12.26.2007

La Doctrina de la Seguridad Nacional: El Principal Obstaculo para Alcanzar la Paz

Por Pablo Catatumbo
“El destino del ejército
es guarnecer las fronteras
Dios nos preserve que
Vuelva sus armas contra
Los ciudadanos”.

SIMÓN BOLÍVAR
No existe en Colombia factor más presente, realidad más dramática y de mayor incidencia dentro de la actual confrontación, ni obstáculo más difícil de remover para alcanzar la paz democrática a que aspiramos todos, que la DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL.

En efecto, difícilmente podrá encontrarse otro elemento, dentro de los muchos que gravitan en torno a la problemática de la situación que vivimos, que explique mejor, el meollo de la confrontación entre las FARC-EP y el Estado Colombiano, que el desarrollo de la aplicación de esta concepción. Y eso es así, porque detrás de la doctrina de LA SEGURIDAD NACIONAL o tal vez será mejor decir: que en razón de ella, se abrió el boquete para que se instaurara en nuestro país la guerra sucia que tanto dolor y tanta sangre le ha costado a nuestro pueblo; el crimen político, el asesinato selectivo de dirigentes de la oposición; la desaparición forzada de miles de compatriotas, las torturas, centenares de masacres que aún hoy permanecen en la impunidad; en fin, todos los crímenes englobados dentro de la denominación genérica del “terrorismo de Estado”.

En ella también se han inspirado los decretos Ley que colocan en la ilegalidad las huelgas obreras, las manifestaciones populares, los paros cívicos y cualquier otra forma de descontento legítimo por parte de la ciudadanía. Al introducirse en Colombia por cuenta de esa teoría el concepto de “Enemigo Interno”, se decretó la guerra al pueblo y se le arrebató la paz a la patria.

En realidad, es allí donde mejor se resume la concepción de Estado, con la cual las actuales clases dominantes han venido diseñando, perfilando y ajustando los mecanismos que le ha permitido perpetuarse en el poder como clase, excluyendo de este a las mayorías y haciendo de Colombia una democracia en lo formal y un país extremadamente desequilibrado, antidemocrático, excluyente y represivo en lo real. La dicotomía que existe entre el país formal y el país real, es un hecho que ya casi nadie lo discute.

Teóricamente, el Estado está instituido entre otras muchas cosas para defender a todos los asociados en su vida, honra e intereses vitales; los recursos naturales pertenecientes a la nación, la identidad nacional y la soberanía de la patria. Pero en Colombia, esta función ordenadora del Estado que regula las libertades individuales, las de las clases y grupos que integran la sociedad hace ya mucho rato que dejó de cumplirse. En su reemplazo, la función del Estado, se ha orientado fundamentalmente a garantizar los privilegios e intereses y estrategias externas, ajenas al sentir de la nación.

Y, para asegurar eso, se ha recurrido siempre a la fuerza, a la militarización de los conflictos sociales, a la represión, al militarismo desembozado y hasta el asesinato político. De guardián de la heredad de la nación, el Estado ha pasado a ser, guardián de intereses políticos y económicos de unos pocos privilegiados. Todo esto, a nombre de la defensa de la “democracia” y por cuenta de la DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL.

Contra esta concepción del Estado, contra este diseño antidemocrático y excluyente, sordo a las angustias de la mayoría, insensible ante los reclamos de la gente humilde y, eminentemente militarista, se ha levantado en armas, la insurgencia, que hoy se agrupa en las FARC-EP.

Ya es hora de iniciar la discusión y el debate sobre este tema que la Constituyente dejó intacto, y dejar de considerar, que la elaboración de los conceptos de SEGURIDAD y DEFENSA, son monopolio exclusivo de las élites militares. El debate sobre la reorientación del papel de las Fuerzas Armadas en una Nueva Colombia democrática, pluralista y en paz, como la queremos, debe ser asumido en su conjunto por todos los colombianos, pues es materia que nos compete y nos compromete a todos.

En Colombia está haciendo falta este debate, porque hace ya rato que se estableció la inutilidad del reformismo formalista que ahora se nos quiere presentar como panacea; de esa especie de “gatopardismo” que pretende entronizarse y hacernos creer que “en Colombia la reforma política ya estuvo hecha”, y que persiste en la absurda creencia de que todos los conflictos sociales pueden superarse, con ligeros retoques a las normas jurídicas, sin llegar al fondo del problema, sin quebrar un huevo, o como gato que se mueve entre vitrinas de fina cristalería.

