta del sistema carcelario; c) restricción del gasto público con el fin de contar con recursos presupuestales para el pago de la deuda externa a costa de la inversión social; d) flexibilización laboral, encaminada a desconocer las conquistas prestacionales y a reducir la participación de la fuerza de trabajo en la renta nacional, y e) aumento exagerado de las cargas impositivas a los consumos populares (IVA) y reducción progresiva del impuesto sobre la renta y afines, en abierto favorecimiento a los grandes capitales.”

Un análisis detenido de estas órdenes imperiales, nos dará la medida exacta de las tareas en que se hallan ocupados los personeros del Régimen Político en estos días y las consecuencias económico-sociales que han generado.

Esta oligarquía colombiana, corrupta por demás, tiene al país al borde del abismo: arruinó al campo hasta llevarnos a importar más de 7.5 millones de toneladas de alimentos al año, cuando hace apenas una década no se llegaba al millón. Acrecentó la concentración de la tierra productiva. Arruinó la industria, especialmente la pequeña y la mediana. Del superávit de la balanza comercial pasó a un déficit cercano a los 6 mil millones de dólares. Multiplicó por 5 la deuda externa privada y por dos la pública en 8 años. Llevó el Crecimiento Económico hasta –5. Impuso un desempleo del 20%, cifra que no referencia el subempleo ni el empleo temporal, ni el detrimento progresivo de las condiciones contractuales del trabajador. Ha ido liquidando progresivamente los sistemas públicos de salud, educación, vivienda. Aumentó dramáticamente las franjas de sectores sumidos en la miseria al tiempo que hunde a las capas medias en la misma dinámica de degradación. Todo esto sin mencionar la vergonzosa entrega de nuestros recursos naturales, de la atmósfera y de los servicios públicos básicos a las grandes empresas transnacionales.

A nivel político, el Régimen utiliza a fondo su poder para corromper y manipular los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones atinentes a los destinos de la nación en general y de municipios y regiones en particular. La denominada ‘democracia participativa’ no es sino la zanahoria a través de la cual la oligarquía colombiana afianza su dominación: los Planes nacionales de desarrollo, la expedición de Leyes, la definición de estrategias nacionales, regionales y municipales, los compromisos y obligaciones fiscales del país y de la ciudadanía, la relación de Colombia con otras naciones del mundo, los códigos de la justicia, la política energética, educativa, de salud, de vivienda, ecológica, las privatizaciones, etc., son cocinados, elaborados y concretizados per sé, en conciliábulos conspirativos, por los personeros del Régimen, al amaño de sus intereses y componendas, manchados siempre por la corrupción pública y privada dimensionada hoy como gran motor de funcionamiento del Estado capitalista moderno.

Valga a manera de ejemplo mencionar el Plan Colombia, cuya aprobación y ejecución, presentados al país como un acto discrecional del presidente Pastrana, compromete la soberanía nacional, la paz de la patria, el futuro de millones de trabajadores del campo y la ciudad, la estabilidad política continental, el presupuesto nacional, la política social, la estrategia agraria y la militar, sin que el señor Presidente se hubiese dignado consultarlo con la nación.

Toda Colombia conoce del ciclo a través del cual los elegidos por votación directa para los cargos de representación, son financiados por la empresa privada, que después cobra por ventanilla su inversión a través de los contratos del Estado, los puestos públicos para realizar las partijas o los beneficios tributarios para sus negocios. O en el peor de los casos una embajada para abrirle nuevos mercados a sus cambalaches particulares.

Las elecciones en Colombia moverían a risa de no ser tan trágicos sus resultados. Nadie cree que los candidatos inviertan tan altas sumas de dinero en las campañas, solo para tener el honor de servirle a la comunidad. Son tan solo un manipuleo de publicistas, medios de comunicación, directorios de los partidos políticos tradicionales y agencias encuestadoras que con el soporte de la acción violenta del Estado, determinan la administración de tiempo en tiempo. El Régimen Político Oligárquico que rige los destinos del país se levanta sobre la violencia, la mezquindad y la inmoralidad.

