12.26.2007

La Organizacion en Marcha: Las Conferencias de las FARC

Primera Conferencia 1965

A finales de 1965 se realiza la Primera Conferencia Guerrillera de Marquetalia y de otros destacamentos guerrilleros.

El movimiento pasó a conocerse como “BLOQUE SUR”, ya que estaba situado al sur del departamento de Tolima, confluencia de los departamentos de Huila, Cauca y Valle. Participan en esa Conferencia representantes de las regiones de Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, 26 de Setiembre y otros agrupamientos.
Realizan un balance de lo realizado hasta el momento, como el movimiento ya adquiría mayor fortalecimiento debía realizar proyecciones que apuntaban al logro de nuevas instancias. Fijan entonces los planes de acción en el campo militar y lo referente a propaganda política, educación y organización. Uno de los puntos esenciales fue mantener la perdurabilidad del Movimiento.

Segunda Conferencia 1966

A finales de 1966 el Bloque Sur constituyó en la región de Duda, las FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA.

Siempre actuando como guerrillas móviles, deciden extenderse a otras zonas. En esta Conferencia quedan planteados los lineamientos que encauzarían al movimiento hacia una mayor organización de masas, educación, propaganda y finanzas. En esta Conferencia queda planteada la necesidad de crear una distribución de fuerzas en áreas determinadas. Se formarían un comando a cargo de Ciro Trujillo, otro a cargo de Joselo Lozada, un tercero a cargo de Carmelo López.

Así también tendría su espacio Rogelio Díaz, otro quien luego se convertiría en un traidor, “Cartagena” y finalmente en el otro Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas.
Ciro Trujillo convocó a todos los destacamentos excepto los de Joselo y Marulanda, para que concentraran todas sus fuerzas en el Quindío, pero fueron detectados por el ejército que aplicó un artero golpe al descubrirlos. Perdieron varias vidas y el 70 por ciento del armamento.

Ciro Trujillo fue un valeroso cuadro guerrillero pero no tuvo una visión clara de la táctica de guerrillas móviles. Este hecho tan lamentable contribuyó al menos para no volver a repetir errores , con lo cual el crecimiento se convertiría en constante.

Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas se radicarían en la zona de El Pato, en el departamento de Caquetá. Resultaba imperioso integrar a los guerrilleros de aquella zona; el destacamento del comandante Januario Valerio andaba disperso y no presentaba carácter propiamente de guerrilla.
Tercera Conferencia

Hubo allí nuevas tácticas de lucha además de un balance de lo acontecido hasta el momento. Constituyen una escuela nacional de formación ideológica para el estudio de la “guerra preventiva”y de la guerra del pueblo.
Había que crear el espacio para construir el futuro desenvolvimiento de los cuadros y las nuevas áreas de lucha manteniendo las anteriores.

Cuarta Conferencia

Se realiza al poco tiempo de la anterior, hubo allí un balance general que incluyó un reajuste del Estado Mayor y de todo el mando.

Salen de este espacio nuevos planes militares.

Quinta Conferencia 1974

Realizada en 1974, se hace un nuevo balance a partir de condiciones nuevas. Era muy rica la experiencia acumulada lo cual instaba a continuar con la metodología aplicada hasta el momento, reforzando con un proyecto de elevación político que contribuiría a dar un salto de calidad al movimiento.

Sexta Conferencia 1978

Fue ésta una de las más pródigas y ricas. Se realizó entre el 18 y el 26 de enero de 1978. Cinco meses de arduos debates y análisis estudiaron los pasos a seguir.

A partir de ésta surge la conformación de un EJERCITO REVOLUCIONARIO. Ya estaban encaminados los proyectos de Estatuto, un Reglamento de Régimen Disciplinario y las normas de Comando que harían regir la vida de las FARC.

Hubo también en esta Conferencia un balance general de todo el trabajo de esta organización guerrillera, de su organización política y de masas.

Surge también la necesidad de pasar las áreas guerrilleras a una organización clandestina de actividad política, se necesitaba resguardar del enemigo la actividad política.

Hubo también en esta etapa un reajuste del Estado Mayor Central, como también del cuerpo de comando y crearon los Estados Mayores de Frentes de acuerdo con los Estatutos de Reglamento.

Quedó constituido firme y definitivamente el SECRETARIADO DE ESTADO MAYOR CENTRAL, que venía funcionando desde el Plenario de Estado Mayor de enero de 1973.

Séptima Conferencia 1982

Se lleva a cabo desde el 4 al 14 de mayo de 1982. Ahí se plantea la necesidad de transformar a FARC en un movimiento ofensivo, con lo cual ya no debían esperar el ataque enemigo sino que debían buscarlo con el fin de atacarlo y golpear. Si el ejército huía la guerrilla volvería a atacar, ya se planteaba la ofensiva de comandos móviles.

A partir de esa Conferencia el movimiento quedaría constituido como FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA- EJERCITO DEL PUEBLO (FARC-EP).

Se planteaba la lucha desde otros términos, esta lucha de clases no se dio antes, lo cual producía un salto cualitativo que convertía al accionar en una estrategia hábil, con un carácter profundamente político. Los problemas del pueblo no estaban resueltos sino que cada día se agudizaban mas, las contradicciones del sistema imperante se profundizaban, lo cual provocaba la resistencia de los sectores mas empobrecidos. Estos elementos brindaban a la lucha perfiles nuevos.

Sucedió en esta Conferencia un plenario ampliado del Estado Mayor Central, que constituía un acontecimiento sin precedentes en la vida del movimiento guerrillero. Este plenario fue el más extenso de los realizados por las FARC-EP. Comenzó el día 6 y concluyó el 20 de octubre de 1983; fueron14 días de intensa discusión, análisis y conclusiones.

Estaban presentes en el plenario todos los jefes de los 27 frentes existentes hasta el momento y otros cuadros del movimiento.

Se presentaron para discusión y debate los siguientes documentos

1. INFORME CENTRAL
2. INFORME SOBRE CESE AL FUEGO, TREGUA Y PAZ
3. INFOME SOBRE FINANZAS Y POLITICA FINANCIERA
4. INFORME SOBRE EDUCACION Y PROPAGANDA
5. INFORME SOBRE EL TRABAJO DE FRACIONAMIENTO REALIZADO POR EL ENEMIGO.
6. INFORME SOBRE DIVERSOS CURSOS DE LA ESCUELA DE CUADROS
7. LINEAS GENERALES DE UN PLANO MILITAR PARA LOS SIGUIENTES AÑOS.

Octava Conferencia

Celebrada en abril de 1993, en La Uribe, Meta, en el marco del convencimiento de una solución posible al conflicto. Las FARC-EP son una organización político militar que desde su fundación el 27 de mayo de 1964 se asume como marxista leninista y además bolivariana. Las FARC-EP son un ejercito guerrillero y al mismo tiempo un partido político que aplica el marxismo para analizar y transformar la realidad colombiana. Del pensamiento bolivariano recoge –entre muchos otros- los principios del antiimperialismo y unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. La estructura orgánica de las FARC-EP practica los principios leninistas como el centralismo democrático, el cual destacamos a propósito de la Octava Conferencia Nacional de Guerrilleros.

La Conferencia Nacional de Guerrilleros es la instancia máxima en la toma de decisiones y en el diseño del Plan Estratégico que la organización tendrá que desarrollar en el futuro. En esta confluyen guerrilleros de base, representantes de los 60 frentes distribuidos a todo lo largo y ancho del territorio colombiano que con anterioridad recogieron la discusión, opiniones y propuestas de todas las células políticas de las FARC-EP que al mismo tiempo conforman una escuadra guerrillera (con 12 unidades).