Hay que insistir en esto, porque ya está visto que ninguna reforma superficial, ningún acuerdo político que no contemple un cambio estructural, de fondo, o la abolición absoluta de las concepciones de Seguridad del Estado que hoy se aplican en nuestro país inspiradas en la DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL, podrá devolverle la paz a Colombia.
EL ORIGEN DE LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL
Muchos de los estudiosos del tema coinciden en afirmar que la DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL, TIENE UN ORIGEN OSCURO. Nadie reclama ni reconoce su paternidad, aunque se admite, que sus principales fuentes de inspiración hunden sus raíces en el pensamiento geopolítico europeo, principalmente el pangermanismo fascista nazi, la política estratégica global norteamericana y en menor escala, las doctrinas francesa e inglesa de la contrainsurgencia de la década de los cincuenta.

Existe sí, unanimidad en reconocer como su principal exponente al sueco Rudolf Kjellen, quien en su obra “El Estado como forma de vida” publicado en 1.946, expuso los principios básicos fundamentales, las lineas gruesas de la concepción de lo que hoy se conoce como la DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL.

Res años más tarde, en 1.949 se fundaría en Brasil, la Escuela Superior de Guerra, que no tuvo ningún escrúpulo en proclamar que la política que le servía de base, nacía de las concepciones de la SEGURIDAD NACIONAL. Fue en ese entonces cuando comenzó a hacerse familiar a los oídos de los latinoamericanos el término de SEGURIDAD NACIONAL, generalmente acompañado de golpes militares de signo derechista, de los cuales la susodicha escuela se convirtió en una verdadera fábrica. Brasil en 1.974, Bolivia en el mismo año, Argentina en 1.966 y nuevamente en 1.976, Uruguay en 1.973 y Chile en el mismo año. Se iniciaba así una nueva etapa en la carrera criminal del militarismo en nuestra América.

Los Estados Unidos por su parte, toda la vida han negado tener algo que ver con la mencionada doctrina. En 1.991, el periodista chileno Raúl Shor, especialista en asuntos militares y estudioso del tema, realizó indagaciones sobre el origen de la mencionada doctrina, con diversas fuentes norteamericanas en el Pentágono, en el Comando Sur con sede en Panamá y en la Escuela de Las Américas, y comenta en un artículo publicado en ese mismo año, que, ante la pregunta sobre los orígenes de dicha concepción a sus diversos entrevistados, formalmente la respuesta fue la misma: “No existe semejante doctrina. No hay un solo documento en los Estados Unidos que la postule”. Comenta el periodista que después de indagar, un alto oficial del Comando Sur aventuró a decir: “Me parece que existe un solo documento llamado: National Security Doctrine que data de 1.951, pero está archivado hace ya mucho tiempo. Hasta donde yo sé, la doctrina de la cual usted me está hablando es invención de los brasileros”.

Preguntado el Comandante de la Escuela de Las Américas de esa época, el coronel norteamericano Noel García, declaró: “Nunca he entendido qué quieren decir con esa doctrina que tiene su origen en el Cono Sur”.

Seguramente el coronel norteamericano pasa por alto que fue uno de los textos que sirve como guía en los cursos que se dictan en su escuela, a oficiales de los distintos ejércitos latinoamericanos que a ella asisten, de donde se extrajo la siguiente cita de la más alta estirpe de la doctrina:

“La subversión no es necesariamente armada, ya que se manifiesta en forma de manifestaciones, huelgas, aplicación en ciencias sociales comprometidas, iinfiltración en escuelas y universidades. Todos estos mecanismos se tornan cada vez más sutiles y el peligro se cierne sobre nosotros y nuestros seres más queridos.

Tenemos una grave responsabilidad sobre nuestros hombros: la de combatir con un enemigo que no se puede reconocer, ni saber cuándo dará el golpe. Por eso hay que estar prevenido para contrarrestar sus acciones o tomar la ofensiva en caso necesario”.

No obstante, y a pesar de las evidencias, en nuestro país también se han empezado a oír voces en ese mismo sentido, que niega la existencia de la DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL.

Que la doctrina de Seguridad no existe, que es una falacia. Que no se conoce ningún documento con ese nombre que sirva de cuerpo de doctrina a nuestras fuerzas militares, son, palabras más palabras menos, los argumentos que se le han escuchado al Ministro de Guerra y otros altos funcionarios Gubernamentales.

Otros dicen, que esa concepción fue diseñada, planificada y ejecutada para los años de la guerra fría y, que al cambiar las circunstancias que le dieron origen, ya no tienen aplicación en Colombia.

Así debería ser, pero no ocurre, como veremos más adelante. De tal manera que aceptar dichas explicaciones sin beneficio de inventario, puede conducirnos a caer fácilmente en el error de darlas por ciertas, en absoluta contravía con la realidad que vivimos en nuestra patria. Pudiera reconocerse –en vía de discusión- que la DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL no tiene un origen único y totalmente norteamericano. Pero, negar que fueron ellos quienes primero la adoptaron, después la desarrollaron y luego la impusieron como camisa de fuerza para preservar la hegemonía sobre los pueblos del tercer mundo y especialmente de América Latina, es algo que ningún analista serio se atreve hoy a sostener.