En Colombia, donde el Jefe del Estado ha jurado defender los derechos básicos de los asociados, se violenta, como política oficial el derecho a la vida, a la honra, a la salud, a la educación, a la vivienda, el derecho a disentir y ser respetado. Por eso el Estado es el violador de los derechos humanos en Colombia. El pueblo que elige los personeros del Estado les ha entregado un mandato para que lo defiendan en lo más elemental y este, por el contrario, desarrolla estrategias precisamente para violentarlo

Nada de esto es nuevo. Tan solo los pretextos para implementar políticas represivas que enfrenten la ira popular desatada por sus medidas, han cambiado de acuerdo al momento que se atraviese. La verdad es que después de la Segunda Guerra Mundial en el marco de la confrontación capitalismo-socialismo, se generó la guerra fría y con ella la Doctrina de Seguridad Nacional, que amamantada, financiada y estimulada por los Estados Unidos de Norteamérica, proveyó de una CONCEPCIÓN DE ESTADO a los gobiernos Latinoamericanos que traslada al escenario de cada país esa confrontación mundial, y determina en cada expresión de lucha reivindicativa, social o política, al enemigo interno que hay que combatir y aplastar.

Siendo la puja entre los dos sistemas a muerte, la guerra en cada país también adquiere esas características, según su razonamiento.

Sobre esta lógica, se erigió EL TERRORISMO DE ESTADO, que utiliza todas las armas y posibilidades del poder para imponer la disciplina social de los monopolios y de los terratenientes.

Los aciagos años transcurridos desde 1948 hasta hoy en nuestra patria, son la consecuencia de esa política estatal que ha satanizado y criminalizado toda expresión de lucha popular reivindicativa. Se trata de aplastar y generalizar un pánico paralizante por la vía del terror según enseñan desde hace décadas en las escuelas militares gringas a los oficiales colombianos y en los cursos del departamento de Estado, a través de variadas instituciones, a políticos y empresarios nacionales.

Las desapariciones, las torturas, las muertes de compatriotas preñadas de extrema crueldad, el asesinato sistemático de dirigentes, activistas y simpatizantes de la Unión Patriótica son tan solo parte de una política integral, nacida de esa CONCEPCIÓN sobre el papel del Estado, para perpetuar la opresión del pueblo. Buscan la PAZ DE LOS SEPULCROS, LA PAX ROMANA, LA DISCIPLINA DE LAS TRANSNACIONALES para continuar aplicando, sin sobresaltos, oprobiosos ‘planes y modelos de desarrollo’ que acrecientan sus ganancias a costa del bienestar del pueblo.

Parte esencial de esa Doctrina, es el paramilitarismo. Los Estados Unidos propiciaron su actividad en Vietnam, en Camboya y en la mayoría de los países latinoamericanos. No hay nada original en la situación colombiana. También en Nicaragua, el embajador norteamericano Lewis Tambs y el coronel Oliver North, financiaban con dineros del narcotráfico esa actividad.

En Colombia, al Régimen Político le ha dado vergüenza reconocer sus vástagos ilegítimos. Aunque acá en nuestra patria, a esos bastardos no les dé pena cambiarse a la luz pública el uniforme oficial por la capucha para acometer sus crímenes, en un travestismo impúdico que solo niegan el Presidente, sus ministros, el Fiscal General, las Altas Cortes, el Procurador General, el Congreso Nacional, el Gobierno Gringo, los gremios económicos, los terratenientes, la Jerarquía de la Iglesia y los editores de los grandes medios de comunicación. Son gajes del oficio en las imbricadas relaciones del aparato estatal.

Para estos días que corren, el Régimen Político y el aparato de Estado, se muestran de cuerpo entero ante la faz del mundo: deben materializar la Operación Militar denominada Plan Colombia, que con cobertura social y de lucha contra el narcotráfico, desata una ofensiva contra el movimiento popular de nuestro país. Este Plan fue pensado y redactado en Inglés con la condición de no cambiársele ni una coma sin la aquiescencia de Washington.

Tras esta mampara se esconden protervos objetivos: legitimar la presencia de las fuerzas armadas norteamericanas en nuestro territorio afianzando los lazos de dependencia, crear cabezas de puente en Sudamérica para el ejército imperial, amenazar al gobierno de Hugo Chávez desde la frontera, garantizar el cumplimiento de las condiciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional, propiciar el armamentismo en el área ya que los países vecinos buscarán un balance militar, controlar el desarrollo de los megaproyectos en curso en torno a nuevos canales interoceánicos. Y en fin, todo menos la lucha contra el narcotráfico, porque si fuese cierta, hace tiempo los mismos gringos habrían legalizado el consumo de productos sicotrópicos y liquidado el gran negocio nacido precisamente de su carácter ilegal.