La convulsión social se acrecentaba en momentos en que el gobierno abría las fronteras para que ingresaran productos y capitales extranjeros, llevando a los colombianos a un estado de pobreza y desocupación absoluta. El proyecto Neoliberal estaba en marcha y con ése todo el cúmulo de perjuicios que causaba.

Se privatizaban las empresas más importantes igual que las entidades que pertenecían al Estado. Era muy simple de ver que el gobierno no quería la paz sino que se nutría de la guerra, aumentaba su poder trabajando genuflexo a las órdenes del Imperio. FARC continuaba el camino trazado con lo cual volvió a encontrarse cara a cara con la violencia de la oligarquía militarizada que contrapuso históricamente el terror a la solución de los problemas reales.

Sesenta frentes de las estructuras urbanas, las guardias especiales del Secretariado y los miembros del Estado Mayor Central, se abocaron a un balance de los once años de actividad, evaluando su crecimiento y fortalecimiento a la vez que encaminaba su proyecto político con las tareas a realizar.

Se dio así la instancia para la formación de una PLATAFORMA PARA UN GOBIERNO DE RECONSTRUCCION Y RECONCILIACION NACIONAL, que permitiera a todos los colombianos abocarse a la tarea de conformación de un gobierno pluralista, patriótico y democrático.

LA OCTAVA CONFERENCIA en su DECLARACION POLITICA, declaraba la construcción de un NUEVO GOBIERNO PARA ALCANZAR LA PAZ.

Esta conferencia valoró profundamente la reactivación del movimiento popular en la lucha contra la política del gobierno. Al término de las sesiones se reunió el nuevo Estado Mayor Central, ratificando en su condición de Comandante en Jefe al Camarada Manuel Marulanda Vélez.

Pasarían a ser siete los integrantes del Secretariado Nacional: los Comandantes en ejercicio Raúl Reyes, Alfonso Cano, Timoleón Jiménez, Iván Márquez, a quienes se sumaron los comandantes Jorge Briceño y Efraín Guzmán.
“Mantendremos en alto nuestras banderas” fue la promesa empeñada reflejada en uno de los párrafos de la declaración final de la conferencia, que levantó su consigna: “Comandante Jacobo Arenas, estamos cumpliendo” en claro y emotivo homenaje al camarada inolvidable.

Al término de la Octava Conferencia Nacional quedó ratificada la tarea de continuar la senda trazada por el Libertador Simón Bolívar, trunca en su momento por la traición de la aristocracia de la época. El capital financiero continuaba dañando las fibras del tejido social mucho más de lo que ya habían sido dañadas.

Mientras en público acusan a los narcotraficantes por el daño que éstos causan a la población, en privado incentiva los mecanismos para incorporar orgánicamente el dinero de la droga en la economía nacional.

Y para el pueblo, la miseria...

Esta es la forma de actuar del capitalismo salvaje y el neoliberalismo como versión más despiadada, mas de 18 millones de colombianos se sumergieron en los niveles más bajos de los índices de pobreza.

Como siempre estas cuestiones generan fuertes manifestaciones opositoras al silencioso crimen que se perpetúa, el doctor Gaviria necesitó fortalecer su aparato represivo, reformó la justicia y modificó la Constitución, tornando al Estado más oligárquico, autoritario y anti-popular.

Aumentó la cantidad de tropas, soldados mas profesionalizados, compra de armamentos dotados de la mas alta tecnología , perfeccionó las técnicas de inteligencia, compró los medios de información , creó nuevas construcciones castrenses, todo en torno a aumentar la represión al pueblo.

La tragedia de los éxodos campesinos, huyendo de la represión, los bombardeos y las masacres colectivas.

Las fuerzas armadas quedaron mucho mas comprometidas con sus políticas de guerra, mientras que muchos se enriquecieron aceleradamente en medio de semejante corrupción. La justicia colombiana dejó de ser transparente y se asemejó a la norteamericana, transformándose en acusatoria.

Históricamente toda persona era inocente hasta que se comprobara lo contrario, últimamente se maneja en base a informantes, una Fiscalización General de la Nación comenzó a elaborar acusaciones en base a esos informantes pagos y a mentiras de la mas baja calaña. Fue trasladado de los Estados Unidos ese inmoral principio que afirma que “toda persona tiene su precio”. Los sentimientos y las acciones de solidaridad son pisoteados, la indignidad y la inmoralidad son los rectores del Estado Colombiano. El fascismo impera en este territorio donde las FARC-EP entablan una lucha heroica por modificarlo.

El gobierno colombiano abrió los caminos para la imposición de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la normativa constitucional colombiana. Decretaron el Estado de Conmoción Interior que presentó al parlamento el proyecto de ley que transforma sus medidas extraordinarias en normas permanentes e incluyó otro proyecto de ley para reglamentar los estados de excepción. Todo con un profundo contenido antidemocrático, dictatorial, dirigido contra el movimiento popular para desarticularlo de su lucha y sus convicciones.

No obstante lo tétrico del proyecto bestial, ninguna de estas medidas afecta el accionar guerrillero. Los golpes recibidos en esa última etapa en lo substancial no fueron muy distintos a los de las anteriores. Las medidas apuntaron históricamente contra los trabajadores, los campesinos, los empleados, todos aquellos que reivindicaban sus derechos como los sindicalistas, los universitarios, cuyas protestas son criminalizadas tildándolos de terroristas, para hacerlos pagar con cárceles su lucha.

Sin embargo todo esto no fue suficiente, el gobierno presentó ante el Parlamento un proyecto de ley sobre seguridad y defensa que pretendía, en sentido contrario al sentimiento popular, agregar el título de “enemigo interno” como norma constitucional. De esa manera todos los recursos de la nación serían utilizados para la guerra, liquidando de un solo golpe todas las garantías individuales existentes en el país.

Estamos en condiciones de asegurar que el mismo modus operandi fue aplicado como filosofía básica por todas las dictaduras de turno en el cono sur del territorio americano, citamos como ejemplo la guerra sucia que causó desapariciones en el marco de una política de terrorismo de estado a mediados de la década del “70” en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay.

Hacer la guerra para el gobierno colombiano, se convirtió en un negocio redituable, ya que les permitió disponer de dinero y poder para trabajar para la imposición de sus modelos económicos, siempre digitados por el imperio del norte.

El 31 de octubre decidieron incentivar exhaustivamente una guerra para poder implementar el nefasto modelo neoliberal que se lograría reforzando la seguridad mediante las conocidas prácticas de violencia e intolerancia, tal como lo venían haciendo las clases dominantes desde la década del “50”.

Los resultados de la violencia

FARC-EP ratificó tal como lo hace hoy mismo, la decisión de continuar en la búsqueda de la tan ansiada paz, levantando sus banderas y sus armas porque los problemas de hoy son aún mas graves que los anteriores, porque la actitud violenta del Estado va negando la posibilidad de construcción de espacios verdaderamente democráticos. FARC-EP trabajará hombro a hombro con todos aquellos que estén convencidos que el destino de Colombia NO puede ser indefectiblemente el de la guerra civil.