En ese mismo sentido, es muy difícil negarse a reconocer que el aporte, el verdadero aporte de los Norteamericanos al desarrollo de la concepción que venimos analizando y el fundamento principal de lo que han dado en llamar ”Doctrina del Conflicto de Baja Intensidad”, (esa sí, de autoría reconocida por el Pentágono), lo constituye la introducción del concepto de “ENEMIGO INTERIOR”, identificando con este término toda manifestación de descontento social, de oposición al sistema, de protesta cívica, señalándola como subversiva, como expresión de un “enemigo interno”, que lo que quiere es destruir al Estado, para sustituirlo invariablemente, por otro de estructuras afines a las existentes en la otrora llamada “cortina de hierro”

En ese mismo orden de ideas, como de lo que se trata es de destruir el Estado por parte de un “enemigo interno”, el Estado debe reaccionar para defenderse; y dado que el instrumento principal de defensa que posee el Estado son las Fuerzas Armadas, es a ellas a quien corresponde el papel fundamental de salir en defensa del sistema amenazado. No importa que ello signifique desviarlos de su misión principal de defender las fronteras y la soberanía nacional de una agresión extranjera para entrar a considerar su propio pueblo, sus propios hermanos nacionales como enemigos a destruir en una guerra interna.

A la par de este nuevo dogma y para acallar suspicacias de la opinión política de su país, los estrategas norteamericanos proclamarían el debut de su otro gran aporte a las concepciones de la “Doctrina de la Seguridad Nacional”: el principio de la “defensa interna en el exterior”. Según este principio, los “Estados Unidos apoyarían y aprobarían la participación del sector civil y de las propias agencias militares de la Unión Americana en cualquier programa de acción que haya tomado otro gobierno con el propósito de liberar y proteger al pueblo contra la subversión, el desorden y la insurrección”. “Tomado de: el mandato para el liderazgo. Richard Shultz).

De esta manera quedaba justificado el más descarado intervencionismo en nuestros asuntos internos, y de paso, por cuenta del principio “defensa interna en el exterior”, los Estados Unidos extenderían su red de dominación sobre nuestros países y dejarían allanado el camino a sus omnipresentes y tentaculares servicios de inteligencia y sus agencias de crédito (el episodio reciente de la llamada certificación, es un ejemplo). Estados Unidos no podía permanecer indiferente de lo que ocurriera fuera de sus fronteras y se erigía así en el policía del mundo, pues lo que estaba en juego era su seguridad y la de sus intereses. La CIA, la USIA, la AID, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, todos ellos estaban dispuestos a sumar sus esfuerzos para defender “la democracia”. En adelante, las descaradas intervenciones en los asuntos internos de otros países, se llamarían “ayudas” y las afrentosas invasiones militares que humillaban la dignidad de los pueblos, se llamarían “liberaciones”, todo pues, quedaba justificado con el pretexto del principio de “defensa interna en el exterior”.
LAS BASES DE LA DOCTRINA
Según la brillante síntesis que sobre los fundamentos de esa teoría hiciera el sacerdote LUIS CARLOS BERNAL de la Compañía de Jesús, doctor en Teología de la Universidad de Lovaina y exprofesor de la Universidad Javeriana citado por Jacobo Arenas en su libro “Cese el Fuego”: “La Doctrina de la Seguridad Nacional, parte de una concepción global, general, totalizadora, de lo que debe ser la función del Estado”. La noción de Estado se identifica con el poder. Los individuos no existen, los pueblos son un mito, lo único que existe son las naciones. La nación, la patria, todo se identifica con el Estado. El Estado es un organismo que tiene que defenderse y está en lucha permanente para garantizar su seguridad.

“Como la guerra es total, la estrategia también es total. La política es solo un aspecto de la guerra y de la estrategia total y en consecuencia debe someterse a ella”.
A su vez, dicha estrategia se basa en tres principios fundamentales:

a) Un proyecto nacional. O los objetivos nacionales.

b) La seguridad nacional, que es la base de todo proyecto nacional y a la vez, es su valor absoluto e incondicionable, es norma útil de todas las actividades públicas y privadas.

c) El poder nacional que es en el cual se fundamenta la posibilidad, la legitimidad y el valor de toda actividad.
Para llegar a un máximo de seguridad nacional y de poder nacional, es necesario, admitir un cierto grado de sacrificio que se encuentra especialmente en el nivel económico y en el de las libertades individuales. Los individuos deben entender que la seguridad es un valor superior a la satisfacción de las actividades económicas o al ejercicio de sus libertades.
Ahora bien, puesto que nunca se les ha confiado la conducción de las guerras a las masas o al pueblo, “es responsabilidad de las élites militares, llevar a cabo la dirección de la estrategia total. Como este es el campo en que ellos son especialistas, corresponde a las fuerzas armadas asumir el liderazgo en la lucha por la supervivencia del Estado.