A pesar del esfuerzo realizado por Washington y la Casa de Nariño, para nadie es un secreto, el carácter violatorio e imperialista de este Plan. Ni el Presidente Pastrana ni demás capitostes del Régimen desconocen que los “Estados Unidos no tiene amigos sino intereses que defender”.

El tema que nos congrega hoy, es extenso y complejo, y muchos aspectos de fondo quedarán ausentes. Pero no quiero abordar nuestra propuesta sin mencionar cómo en el centro del proceso que va burilando el Estado-Nación Colombiano, fluye el aspecto de la propiedad de la tierra y cómo en torno a él se han ido perfilando y definiendo muchas de nuestras realidades contemporáneas como el absurdo y obsoleto Centralismo Administrativo, el gamonalismo político, la deformación en el desarrollo del capitalismo que por la pusilanimidad de esta burguesía perezosa y rapaz ha convivido con el latifundismo feudal generando atraso y dependencia, el marginamiento de las comunidades indígenas y afro-colombianas, la extensión ilimitada de nuestra frontera agrícola verdadero atentado contra equilibrio ecológico y la riqueza genética del territorio colombiano, el desplazamiento forzado y el desarraigo. Todo ello con profundas incidencias en la difícil situación que vivimos.

Sin pretender agotar nuestra propuesta contenida tanto en el Programa Agrario de los Guerrilleros de Marquetalia de 1964 como en la Plataforma para un Nuevo Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional, esbozo estas líneas gruesas:

1. Para construir un nuevo Estado es imprescindible erigir un Nuevo Gobierno cuyas fuerzas mayoritarias representen los intereses del pueblo.

2. Ese nuevo Gobierno debe generar las condiciones democráticas para reconciliar a Colombia en base a la concepción y práctica de la democracia directa como columna vertebral de la conducción política de la nación. Porque como dijo El Libertador Simón Bolívar “La soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones”. Se trata de eliminar las corruptas interferencias gamonalistas que se le han atravesado al pueblo para el ejercicio pleno de su soberanía, priorizando y generalizando mecanismos como los plebiscitos, referendos, cabildos, asambleas populares, consultas y controles directos. Es evidente, que esta situación requiere con urgencia un reordenamiento territorial privilegiante de las regiones, sostenido en las históricas realidades populares, económicas, sociales y culturales y no, como ahora, en el mezquino interés de los gamonales.

3. El nuevo Gobierno tendrá como principio inalienable la defensa de la Soberanía Nacional tanto en lo político, como en lo económico, en lo militar y en lo territorial. Se trata de mantener relaciones fluidas con todos los países del mundo bajo el precepto de la libre autodeterminación y del respeto mutuo. El proceso que ha generado el mercado mundial en la actualidad hay que encararlo no como fatalidad sino como una realidad que es positiva en tanto se aborde con criterios y estrategias definidas que beneficien a todos los colombianos.

4. A ese nuevo Gobierno, debe corresponder una Fuerza Pública nueva, totalmente ajena a la Concepción y práctica de la Doctrina de Seguridad Nacional, respetuosa y defensora de los Derechos Humanos de los asociados así como de las fronteras patrias. Si esa Nueva Fuerza expresa cabalmente los intereses de ese nuevo Gobierno alejaremos de una vez por todas esa historia de confrontaciones que ha signado nuestro devenir.

5. El Régimen de propiedad debe ser la unidad funcional de lo Estatal, lo privado, lo mixto y lo cooperativo destacando que los sectores estratégicos de la economía serán patrimonio oficial. En Colombia las empresas estatales, que en los sectores fundamentales de la economía y los servicios no han producido grandes beneficios, han fracasado porque frente al timón de la administración del Estado está un sector social que solo piensa en su beneficio particular. No han tenido la ética del bien común como línea de conducta sino intereses de clase. Por eso y porque hay desgreño, incapacidad, corrupción, coimas provenientes de sector privado nacional y de las transnacionales, es que se ha fracasado.