La profunda crisis vivida por los partidos tradicionales, imposibilitaron la creación de propuestas serias y programas claros. Sin embargo nada impidió que diversos sectores de la sociedad colombiana se pronuncien a favor de los acuerdos. El Foro para la Defensa de los Derechos Humanos, el Foro de Organizaciones Cívicas y populares, el ex presidente Misael Pastrana Borrero, la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, la Comisión Pro-Amnistía, el escritor Gustavo Alvarez Gardeazábal y otras destacadas personalidades, obispos, la CUT, y muchas otras organizaciones cívicas y populares, demostraron una gran voluntad por la salida negociada.
Propuso una PLATAFORMA PARA UN NUEVO GOBIERNO DE MAYORIAS.

Al concluir la OCTAVA CONFERENCIA NACIONAL, FARC-EP ratificó la tarea de proseguir el ejemplo de la gesta emancipadora del LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, continuando el camino hacia la conformación de La Patria Grande Latinoamericana.

La Doctrina de la Seguridad Nacional: El Principal Obstaculo para Alcanzar la Paz

Por Pablo Catatumbo
“El destino del ejército
es guarnecer las fronteras
Dios nos preserve que
Vuelva sus armas contra
Los ciudadanos”.

SIMÓN BOLÍVAR
No existe en Colombia factor más presente, realidad más dramática y de mayor incidencia dentro de la actual confrontación, ni obstáculo más difícil de remover para alcanzar la paz democrática a que aspiramos todos, que la DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL.

En efecto, difícilmente podrá encontrarse otro elemento, dentro de los muchos que gravitan en torno a la problemática de la situación que vivimos, que explique mejor, el meollo de la confrontación entre las FARC-EP y el Estado Colombiano, que el desarrollo de la aplicación de esta concepción. Y eso es así, porque detrás de la doctrina de LA SEGURIDAD NACIONAL o tal vez será mejor decir: que en razón de ella, se abrió el boquete para que se instaurara en nuestro país la guerra sucia que tanto dolor y tanta sangre le ha costado a nuestro pueblo; el crimen político, el asesinato selectivo de dirigentes de la oposición; la desaparición forzada de miles de compatriotas, las torturas, centenares de masacres que aún hoy permanecen en la impunidad; en fin, todos los crímenes englobados dentro de la denominación genérica del “terrorismo de Estado”.

En ella también se han inspirado los decretos Ley que colocan en la ilegalidad las huelgas obreras, las manifestaciones populares, los paros cívicos y cualquier otra forma de descontento legítimo por parte de la ciudadanía. Al introducirse en Colombia por cuenta de esa teoría el concepto de “Enemigo Interno”, se decretó la guerra al pueblo y se le arrebató la paz a la patria.

En realidad, es allí donde mejor se resume la concepción de Estado, con la cual las actuales clases dominantes han venido diseñando, perfilando y ajustando los mecanismos que le ha permitido perpetuarse en el poder como clase, excluyendo de este a las mayorías y haciendo de Colombia una democracia en lo formal y un país extremadamente desequilibrado, antidemocrático, excluyente y represivo en lo real. La dicotomía que existe entre el país formal y el país real, es un hecho que ya casi nadie lo discute.

Teóricamente, el Estado está instituido entre otras muchas cosas para defender a todos los asociados en su vida, honra e intereses vitales; los recursos naturales pertenecientes a la nación, la identidad nacional y la soberanía de la patria. Pero en Colombia, esta función ordenadora del Estado que regula las libertades individuales, las de las clases y grupos que integran la sociedad hace ya mucho rato que dejó de cumplirse. En su reemplazo, la función del Estado, se ha orientado fundamentalmente a garantizar los privilegios e intereses y estrategias externas, ajenas al sentir de la nación.

Y, para asegurar eso, se ha recurrido siempre a la fuerza, a la militarización de los conflictos sociales, a la represión, al militarismo desembozado y hasta el asesinato político. De guardián de la heredad de la nación, el Estado ha pasado a ser, guardián de intereses políticos y económicos de unos pocos privilegiados. Todo esto, a nombre de la defensa de la “democracia” y por cuenta de la DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL.

Contra esta concepción del Estado, contra este diseño antidemocrático y excluyente, sordo a las angustias de la mayoría, insensible ante los reclamos de la gente humilde y, eminentemente militarista, se ha levantado en armas, la insurgencia, que hoy se agrupa en las FARC-EP.

Ya es hora de iniciar la discusión y el debate sobre este tema que la Constituyente dejó intacto, y dejar de considerar, que la elaboración de los conceptos de SEGURIDAD y DEFENSA, son monopolio exclusivo de las élites militares. El debate sobre la reorientación del papel de las Fuerzas Armadas en una Nueva Colombia democrática, pluralista y en paz, como la queremos, debe ser asumido en su conjunto por todos los colombianos, pues es materia que nos compete y nos compromete a todos.

En Colombia está haciendo falta este debate, porque hace ya rato que se estableció la inutilidad del reformismo formalista que ahora se nos quiere presentar como panacea; de esa especie de “gatopardismo” que pretende entronizarse y hacernos creer que “en Colombia la reforma política ya estuvo hecha”, y que persiste en la absurda creencia de que todos los conflictos sociales pueden superarse, con ligeros retoques a las normas jurídicas, sin llegar al fondo del problema, sin quebrar un huevo, o como gato que se mueve entre vitrinas de fina cristalería.

Hay que insistir en esto, porque ya está visto que ninguna reforma superficial, ningún acuerdo político que no contemple un cambio estructural, de fondo, o la abolición absoluta de las concepciones de Seguridad del Estado que hoy se aplican en nuestro país inspiradas en la DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL, podrá devolverle la paz a Colombia.
EL ORIGEN DE LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL
Muchos de los estudiosos del tema coinciden en afirmar que la DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL, TIENE UN ORIGEN OSCURO. Nadie reclama ni reconoce su paternidad, aunque se admite, que sus principales fuentes de inspiración hunden sus raíces en el pensamiento geopolítico europeo, principalmente el pangermanismo fascista nazi, la política estratégica global norteamericana y en menor escala, las doctrinas francesa e inglesa de la contrainsurgencia de la década de los cincuenta.

Existe sí, unanimidad en reconocer como su principal exponente al sueco Rudolf Kjellen, quien en su obra “El Estado como forma de vida” publicado en 1.946, expuso los principios básicos fundamentales, las lineas gruesas de la concepción de lo que hoy se conoce como la DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL.

Res años más tarde, en 1.949 se fundaría en Brasil, la Escuela Superior de Guerra, que no tuvo ningún escrúpulo en proclamar que la política que le servía de base, nacía de las concepciones de la SEGURIDAD NACIONAL. Fue en ese entonces cuando comenzó a hacerse familiar a los oídos de los latinoamericanos el término de SEGURIDAD NACIONAL, generalmente acompañado de golpes militares de signo derechista, de los cuales la susodicha escuela se convirtió en una verdadera fábrica. Brasil en 1.974, Bolivia en el mismo año, Argentina en 1.966 y nuevamente en 1.976, Uruguay en 1.973 y Chile en el mismo año. Se iniciaba así una nueva etapa en la carrera criminal del militarismo en nuestra América.