Finalmente, la estrategia total reclama adhesión total del individuo al estado, considerando la seguridad de este por encima de todos los demás. En esta guerra no se admite a los neutrales. Los disidentes de buena voluntad serán considerados irredimiblemente los “idiotas útiles” al servicio del enemigo. Por último todo se hará en nombre de la “democracia” y en “defensa de las instituciones”, del “orden establecido”, de la “autoridad legítima” y en últimas en nombre “de la defensa de la civilización occidental y cristiana”.

Esta es, dijéramos, la forma clásica y original de presentación de la doctrina, según la lúcida exposición del levita.

Posteriormente y como corolario de esta teoría, sus inspiradores le agregarían el siguiente desarrollo:

“Como en las condiciones de un mundo nuclearizado, las grandes contradicciones del mundo contemporáneo ya no podrán resolverse en la arena de una conflagración mundial, pues el empleo de armas atómicas pondría en peligro la existencia misma del bando victorioso, la guerra se desplaza del teatro internacional al escenario de cada país por separado.”

Se introdujo así, de contrabando entre nosotros, el concepto de “enemigo interno”, calificativo con el que se asimila a todo aquel que proteste, luche o manifieste algún tipo de inconformidad con la política oficial, o que a juicio del establecimiento, ponga en peligro la estabilidad del poder o de las “instituciones”.
LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD EN COLOMBIA
A Colombia la DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL llegó a mediados de la década del 50, muy posiblemente a partir de la participación del ejército colombiano en la guerra de Corea.

En 1.962 ocurrió un hecho aparentemente intrascendente y absolutamente olvidado en todos los textos y los análisis de la historia oficial, pero que habría de tener una enorme significación para el futuro de la paz y de la violación de los Derechos Humanos en Colombia.

Según el testimonio del Dr. Alfredo Vásquez Carrizosa, Presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en Octubre de ese año, llegó al país el general norteamericano William Yarborough. El general Yarborough era el comandante del “Special Warfare Center” de For Bragg en Carolina del Norte, el mismo que servía de cuartel general a la 82 División, más conocida como la de los Green Berets o Boinas Verdes, de tan ingrata recordación por su participación en la guerra del Viet Nam.

La misión Yarborough, (según la versión del Dr. Vásquez Carrizosa) “Se reunió con el Ministro de defensa de esa época y tuvo completo acceso a la policía civil y política (DAS).” “Recomendaron crear organizaciones nuevas de tipo antiterrorista y grupos de lucha anticomunista. Sin embargo la nueva escuela de contrainsurgencia, apareció en una separata especial llamada, “Suplemento secreto para el principal esquema del reporte clasificado”. Allí, la prescripción del general Yarborough para Colombia era la organización de grupos paramilitares secretos para llevar a cabo operaciones militares encubiertas contra la oposición doméstica nacional”.
Curiosamente, unos años después de esa visita, el gobierno nacional (Lleras Restrepo) expediría el decreto de Estado de Sitio N° 33 98, mediante el cual se organizaba “La Defensa Nacional”. Entre los considerandos del decreto figuran “los planes de seguridad interior y los compromisos que el país tiene contraídos en el campo internacional”. Ese decreto ha dicho el jurista y destacado investigador Eduardo Umaña Luna “fue el resultado de la reunión de comandantes militares que hubo en Lima”, donde se aceptó la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. (Investigación del CEIS).

Como se sabe, el contenido de ese decreto de Estado de Sitio fue convertido en Legislación Ordinaria mediante la Ley 48 de 1.968. Después vendría la expedición de la tristemente célebre resolución 005 por medio de la cual se aprobaba el llamado “Reglamento de combate de contra guerrilla”, que a la postre se convirtió en el instrumento legal y la patente de corso para el surgimiento de tenebrosos grupos paramilitares, que con el correr del tiempo sembrarían de llanto y dolor nuestros campos y ciudades.