6. También la justicia hay que transformarla y darle el mismo contenido que ha de tener el nuevo Gobierno, para que esta rama PERMANENTE DEL PODER PÚBLICO esté acorde con el devenir social. Para que no sea peor robarse un pan que saquear a DRAGACOL como ocurre hoy en día, para que no sea más punible defenderse de la agresión de un policía que entregarle la soberanía nacional al gobierno norteamericano, para que el despido injusto de un trabajador sea un delito merecedor de cárcel y no sea criminalizada la protesta social. Para que no reine la impunidad sobre todo cuando son los oligarcas y los administradores públicos los que delinquen. Para que haya respeto por la vida y no se ejerza la pena de muerte impunemente por parte de la autoridad. Para que la elección a las más Altas Instancias de la Justicia no sea fruto de un proceso amañado y politiquero sino de una elección democrática a partir de los propios jueces y Magistrados.

7. Si existe una urgencia estratégica para modificar radicalmente la actual situación es la necesidad de desarrollar una Nueva Política Agraria, que parta de redistribuir las tierras erradicando el papel que les han dado como alcancía de latifundistas y como lavadero de dólares provenientes del narcotráfico. Redistribuir las tierras fértiles, con vías de comunicación y otorgando todas las facilidades técnicas, económicas y de mercado en el marco de un diseño económico general que nos inserte con fuerza y soberanía en el mercado agrícola mundial. Y liquidar de una vez por todas el negocio de tierras urbano, que solo lacras le ha traído al desarrollo de nuestras ciudades.

8. Lo nuevo de la política social debe ser el criterio de obligatoriedad Estatal que la debe sustentar, marcando diferencia con la criminal concepción neoliberal en boga, que mide la educación, la salud, la vivienda, el deporte y la recreación como un negocio rentable que debe de pagar de contado y con intereses, quien recibe sus beneficios. Y erradicar esa concepción criminal que manipula, roba, negocia y trampea con las prestaciones sociales de los trabajadores y los pensionados. Todo lo que hagamos debe tener como referencia es al colombiano, su bienestar y su realización como ser humano. Precisamente por esto afirmamos que la paz tiene el nombre de justicia social.

9. Ninguna nación que aspire a la prosperidad puede soslayar la atención al desarrollo de la CIENCIA Y TECNOLOGIA. Estos motores como parte constitutiva de las fuerzas productivas, juegan papel de primer orden en nuestro futuro como nación soberana pues en caso contrario, estaremos condenados a perpetuidad al atraso y a la dependencia tecnológica que impedirá la utilización plena de los recursos constitutivos de nuestra riqueza nacional.

10. El nuevo gobierno reclama una producción intelectual y cultural libre y democrática, tendiente al desarrollo espiritual de los valores más preciados de nuestra nacionalidad y cultura diversa. Debe democratizar los medios de comunicación masivos, con estrictas medidas antimonopolio y de su uso político, dando impulso y prioridad a los medios de comunicación de propiedad comunitaria y popular.

Un gobierno que acometa estas modificaciones estructurales al Régimen Político y por tanto al Estado en su conjunto, es nuestra propuesta a los colombianos para salir del oscuro túnel en que han hundido al país.

La confrontación fratricida en que nos encontramos inmersos nos ha sido impuesta a todos, por un Régimen violento que arremete contra todo aquello que intente modificar las relaciones de poder y redistribuir el potencial de nuestra nación.

La lucha por encontrar una salida política a la situación reclama la mayor participación ciudadana. La casta política que dirige al país está notificada que en este proceso de diálogos no se busca la comodidad de los Altos Cargos burocráticos, ni taxis, ni becas, ni dineros. Solo en la medida que se haga conciencia de la necesidad de profundos cambios en el Régimen y en el aparato de Estado, podrán evidenciar voluntad política para evitarle la profundización de los odios a nuestro martirizado pueblo.

Dijo nuestro Comandante Jacobo Arenas que “El destino de Colombia no puede ser la guerra civil” y nosotros hacemos lo imposible para serles fiel a su pensamiento. Lo seguiremos poniendo todo por encontrar la solución civilizada con base en acuerdos en la búsqueda de una patria próspera, democrática, soberana y con justicia social. Precisamente de eso es que se trata.

Les agradezco inmensamente su tiempo y su atención.
ALFONSO CANO
10.10.00.

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