Los Estados Unidos por su parte, toda la vida han negado tener algo que ver con la mencionada doctrina. En 1.991, el periodista chileno Raúl Shor, especialista en asuntos militares y estudioso del tema, realizó indagaciones sobre el origen de la mencionada doctrina, con diversas fuentes norteamericanas en el Pentágono, en el Comando Sur con sede en Panamá y en la Escuela de Las Américas, y comenta en un artículo publicado en ese mismo año, que, ante la pregunta sobre los orígenes de dicha concepción a sus diversos entrevistados, formalmente la respuesta fue la misma: “No existe semejante doctrina. No hay un solo documento en los Estados Unidos que la postule”. Comenta el periodista que después de indagar, un alto oficial del Comando Sur aventuró a decir: “Me parece que existe un solo documento llamado: National Security Doctrine que data de 1.951, pero está archivado hace ya mucho tiempo. Hasta donde yo sé, la doctrina de la cual usted me está hablando es invención de los brasileros”.

Preguntado el Comandante de la Escuela de Las Américas de esa época, el coronel norteamericano Noel García, declaró: “Nunca he entendido qué quieren decir con esa doctrina que tiene su origen en el Cono Sur”.

Seguramente el coronel norteamericano pasa por alto que fue uno de los textos que sirve como guía en los cursos que se dictan en su escuela, a oficiales de los distintos ejércitos latinoamericanos que a ella asisten, de donde se extrajo la siguiente cita de la más alta estirpe de la doctrina:

“La subversión no es necesariamente armada, ya que se manifiesta en forma de manifestaciones, huelgas, aplicación en ciencias sociales comprometidas, iinfiltración en escuelas y universidades. Todos estos mecanismos se tornan cada vez más sutiles y el peligro se cierne sobre nosotros y nuestros seres más queridos.

Tenemos una grave responsabilidad sobre nuestros hombros: la de combatir con un enemigo que no se puede reconocer, ni saber cuándo dará el golpe. Por eso hay que estar prevenido para contrarrestar sus acciones o tomar la ofensiva en caso necesario”.

No obstante, y a pesar de las evidencias, en nuestro país también se han empezado a oír voces en ese mismo sentido, que niega la existencia de la DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL.

Que la doctrina de Seguridad no existe, que es una falacia. Que no se conoce ningún documento con ese nombre que sirva de cuerpo de doctrina a nuestras fuerzas militares, son, palabras más palabras menos, los argumentos que se le han escuchado al Ministro de Guerra y otros altos funcionarios Gubernamentales.

Otros dicen, que esa concepción fue diseñada, planificada y ejecutada para los años de la guerra fría y, que al cambiar las circunstancias que le dieron origen, ya no tienen aplicación en Colombia.

Así debería ser, pero no ocurre, como veremos más adelante. De tal manera que aceptar dichas explicaciones sin beneficio de inventario, puede conducirnos a caer fácilmente en el error de darlas por ciertas, en absoluta contravía con la realidad que vivimos en nuestra patria. Pudiera reconocerse –en vía de discusión- que la DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL no tiene un origen único y totalmente norteamericano. Pero, negar que fueron ellos quienes primero la adoptaron, después la desarrollaron y luego la impusieron como camisa de fuerza para preservar la hegemonía sobre los pueblos del tercer mundo y especialmente de América Latina, es algo que ningún analista serio se atreve hoy a sostener.

En ese mismo sentido, es muy difícil negarse a reconocer que el aporte, el verdadero aporte de los Norteamericanos al desarrollo de la concepción que venimos analizando y el fundamento principal de lo que han dado en llamar ”Doctrina del Conflicto de Baja Intensidad”, (esa sí, de autoría reconocida por el Pentágono), lo constituye la introducción del concepto de “ENEMIGO INTERIOR”, identificando con este término toda manifestación de descontento social, de oposición al sistema, de protesta cívica, señalándola como subversiva, como expresión de un “enemigo interno”, que lo que quiere es destruir al Estado, para sustituirlo invariablemente, por otro de estructuras afines a las existentes en la otrora llamada “cortina de hierro”

En ese mismo orden de ideas, como de lo que se trata es de destruir el Estado por parte de un “enemigo interno”, el Estado debe reaccionar para defenderse; y dado que el instrumento principal de defensa que posee el Estado son las Fuerzas Armadas, es a ellas a quien corresponde el papel fundamental de salir en defensa del sistema amenazado. No importa que ello signifique desviarlos de su misión principal de defender las fronteras y la soberanía nacional de una agresión extranjera para entrar a considerar su propio pueblo, sus propios hermanos nacionales como enemigos a destruir en una guerra interna.

A la par de este nuevo dogma y para acallar suspicacias de la opinión política de su país, los estrategas norteamericanos proclamarían el debut de su otro gran aporte a las concepciones de la “Doctrina de la Seguridad Nacional”: el principio de la “defensa interna en el exterior”. Según este principio, los “Estados Unidos apoyarían y aprobarían la participación del sector civil y de las propias agencias militares de la Unión Americana en cualquier programa de acción que haya tomado otro gobierno con el propósito de liberar y proteger al pueblo contra la subversión, el desorden y la insurrección”. “Tomado de: el mandato para el liderazgo. Richard Shultz).

De esta manera quedaba justificado el más descarado intervencionismo en nuestros asuntos internos, y de paso, por cuenta del principio “defensa interna en el exterior”, los Estados Unidos extenderían su red de dominación sobre nuestros países y dejarían allanado el camino a sus omnipresentes y tentaculares servicios de inteligencia y sus agencias de crédito (el episodio reciente de la llamada certificación, es un ejemplo). Estados Unidos no podía permanecer indiferente de lo que ocurriera fuera de sus fronteras y se erigía así en el policía del mundo, pues lo que estaba en juego era su seguridad y la de sus intereses. La CIA, la USIA, la AID, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, todos ellos estaban dispuestos a sumar sus esfuerzos para defender “la democracia”. En adelante, las descaradas intervenciones en los asuntos internos de otros países, se llamarían “ayudas” y las afrentosas invasiones militares que humillaban la dignidad de los pueblos, se llamarían “liberaciones”, todo pues, quedaba justificado con el pretexto del principio de “defensa interna en el exterior”.
LAS BASES DE LA DOCTRINA
Según la brillante síntesis que sobre los fundamentos de esa teoría hiciera el sacerdote LUIS CARLOS BERNAL de la Compañía de Jesús, doctor en Teología de la Universidad de Lovaina y exprofesor de la Universidad Javeriana citado por Jacobo Arenas en su libro “Cese el Fuego”: “La Doctrina de la Seguridad Nacional, parte de una concepción global, general, totalizadora, de lo que debe ser la función del Estado”. La noción de Estado se identifica con el poder. Los individuos no existen, los pueblos son un mito, lo único que existe son las naciones. La nación, la patria, todo se identifica con el Estado. El Estado es un organismo que tiene que defenderse y está en lucha permanente para garantizar su seguridad.

“Como la guerra es total, la estrategia también es total. La política es solo un aspecto de la guerra y de la estrategia total y en consecuencia debe someterse a ella”.
A su vez, dicha estrategia se basa en tres principios fundamentales:

a) Un proyecto nacional. O los objetivos nacionales.

b) La seguridad nacional, que es la base de todo proyecto nacional y a la vez, es su valor absoluto e incondicionable, es norma útil de todas las actividades públicas y privadas.

c) El poder nacional que es en el cual se fundamenta la posibilidad, la legitimidad y el valor de toda actividad.
Para llegar a un máximo de seguridad nacional y de poder nacional, es necesario, admitir un cierto grado de sacrificio que se encuentra especialmente en el nivel económico y en el de las libertades individuales. Los individuos deben entender que la seguridad es un valor superior a la satisfacción de las actividades económicas o al ejercicio de sus libertades.
Ahora bien, puesto que nunca se les ha confiado la conducción de las guerras a las masas o al pueblo, “es responsabilidad de las élites militares, llevar a cabo la dirección de la estrategia total. Como este es el campo en que ellos son especialistas, corresponde a las fuerzas armadas asumir el liderazgo en la lucha por la supervivencia del Estado.