Después vendrían los “teóricos” de la doctrina, a complementar el trabajo del general Yarborough, los llamamientos a descabezas literalmente a la oposición, a desatar la guerra sucia contra el pueblo, a justificar el crimen político y el asesinato de líderes populares, con el pretexto de ser aliados o “brazos políticos de la subversión”. Todo esto, en labios o en pluma de encumbrados integrantes de la cúpula militar del establecimiento, como el general Fernando Landazábal Reyes, quien en 1.982, siendo comandante general de las FF.MM. escribió:

“Lo primero que hay que saber es contra quién se va a combatir, qué elementos están causando los daños presentes o han de causar los futuros; qué organizaciones los amparan, qué políticas los dirigen, cuál es la razón de ser de su lucha y donde se encuentran localizados sus partidarios. No menos importante que la localización de la subversión, es la localización de la organización política de la misma.”

“La dirección política no debe interesarnos menos que la militar y una vez reconocida y determinada la tendencia hay necesidad de ubicar la ideología que la anima plena y cabalmente, para combatirla con efectividad. Nada más nocivo para el curso de las operaciones contrarevolucionarias que dedicar todo el esfuerzo al combate, dejando de lado y en pleno ejercicio libre de acción, la dirección política del movimiento.”

“Se hace necesario dirigir hacia tan importante sector, ese esfuerzo coordinado de una política resuelta a imponer la voluntad, en el campo de la controversia y en el campo de la acción armada...Es un error combatir con exclusividad el elemento armado de cualquier organización constituida en la dirección intelectual de os organismos revolucionarios.”

Es pues, un hecho histórico incontrovertible que, admitido el principio de la consagración de las fuerzas armadas a la defensa, no de la nación sino de un sistema y legitimadas las “auto defensas” a través de la resolución 005 del Comando del Ejército, la formación del paramilitarismo y la entronización de la guerra sucia en Colombia es, integralmente creación del Estado, con todas sus consecuencias.

Que se sepa, nadie hasta ahora ha demostrado que no sea esta la orientación principal por la que se rigen oficialmente las fuerzas militares dentro de su concepción de “guerra interior”, y el fundamento ideológico que alentó la creación de grupos paramilitares y que condujo al holocausto, a más de 3.000 militantes de la U.P. y otros partidos de izquierda.

De allí, que no resulte fácil para el Estado, eludir la responsabilidad que le cabe por la creación de estos macabros instrumentos de muerte, que tanto han tenido que ver con la situación de zozobra que vivimos, con el simplista argumento de que los decretos que justificaron un día su legalización, ya están derogados. El decreto 815 de 1.989 es cierto, derogó las medidas que permitían amparar como propiedad particular, armas de uso privativo de las fuerzas armadas. Sin embargo el contenido de esta norma fue lo único que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional. Lo demás quedó intacto.

Y decimos que no es fácil para el Estado, eludir responsabilidades, porque es ahí, en el espíritu de esa ley, la llamada ley 48 de 1.968 y en la concreción de la llamada legislación de orden público o “estatuto antiterrorista” que desconoce la existencia del delito político en Colombia que define en forma ambigua el delito del terrorismo para poderlo usar como garrote contra todo el mundo; que criminalizó la protesta social; que faculta a las fuerzas militares para realizar diligencias judiciales, que erige la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y entroniza el sistema acusatorio, pero deja por fuera de la acción de la misma, a los miembros de las fuerzas militares investigados por flagrantes delitos y gravísimas violaciones de los derechos humanos, crímenes y hasta masacres. Es ahí, y en el acendrado espíritu anticomunista en que han sido adoctrinadas las FF.AA.; en la guerra sucia y en la espantosa impunidad que para estos delitos existe en Colombia, donde está condensado todo el trasfondo de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional en nuestro país.

LA D.S.N.: OBSTÁCULO DE LA PAZ
Salta a la vista la trascendentalidad que para la paz y para el proceso de búsqueda de una solución política al conflicto social que afrontamos, tiene la discusión de este tema vital, en la configuración de una Nueva Colombia realmente democrática y en paz.

Es evidente la responsabilidad que en el desarrollo y en el surgimiento de la violencia política de Colombia en esta mitad de siglo, ha tenido esta concepción tan profundamente arraigada en el pensamiento militar del establecimiento.

Es un hecho indiscutible que ella ha tenido mucho que ver con la generación de las causas, que han originado en nuestro país la existencia y la persistencia de un vigoroso movimiento guerrillero como el que hay actualmente en Colombia. Recordemos que la “Operación Marquetalia” que le dio origen a las FARC, se inició con el auspicio de esta teoría y bajo la égida del Plan Lasso, elaborado por el Pentágono (Estado Mayor del Ejército Norteamericano).

Seguir persistiendo en su aplicación, considerando como lo cree el gobierno que los problemas de seguridad del Estado, son un problema circunscrito meramente al ámbito de lo militar y que se resuelve con solo agregarle más dígitos al presupuesto del MINISTERIO DE DEFENSA, solo podrá conducirnos a la vorágine de la guerra total y a una espiral de violencia cada vez mayor y de imprevisibles consecuencias para los colombianos.