Finalmente, la estrategia total reclama adhesión total del individuo al estado, considerando la seguridad de este por encima de todos los demás. En esta guerra no se admite a los neutrales. Los disidentes de buena voluntad serán considerados irredimiblemente los “idiotas útiles” al servicio del enemigo. Por último todo se hará en nombre de la “democracia” y en “defensa de las instituciones”, del “orden establecido”, de la “autoridad legítima” y en últimas en nombre “de la defensa de la civilización occidental y cristiana”.

Esta es, dijéramos, la forma clásica y original de presentación de la doctrina, según la lúcida exposición del levita.

Posteriormente y como corolario de esta teoría, sus inspiradores le agregarían el siguiente desarrollo:

“Como en las condiciones de un mundo nuclearizado, las grandes contradicciones del mundo contemporáneo ya no podrán resolverse en la arena de una conflagración mundial, pues el empleo de armas atómicas pondría en peligro la existencia misma del bando victorioso, la guerra se desplaza del teatro internacional al escenario de cada país por separado.”

Se introdujo así, de contrabando entre nosotros, el concepto de “enemigo interno”, calificativo con el que se asimila a todo aquel que proteste, luche o manifieste algún tipo de inconformidad con la política oficial, o que a juicio del establecimiento, ponga en peligro la estabilidad del poder o de las “instituciones”.
LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD EN COLOMBIA
A Colombia la DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL llegó a mediados de la década del 50, muy posiblemente a partir de la participación del ejército colombiano en la guerra de Corea.

En 1.962 ocurrió un hecho aparentemente intrascendente y absolutamente olvidado en todos los textos y los análisis de la historia oficial, pero que habría de tener una enorme significación para el futuro de la paz y de la violación de los Derechos Humanos en Colombia.

Según el testimonio del Dr. Alfredo Vásquez Carrizosa, Presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en Octubre de ese año, llegó al país el general norteamericano William Yarborough. El general Yarborough era el comandante del “Special Warfare Center” de For Bragg en Carolina del Norte, el mismo que servía de cuartel general a la 82 División, más conocida como la de los Green Berets o Boinas Verdes, de tan ingrata recordación por su participación en la guerra del Viet Nam.

La misión Yarborough, (según la versión del Dr. Vásquez Carrizosa) “Se reunió con el Ministro de defensa de esa época y tuvo completo acceso a la policía civil y política (DAS).” “Recomendaron crear organizaciones nuevas de tipo antiterrorista y grupos de lucha anticomunista. Sin embargo la nueva escuela de contrainsurgencia, apareció en una separata especial llamada, “Suplemento secreto para el principal esquema del reporte clasificado”. Allí, la prescripción del general Yarborough para Colombia era la organización de grupos paramilitares secretos para llevar a cabo operaciones militares encubiertas contra la oposición doméstica nacional”.
Curiosamente, unos años después de esa visita, el gobierno nacional (Lleras Restrepo) expediría el decreto de Estado de Sitio N° 33 98, mediante el cual se organizaba “La Defensa Nacional”. Entre los considerandos del decreto figuran “los planes de seguridad interior y los compromisos que el país tiene contraídos en el campo internacional”. Ese decreto ha dicho el jurista y destacado investigador Eduardo Umaña Luna “fue el resultado de la reunión de comandantes militares que hubo en Lima”, donde se aceptó la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. (Investigación del CEIS).

Como se sabe, el contenido de ese decreto de Estado de Sitio fue convertido en Legislación Ordinaria mediante la Ley 48 de 1.968. Después vendría la expedición de la tristemente célebre resolución 005 por medio de la cual se aprobaba el llamado “Reglamento de combate de contra guerrilla”, que a la postre se convirtió en el instrumento legal y la patente de corso para el surgimiento de tenebrosos grupos paramilitares, que con el correr del tiempo sembrarían de llanto y dolor nuestros campos y ciudades.

Después vendrían los “teóricos” de la doctrina, a complementar el trabajo del general Yarborough, los llamamientos a descabezas literalmente a la oposición, a desatar la guerra sucia contra el pueblo, a justificar el crimen político y el asesinato de líderes populares, con el pretexto de ser aliados o “brazos políticos de la subversión”. Todo esto, en labios o en pluma de encumbrados integrantes de la cúpula militar del establecimiento, como el general Fernando Landazábal Reyes, quien en 1.982, siendo comandante general de las FF.MM. escribió:

“Lo primero que hay que saber es contra quién se va a combatir, qué elementos están causando los daños presentes o han de causar los futuros; qué organizaciones los amparan, qué políticas los dirigen, cuál es la razón de ser de su lucha y donde se encuentran localizados sus partidarios. No menos importante que la localización de la subversión, es la localización de la organización política de la misma.”

“La dirección política no debe interesarnos menos que la militar y una vez reconocida y determinada la tendencia hay necesidad de ubicar la ideología que la anima plena y cabalmente, para combatirla con efectividad. Nada más nocivo para el curso de las operaciones contrarevolucionarias que dedicar todo el esfuerzo al combate, dejando de lado y en pleno ejercicio libre de acción, la dirección política del movimiento.”

“Se hace necesario dirigir hacia tan importante sector, ese esfuerzo coordinado de una política resuelta a imponer la voluntad, en el campo de la controversia y en el campo de la acción armada...Es un error combatir con exclusividad el elemento armado de cualquier organización constituida en la dirección intelectual de os organismos revolucionarios.”

Es pues, un hecho histórico incontrovertible que, admitido el principio de la consagración de las fuerzas armadas a la defensa, no de la nación sino de un sistema y legitimadas las “auto defensas” a través de la resolución 005 del Comando del Ejército, la formación del paramilitarismo y la entronización de la guerra sucia en Colombia es, integralmente creación del Estado, con todas sus consecuencias.

Que se sepa, nadie hasta ahora ha demostrado que no sea esta la orientación principal por la que se rigen oficialmente las fuerzas militares dentro de su concepción de “guerra interior”, y el fundamento ideológico que alentó la creación de grupos paramilitares y que condujo al holocausto, a más de 3.000 militantes de la U.P. y otros partidos de izquierda.

De allí, que no resulte fácil para el Estado, eludir la responsabilidad que le cabe por la creación de estos macabros instrumentos de muerte, que tanto han tenido que ver con la situación de zozobra que vivimos, con el simplista argumento de que los decretos que justificaron un día su legalización, ya están derogados. El decreto 815 de 1.989 es cierto, derogó las medidas que permitían amparar como propiedad particular, armas de uso privativo de las fuerzas armadas. Sin embargo el contenido de esta norma fue lo único que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional. Lo demás quedó intacto.