No es posible seguir considerando sensatamente, al militarismo como la gran panacea para nuestros males, como una especie de pomada milagrosa contra todo, mucho más si se tiene en cuenta que, después de 40 años de estarla usando como medicina, los resultados han sido desastrosos.

Es ahí donde radica el problema. Lo que se ha dado en llamar “Estrategia de Paz” del gobierno ha hecho crisis, se ha empantanado y se seguirá empantanando si el gobierno insiste en introducir elementos contenidos en su “Estrategia Nacional contra la violencia”, que busca a todo trance la derrota y la aniquilación de la guerrilla, sin apuntar a la solución definitiva del conflicto social que le dio origen y a las causas que lo alimentan.
HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD
Cuales pudieran ser las bases sobre las cuales construir una nueva concepción sobre la seguridad y la defensa nacional?

Aunque el tema es complejo y muy amplio vale la pena adelantar algunos criterios, no sin antes advertir que no está en nuestro ánimo pretender estar diciendo la última palabra.

En primer lugar, la DOCTRINA SOBRE LA SEGURIDAD NACIONAL debe ser eliminada como fuente doctrinaria o filosófica sobre la que se erigen las concepciones de seguridad que rigen la nación, pues sus postulados, además de haber demostrado una total ineficacia en lograr cuanto se proponían, son contrarios y antagónicos con la filosofía política que anima toda sociedad democrática.

De la misma manera, los conceptos de “guerra interna” y “enemigo interior” que han llevado a la criminalización de toda protesta cívica, sindical o social, deberían ser desterrados. Si toda protesta ciudadana es percibida y tratada como una “amenaza subversiva”, difícilmente se pueden construir las bases para la tramitación pacífica de los conflictos sociales, y de hecho, se está decretando la guerra. En este sentido, insistimos, la doctrina de la seguridad, ha convertido a las Fuerzas Armadas en uno de los principales factores que generan violencia aquí en Colombia, lo cual es muy grave para su institucionalidad y como hemos dicho, uno de los principales factores que originan y sustentan la vigencia del alzamiento armado.

Con un acuerdo en este sentido, pudiéramos decir, que estaríamos desactivando una de las causas que dieron origen a la confrontación y avanzando hacia la superación efectiva de la que se ha erigido como la principal talanquera que impide avanzar en firme hacia un acuerdo de paz definitivo.

En segundo lugar debe permitirse una redefinición del papel del ejército dentro del Estado y de su doctrina. Los ejércitos (no estamos descubriendo el agua tibia), en cualquier país del mundo y ello desde la formación de esos Estados nacionales hace más de cuatro siglos descansan en una doctrina. Y ella se elabora sobre la base de la hipótesis de los conflictos más probables que haya de confrontar la nación, a la que le sirve el aparato militar y, con arreglo a la situación política prevaleciente internacionalmente en una perspectiva prolongada.

En la doctrina que sirva de cabecera al ejército, han de analizarse las contradicciones del Estado con otros Estados, vecinos o no, y entre ellas, las que sean insolubles por medios diplomáticos, las cuales llevarían irremisiblemente a la guerra.

Según sea la gravedad o inminencia de los choques posibles, el aparato militar determina su volumen, al momento y estrategia concretas.

Estas son (como se dice) verdades conocidas, pero en Colombia, el ejército ha tenido siempre una doctrina que desconoce estos principios, apoyado en una “hipótesis” que vislumbra el conflicto interno “como una contienda inevitable a la que hay que enfrentar militarmente”. El espíritu, la organización, el entrenamiento, las armas y el despliegue estratégico de sus fuerzas, obedecen a tal hipótesis, que considera fatal por razones sociales y geopolíticas ese tipo de confrontación entre nacionales.

En este caso la situación también amerita un cambio, pues como lo recomendó hace algún tiempo la “ COMISIÓN SURAMERICANA PARA LA PAZ, PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA DEMOCRACIA”:

“Es necesario e imprescindible diferenciar los conceptos de seguridad y defensa; dar respuestas políticas y no militares a los conflictos sociales, dejar atrás la doctrina de la seguridad nacional, sustituir la hipótesis de conflicto, por hipótesis de cooperación, reformular el sistema hemisférico basado en el TIAR, lograr el diálogo entre las instituciones civiles y posibilitar el desarrollo de un sistema Latinoamericano de seguridad”.

Estas serenas y muy equilibradas apreciaciones de ilustres patriotas Latinoamericanos algunos de los cuales han ocupado altas posiciones en ejércitos del continente, deberían tenerse muy en cuenta en el evento de un replanteamiento.

Del mismo modo, debe redefinirse el concepto estratégico de “Enemigo Principal” y rediseñarse en una DOCTRINA PATRIÓTICA DE DEFENSA NACIONAL que responda a los objetivos e intereses de todo el pueblo colombiano y que sea expresión de nuestra experiencia, valores y formas de percibir nuestra realidad nacional.

Una DOCTRINA PATRIÓTICA DE DEFENSA NACIONAL si bien no puede partir de una imagen ingenua e idealista de los que son las relaciones entre Estados, si debe reconocer la pluralidad y diversidad interna que caracterizan las democracias y ver en las posibilidades de innovación, creatividad y participación del conjunto de la población que con ello se abren, su mayor fortaleza como Estado soberano; sin perder nunca de vista, que el único depositario de la seguridad nacional en un Estado de Derecho, es el propio pueblo.

Es absolutamente necesario reiterar, que la seguridad nacional de un país no reposa exclusivamente, ni siquiera primordialmente, en la fuerza militar, si no fundamentalmente en el desarrollo de cauces estables de progreso social, económico, político y en el bienestar de su pueblo.

En esta dirección se debería partir de un principio básico fundamental: en un Estado de Derecho, en principio, no existe “enemigo interno absoluto”, pues se supone que la ampliación de los espacios democráticos garantizará dirimir los conflictos sociales por la vía pacífica, haciendo innecesario el recurso de las armas.

En lo internacional, una “Doctrina Patriótica de Defensa Nacional” no puede basarse en hipótesis de confrontación agresiva contra ningún país del mundo, si no, orientarse hacia una política de Defensa Nacional tercermundista e integracionista a nivel Latinoamericano, que contribuya a reorientar nuestra estrategia hacia considerar como los reales problemas de seguridad de nuestra América; el hambre, el subdesarrollo, la marginalidad, la corrupción, la pobreza, la no equivalencia y la desigualdad de nuestras relaciones con los Estados Unidos; así como el peligro de amenaza de una intervención militar por parte de los EE.UU., rechazando al mismo tiempo, cualquier tipo de insinuación agresiva contra naciones hermanas, o suscribir pactos militares que comprometen nuestra dignidad nacional o nuestra independencia.

Es necesario tomar del ideario Bolivariano la idea según la cual “la misión principal del ejército es la de guarnecer las fronteras patrias”. En la actualidad, el dislocamiento de las Fuerzas Armadas está concebido para combatir la guerrilla y no para defender la nación, como lo demuestra el hecho de no poseer ninguna División, Brigada o alguna fuerza importante en la zona de frontera, con excepción de la Segunda Brigada con sede el Barranquilla.

Nuestros militares deben ser educados políticamente en la idea del patriotismo y del amor al pueblo, en la idea de la unidad nacional, de la defensa de la patria contra una agresión extranjera; en la idea del pluralismo y del respeto a los derechos humanos como un principio sagrado de su cuerpo de doctrina; pues es un hecho que, del tipo de educación que reciban, de su visión política dependerán sus modalidades de acción, sus prioridades y sus valores.

En las escuelas de formación académica para oficiales, suboficiales y soldados no debería permitirse la instrucción en ideas que correspondan a formulaciones estratégicas elaboradas por el mando de estados mayores o de ejércitos extranjeros, ajenos a nuestros propios intereses como nación independiente, o que pongan en peligro la convivencia pacífica entre los Colombianos.

Un tema inevitable en cualquier discusión sobre estas materias, tiene que ser indiscutiblemente, el papel que cumplen los comúnmente denominados servicios de seguridad del Estado o “Cuerpos de Inteligencia”.

Para nadie es secreto que la mayoría de los casos oscuros que ocurren en nuestro país, corren a cuenta de los llamados “Servicios de Inteligencia militar o de policía”. En Colombia es corriente que, bajo el manto de las llamadas “Operaciones de Inteligencia” se encubran actividades secretas, violatorias a los derechos humanos y del código penal. Es opinión cada vez más generalizada, que es en estos terrenos de la “inteligencia” donde se incuban y se protegen los grupos paramilitares o el paramilitarismo. Sin embargo, sobre tan graves sindicaciones sigue reinando el manto de la impunidad, pues es difícil, extraer la realidad dentro de la maraña de mentiras descaradas, verdades a medias y franca desinformación que caracterizan a los servicios secretos.