Y decimos que no es fácil para el Estado, eludir responsabilidades, porque es ahí, en el espíritu de esa ley, la llamada ley 48 de 1.968 y en la concreción de la llamada legislación de orden público o “estatuto antiterrorista” que desconoce la existencia del delito político en Colombia que define en forma ambigua el delito del terrorismo para poderlo usar como garrote contra todo el mundo; que criminalizó la protesta social; que faculta a las fuerzas militares para realizar diligencias judiciales, que erige la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y entroniza el sistema acusatorio, pero deja por fuera de la acción de la misma, a los miembros de las fuerzas militares investigados por flagrantes delitos y gravísimas violaciones de los derechos humanos, crímenes y hasta masacres. Es ahí, y en el acendrado espíritu anticomunista en que han sido adoctrinadas las FF.AA.; en la guerra sucia y en la espantosa impunidad que para estos delitos existe en Colombia, donde está condensado todo el trasfondo de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional en nuestro país.

LA D.S.N.: OBSTÁCULO DE LA PAZ
Salta a la vista la trascendentalidad que para la paz y para el proceso de búsqueda de una solución política al conflicto social que afrontamos, tiene la discusión de este tema vital, en la configuración de una Nueva Colombia realmente democrática y en paz.

Es evidente la responsabilidad que en el desarrollo y en el surgimiento de la violencia política de Colombia en esta mitad de siglo, ha tenido esta concepción tan profundamente arraigada en el pensamiento militar del establecimiento.

Es un hecho indiscutible que ella ha tenido mucho que ver con la generación de las causas, que han originado en nuestro país la existencia y la persistencia de un vigoroso movimiento guerrillero como el que hay actualmente en Colombia. Recordemos que la “Operación Marquetalia” que le dio origen a las FARC, se inició con el auspicio de esta teoría y bajo la égida del Plan Lasso, elaborado por el Pentágono (Estado Mayor del Ejército Norteamericano).

Seguir persistiendo en su aplicación, considerando como lo cree el gobierno que los problemas de seguridad del Estado, son un problema circunscrito meramente al ámbito de lo militar y que se resuelve con solo agregarle más dígitos al presupuesto del MINISTERIO DE DEFENSA, solo podrá conducirnos a la vorágine de la guerra total y a una espiral de violencia cada vez mayor y de imprevisibles consecuencias para los colombianos.

No es posible seguir considerando sensatamente, al militarismo como la gran panacea para nuestros males, como una especie de pomada milagrosa contra todo, mucho más si se tiene en cuenta que, después de 40 años de estarla usando como medicina, los resultados han sido desastrosos.

Es ahí donde radica el problema. Lo que se ha dado en llamar “Estrategia de Paz” del gobierno ha hecho crisis, se ha empantanado y se seguirá empantanando si el gobierno insiste en introducir elementos contenidos en su “Estrategia Nacional contra la violencia”, que busca a todo trance la derrota y la aniquilación de la guerrilla, sin apuntar a la solución definitiva del conflicto social que le dio origen y a las causas que lo alimentan.
HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD
Cuales pudieran ser las bases sobre las cuales construir una nueva concepción sobre la seguridad y la defensa nacional?

Aunque el tema es complejo y muy amplio vale la pena adelantar algunos criterios, no sin antes advertir que no está en nuestro ánimo pretender estar diciendo la última palabra.

En primer lugar, la DOCTRINA SOBRE LA SEGURIDAD NACIONAL debe ser eliminada como fuente doctrinaria o filosófica sobre la que se erigen las concepciones de seguridad que rigen la nación, pues sus postulados, además de haber demostrado una total ineficacia en lograr cuanto se proponían, son contrarios y antagónicos con la filosofía política que anima toda sociedad democrática.

De la misma manera, los conceptos de “guerra interna” y “enemigo interior” que han llevado a la criminalización de toda protesta cívica, sindical o social, deberían ser desterrados. Si toda protesta ciudadana es percibida y tratada como una “amenaza subversiva”, difícilmente se pueden construir las bases para la tramitación pacífica de los conflictos sociales, y de hecho, se está decretando la guerra. En este sentido, insistimos, la doctrina de la seguridad, ha convertido a las Fuerzas Armadas en uno de los principales factores que generan violencia aquí en Colombia, lo cual es muy grave para su institucionalidad y como hemos dicho, uno de los principales factores que originan y sustentan la vigencia del alzamiento armado.

Con un acuerdo en este sentido, pudiéramos decir, que estaríamos desactivando una de las causas que dieron origen a la confrontación y avanzando hacia la superación efectiva de la que se ha erigido como la principal talanquera que impide avanzar en firme hacia un acuerdo de paz definitivo.

En segundo lugar debe permitirse una redefinición del papel del ejército dentro del Estado y de su doctrina. Los ejércitos (no estamos descubriendo el agua tibia), en cualquier país del mundo y ello desde la formación de esos Estados nacionales hace más de cuatro siglos descansan en una doctrina. Y ella se elabora sobre la base de la hipótesis de los conflictos más probables que haya de confrontar la nación, a la que le sirve el aparato militar y, con arreglo a la situación política prevaleciente internacionalmente en una perspectiva prolongada.

En la doctrina que sirva de cabecera al ejército, han de analizarse las contradicciones del Estado con otros Estados, vecinos o no, y entre ellas, las que sean insolubles por medios diplomáticos, las cuales llevarían irremisiblemente a la guerra.

Según sea la gravedad o inminencia de los choques posibles, el aparato militar determina su volumen, al momento y estrategia concretas.

Estas son (como se dice) verdades conocidas, pero en Colombia, el ejército ha tenido siempre una doctrina que desconoce estos principios, apoyado en una “hipótesis” que vislumbra el conflicto interno “como una contienda inevitable a la que hay que enfrentar militarmente”. El espíritu, la organización, el entrenamiento, las armas y el despliegue estratégico de sus fuerzas, obedecen a tal hipótesis, que considera fatal por razones sociales y geopolíticas ese tipo de confrontación entre nacionales.

En este caso la situación también amerita un cambio, pues como lo recomendó hace algún tiempo la “ COMISIÓN SURAMERICANA PARA LA PAZ, PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA DEMOCRACIA”:

“Es necesario e imprescindible diferenciar los conceptos de seguridad y defensa; dar respuestas políticas y no militares a los conflictos sociales, dejar atrás la doctrina de la seguridad nacional, sustituir la hipótesis de conflicto, por hipótesis de cooperación, reformular el sistema hemisférico basado en el TIAR, lograr el diálogo entre las instituciones civiles y posibilitar el desarrollo de un sistema Latinoamericano de seguridad”.

Estas serenas y muy equilibradas apreciaciones de ilustres patriotas Latinoamericanos algunos de los cuales han ocupado altas posiciones en ejércitos del continente, deberían tenerse muy en cuenta en el evento de un replanteamiento.

Del mismo modo, debe redefinirse el concepto estratégico de “Enemigo Principal” y rediseñarse en una DOCTRINA PATRIÓTICA DE DEFENSA NACIONAL que responda a los objetivos e intereses de todo el pueblo colombiano y que sea expresión de nuestra experiencia, valores y formas de percibir nuestra realidad nacional.

Una DOCTRINA PATRIÓTICA DE DEFENSA NACIONAL si bien no puede partir de una imagen ingenua e idealista de los que son las relaciones entre Estados, si debe reconocer la pluralidad y diversidad interna que caracterizan las democracias y ver en las posibilidades de innovación, creatividad y participación del conjunto de la población que con ello se abren, su mayor fortaleza como Estado soberano; sin perder nunca de vista, que el único depositario de la seguridad nacional en un Estado de Derecho, es el propio pueblo.

Es absolutamente necesario reiterar, que la seguridad nacional de un país no reposa exclusivamente, ni siquiera primordialmente, en la fuerza militar, si no fundamentalmente en el desarrollo de cauces estables de progreso social, económico, político y en el bienestar de su pueblo.

En esta dirección se debería partir de un principio básico fundamental: en un Estado de Derecho, en principio, no existe “enemigo interno absoluto”, pues se supone que la ampliación de los espacios democráticos garantizará dirimir los conflictos sociales por la vía pacífica, haciendo innecesario el recurso de las armas.

En lo internacional, una “Doctrina Patriótica de Defensa Nacional” no puede basarse en hipótesis de confrontación agresiva contra ningún país del mundo, si no, orientarse hacia una política de Defensa Nacional tercermundista e integracionista a nivel Latinoamericano, que contribuya a reorientar nuestra estrategia hacia considerar como los reales problemas de seguridad de nuestra América; el hambre, el subdesarrollo, la marginalidad, la corrupción, la pobreza, la no equivalencia y la desigualdad de nuestras relaciones con los Estados Unidos; así como el peligro de amenaza de una intervención militar por parte de los EE.UU., rechazando al mismo tiempo, cualquier tipo de insinuación agresiva contra naciones hermanas, o suscribir pactos militares que comprometen nuestra dignidad nacional o nuestra independencia.

Es necesario tomar del ideario Bolivariano la idea según la cual “la misión principal del ejército es la de guarnecer las fronteras patrias”. En la actualidad, el dislocamiento de las Fuerzas Armadas está concebido para combatir la guerrilla y no para defender la nación, como lo demuestra el hecho de no poseer ninguna División, Brigada o alguna fuerza importante en la zona de frontera, con excepción de la Segunda Brigada con sede el Barranquilla.

Nuestros militares deben ser educados políticamente en la idea del patriotismo y del amor al pueblo, en la idea de la unidad nacional, de la defensa de la patria contra una agresión extranjera; en la idea del pluralismo y del respeto a los derechos humanos como un principio sagrado de su cuerpo de doctrina; pues es un hecho que, del tipo de educación que reciban, de su visión política dependerán sus modalidades de acción, sus prioridades y sus valores.

En las escuelas de formación académica para oficiales, suboficiales y soldados no debería permitirse la instrucción en ideas que correspondan a formulaciones estratégicas elaboradas por el mando de estados mayores o de ejércitos extranjeros, ajenos a nuestros propios intereses como nación independiente, o que pongan en peligro la convivencia pacífica entre los Colombianos.

Un tema inevitable en cualquier discusión sobre estas materias, tiene que ser indiscutiblemente, el papel que cumplen los comúnmente denominados servicios de seguridad del Estado o “Cuerpos de Inteligencia”.

Para nadie es secreto que la mayoría de los casos oscuros que ocurren en nuestro país, corren a cuenta de los llamados “Servicios de Inteligencia militar o de policía”. En Colombia es corriente que, bajo el manto de las llamadas “Operaciones de Inteligencia” se encubran actividades secretas, violatorias a los derechos humanos y del código penal. Es opinión cada vez más generalizada, que es en estos terrenos de la “inteligencia” donde se incuban y se protegen los grupos paramilitares o el paramilitarismo. Sin embargo, sobre tan graves sindicaciones sigue reinando el manto de la impunidad, pues es difícil, extraer la realidad dentro de la maraña de mentiras descaradas, verdades a medias y franca desinformación que caracterizan a los servicios secretos.

En este sentido es muy grave el planteamiento contenido en la llamada “Estrategia contra la violencia”, de privilegiar a los servicios de inteligencia, sin considerar su depuración y su replanteamiento. La inteligencia militar es un elemento derivado de la concepción doctrinaria que tiene una fuerza militar, así como de su estrategia; si ella no se rediseña si no se cambia el concepto, el riesgo de que la violación de los Derechos Humanos y la guerra sucia se perpetúen, es muy grande. Porque, tal como están las cosas en nuestro país, la “Inteligencia Militar” que funciona actualmente es policiva y cuasi-militar, con el ingrediente del anticomunismo visceral que le introdujo la DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL; por eso cuando se insiste en el documento (Estrategia Nacional contra la violencia), en fortalecer un sistema de investigación y de información como el actual, sin hacer los correctivos que hemos estado planteando más arriba, lo que se está fortaleciendo no es, la “inteligencia”, como se pretende, sino una modalidad de “Inteligencia” desvirtuada y que ha demostrado ser peligrosa por lo antidemocrática.

La cosa es mucho más grave si se tiene en cuenta que en Colombia, ni la opinión pública, ni los medios de comunicación, tienen certeza de lo que realmente ocurre en las llamadas “Zonas de Operación” contra la guerrilla, ni de la misión que cumplen los servicios de seguridad del Estado, por la sencilla razón de que el ejército tiene completamente aisladas esas zonas y no permite ejercer el derecho de la libre información. De ello dan testimonio cientos de periodistas amenazados o asesinados que lo han intentado.

Urge pues, un debate amplio sobre estos temas vitales para alcanzar la paz. Esta discusión es necesaria, porque allí puede estar la clave de un gran acuerdo nacional, para la convivencia pacífica entre los colombianos y no en la mentirosa retórica de la pomposamente llamada “favorabilidad política”.

Si el gobierno está dispuesto en realidad a buscar facilitar un acuerdo de paz, paz de verdad, estable y con justicia social; si los colombianos estamos de acuerdo en comprometernos todos, en una gran concertación nacional que nos conduzca a construir un país en el que no sea necesario el recurso de las armas para dirimir nuestras disputas políticas por el poder, si estamos dispuestos, todos, a participar en un gran debate nacional que tenga que ver con el tipo de Estado a que aspiramos, con el carácter de unas fuerzas armadas a las que todos acatemos y nos sometamos patrióticamente, con el uso y el manejo que le vamos a dar a nuestros recursos naturales; con nuestra soberanía; con el tipo de democracia que queremos y no con el que nos han vendido; estamos seguros de que le estaríamos abriendo un gran espacio a la paz porque ciertamente en los últimos tiempos los colombianos hemos vivido días decepcionantes. Las esperanzas que depositaron muchos, en que con la Constituyente habría de nacer el nuevo país, ha sido una esperanza inmisericordemente vapuleada y el país sigue igual o peor que antes.

En la última década no hubo mayor esperanza ni mayor expectativa de un futuro mejor, que la que se generó con la constituyente. Pero, la impresión que tenemos todos los que estamos hastiados de esta situación, es la de que, esto no va a cambiar hasta que no acordemos, cómo es que vamos a desmontar ese gigantesco tinglado de estafas políticas, económicas, militares, energéticas y de Derechos Humanos en el que han convertido al Estado Colombiano, las actuales clases dominantes, cuyos principales cerebros y beneficiarios están en el poder desde hace mucho tiempo y solo se representan a ellos mismos y a una minoría insignificante, mientras que los damnificados, somos la inmensa mayoría de los colombianos, sin posibilidades de acceder a donde se toman las decisiones.

Porque una cosa si está bien clara: esto que estamos viviendo no es democracia. La sensación que dejan los años de gobierno de Gaviria y Samper es que aquí no hay democracia, sino una rosca de cínicos gobernándonos.