En este sentido es muy grave el planteamiento contenido en la llamada “Estrategia contra la violencia”, de privilegiar a los servicios de inteligencia, sin considerar su depuración y su replanteamiento. La inteligencia militar es un elemento derivado de la concepción doctrinaria que tiene una fuerza militar, así como de su estrategia; si ella no se rediseña si no se cambia el concepto, el riesgo de que la violación de los Derechos Humanos y la guerra sucia se perpetúen, es muy grande. Porque, tal como están las cosas en nuestro país, la “Inteligencia Militar” que funciona actualmente es policiva y cuasi-militar, con el ingrediente del anticomunismo visceral que le introdujo la DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL; por eso cuando se insiste en el documento (Estrategia Nacional contra la violencia), en fortalecer un sistema de investigación y de información como el actual, sin hacer los correctivos que hemos estado planteando más arriba, lo que se está fortaleciendo no es, la “inteligencia”, como se pretende, sino una modalidad de “Inteligencia” desvirtuada y que ha demostrado ser peligrosa por lo antidemocrática.

La cosa es mucho más grave si se tiene en cuenta que en Colombia, ni la opinión pública, ni los medios de comunicación, tienen certeza de lo que realmente ocurre en las llamadas “Zonas de Operación” contra la guerrilla, ni de la misión que cumplen los servicios de seguridad del Estado, por la sencilla razón de que el ejército tiene completamente aisladas esas zonas y no permite ejercer el derecho de la libre información. De ello dan testimonio cientos de periodistas amenazados o asesinados que lo han intentado.

Urge pues, un debate amplio sobre estos temas vitales para alcanzar la paz. Esta discusión es necesaria, porque allí puede estar la clave de un gran acuerdo nacional, para la convivencia pacífica entre los colombianos y no en la mentirosa retórica de la pomposamente llamada “favorabilidad política”.

Si el gobierno está dispuesto en realidad a buscar facilitar un acuerdo de paz, paz de verdad, estable y con justicia social; si los colombianos estamos de acuerdo en comprometernos todos, en una gran concertación nacional que nos conduzca a construir un país en el que no sea necesario el recurso de las armas para dirimir nuestras disputas políticas por el poder, si estamos dispuestos, todos, a participar en un gran debate nacional que tenga que ver con el tipo de Estado a que aspiramos, con el carácter de unas fuerzas armadas a las que todos acatemos y nos sometamos patrióticamente, con el uso y el manejo que le vamos a dar a nuestros recursos naturales; con nuestra soberanía; con el tipo de democracia que queremos y no con el que nos han vendido; estamos seguros de que le estaríamos abriendo un gran espacio a la paz porque ciertamente en los últimos tiempos los colombianos hemos vivido días decepcionantes. Las esperanzas que depositaron muchos, en que con la Constituyente habría de nacer el nuevo país, ha sido una esperanza inmisericordemente vapuleada y el país sigue igual o peor que antes.

En la última década no hubo mayor esperanza ni mayor expectativa de un futuro mejor, que la que se generó con la constituyente. Pero, la impresión que tenemos todos los que estamos hastiados de esta situación, es la de que, esto no va a cambiar hasta que no acordemos, cómo es que vamos a desmontar ese gigantesco tinglado de estafas políticas, económicas, militares, energéticas y de Derechos Humanos en el que han convertido al Estado Colombiano, las actuales clases dominantes, cuyos principales cerebros y beneficiarios están en el poder desde hace mucho tiempo y solo se representan a ellos mismos y a una minoría insignificante, mientras que los damnificados, somos la inmensa mayoría de los colombianos, sin posibilidades de acceder a donde se toman las decisiones.

Porque una cosa si está bien clara: esto que estamos viviendo no es democracia. La sensación que dejan los años de gobierno de Gaviria y Samper es que aquí no hay democracia, sino una rosca de cínicos gobernándonos.

El país debe tener la certeza de nuestro compromiso con la paz. De nuestra persistencia en la lucha por la solución política, de nuestro anhelo por contribuir a alcanzar una Colombia mejor y más próspera. De que acá también hay gente ansiosa de paz. Corazones de donde bien pudiera salir el grito de indignación de los Troyanos ante el cadáver aún insepulto de su altivo jefe AYAX, en la tragedia de Sófocles:

“Hundido en el averno había de estar,
perdido en el éter quien inventó la
guerra y enseñó a los griegos el
fuego de la bélica contienda de todos
colectiva. Males engendradores de más
males, eso produjo aquel para los
hombres”

Lo que sí no queremos, lo que nadie quiere ni quiere el pueblo colombiano es que tanto sacrificio, tanta sangre derramada de parte y parte, tanta muerte, resulte inútil, para que todo sea igual o peor que antes, para que todo siga lo mismo. Como en el “Gatopardo”, la magistral novela de Lampedusa.

Eso nunca! Porque es contra eso que nos hemos alzado en armas. Solo un acuerdo que presuponga la convergencia de todos los colombianos en torno a un nuevo gran Tratado de Paz, puede conducir a la nación a que irrumpa por fin, la Nueva Colombia.

Mayo de 1.997

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