El país debe tener la certeza de nuestro compromiso con la paz. De nuestra persistencia en la lucha por la solución política, de nuestro anhelo por contribuir a alcanzar una Colombia mejor y más próspera. De que acá también hay gente ansiosa de paz. Corazones de donde bien pudiera salir el grito de indignación de los Troyanos ante el cadáver aún insepulto de su altivo jefe AYAX, en la tragedia de Sófocles:

“Hundido en el averno había de estar,
perdido en el éter quien inventó la
guerra y enseñó a los griegos el
fuego de la bélica contienda de todos
colectiva. Males engendradores de más
males, eso produjo aquel para los
hombres”

Lo que sí no queremos, lo que nadie quiere ni quiere el pueblo colombiano es que tanto sacrificio, tanta sangre derramada de parte y parte, tanta muerte, resulte inútil, para que todo sea igual o peor que antes, para que todo siga lo mismo. Como en el “Gatopardo”, la magistral novela de Lampedusa.

Eso nunca! Porque es contra eso que nos hemos alzado en armas. Solo un acuerdo que presuponga la convergencia de todos los colombianos en torno a un nuevo gran Tratado de Paz, puede conducir a la nación a que irrumpa por fin, la Nueva Colombia.

Mayo de 1.997

¿Que Estado Necesita Colombia?

Al agradecer a la Universidad Santiago de Cali su invitación a participar en este intercambio de ideas, también saludamos su iniciativa, la alentamos a desarrollarla y a generar nuevos y masivos escenarios en donde todos podamos aportar a la construcción del nuevo país en que queremos vivir.

Me atrevo a iniciar afirmando que en Colombia existe una convicción mayoritaria en torno a la necesidad de un Nuevo Estado, pues el actual ha evidenciado su incapacidad para superar la crisis estructural que lo agobia y posicionar al país favorablemente ante los retos del mundo moderno.

Tratando de encontrarle un marco al tema que nos convoca, referencio al Estado Capitalista de hoy, en tres dimensiones: primero, como relación de producción, segundo como Régimen Político y tercero, como aparato coercitivo y hegemónico, dimensiones interrelacionadas recíprocamente que se suponen las unas a las otras.

Como relación de producción, el Estado actual es consustancial al capitalismo que lo erige como equivalente general, de la misma forma que en la economía erige al dinero en equivalente general igualando todos los valores contenidos en las demás mercancías. Por eso en lo jurídico-político, existe la ficción de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y ante las instituciones, surgida en el proceso histórico de génesis del capital y de la clase que lo posee.

Por esto mismo, el Estado capitalista vigente, en tanto relación de producción, solo puede ser destruido definitivamente cuando hayan sido destruidas y superadas las propias relaciones capitalistas de producción.

Al esbozar esta tesis, solo quiero remarcar la convicción que existe en las FARC-Ejército del Pueblo, en torno a la necesidad histórica de construir una sociedad sin Estado como gran meta de la humanidad, en tanto en el devenir social el capitalismo es tan solo un momento, que en la misma proporción que avanza, evidencia su incapacidad para resolver los retos que genera. Los abismos que se profundizan día a día entre el imperio y sus neocolonias, entre países ricos y pobres, entre dueños del capital y trabajadores, entre terratenientes y campesinos en todas las naciones del mundo, confirman este aserto.

Pero la desaparición del Estado y de las clases sociales, solo será posible por la acción permanente de los pueblos buscando su bienestar, la democracia y la justicia social lucha que transita necesariamente por la transformación del Régimen Político, como dimensión específica del Estado.

Decía el Comandante Jacobo Arenas en Conferencia sobre la Estrategia de las FARC en 1989 que “Establecido el Estado, ese Estado tiene una manera de expresarse porque de otra manera no puede existir, que es su Régimen Político, es decir: Yo Estado, me expreso de esta manera, imprimo una disciplina social determinada a esa nación por esto y lo otro, y nombro a un gobierno para que me represente, porque a mi no me pueden ver, yo no soy el señor Estado sino que soy una concepción, y así es toda la historia y eso tenemos que verlo para poder hacer el planteamiento justo, para que ese planteamiento sea el reflejo de la realidad.”

Podemos afirmar que “ese conjunto dinámico de relaciones de poder, surgidas históricamente, mediante las cuales la burguesía, sola o aliada con otras clases explotadoras resaca del periodo pre-capitalista no desaparecida completamente en el proceso de transición al capitalismo, conforma un bloque de poder, para ejercer su dominación como Régimen Político, que ya no solo da cuenta de la expropiación de plusvalía y de renta del suelo, sino de la manera cómo se gobierna un país determinado por parte de la burguesía para obtener estas ganancias.”

La tercera dimensión relativa al Estado, alude propiamente al aparato de hegemonía y coerción a través del cual el capitalismo garantiza que el Régimen Político ejerza las funciones que le pertenecen y dé continuidad en lo ideológico, político, económico y social al sistema en su conjunto.

Sobre estos presupuestos podemos afirmar que en Colombia, al orden del día se hallan las tareas por transformar sustancialmente el Régimen Político y el aparato de Estado, a riesgo de hundirnos como nación en lo más profundo del abismo, pues los intereses de las minorías que conforman el Bloque de Poder, son antagónicos con los intereses de la mayoría de la población, colocándole así una camisa de fuerza a las posibilidades y necesidades que reclama a gritos nuestro pueblo. En palabras del Comandante Manuel Marulanda Vélez el 7 de Enero de 1999 “Han declarado la guerra al pueblo para someterlo a la antidemocrática política neoliberal impidiendo el surgimiento de nuevas fuerzas productivas y la presencia de nuevos partidos en el escenario de la política nacional”.

Dadas las características actuales y el contexto en el que Colombia ha labrado su historia por conformarse como nación, actualmente su conducción política es ejercida por una amalgama que representa intereses imperialistas de poderosas empresas transnacionales, de grandes capitalistas colombianos y de sectores terratenientes ligados a relaciones de producción semifeudales.

Este Bloque de Poder u Oligarquía transnacionalizada y terrateniente, gobierna a órdenes de la Banca Internacional aconductando nuestra estrategia de desarrollo a los designios neoliberales en detrimento de la nación y particularmente de los sectores populares.

De ahí la profunda crisis que nos agobia en lo político, lo económico y lo social. De ahí la moral afectada por la laceración permanente a la dignidad nacional.

En lo económico, el Régimen Político tiene la tarea de sacar adelante los planes del FMI para América Latina y en particular para Colombia, en humillante actitud que esconde perversos propósitos para hundirnos más en el lodazal del atraso y la dependencia al tiempo que aumentan los índices de crecimiento de las transnacionales y de la economía de sus países de origen.

Dice el eminente profesor Raúl Alameda Ospina, presidente de la Academia de Ciencias Económicas: “En el consenso de Washington se precisan clara y taxativamente las cláusulas del contrato unilateral impuesto a América Latina y el Caribe como patio trasero de la gran potencia, cláusulas que obedientemente se han traducido en las siguientes medidas: a) eliminación del arancel como mecanismo de defensa, de las políticas y medidas de protección y fomento de la economía nacional, del crédito preferencial orientado a la producción, de los subsidios al aparato productivo y a las exportaciones, del control de cambios como instrumento de regulación económica y de utilización empresarial de las divisas, del papel de fomento y de prestamista del Banco de la República; b) adopción abrupta y sin compensaciones de la liberación de los mercados comercial y financiero, de las privatizaciones, en realidad extranjerización de los servicios públicos esenciales, de los recursos del subsuelo, del sector financiero, de los servicios de salud y educación, de las concesiones para la construcción de infraestructura vial, energética, comunicaciones y hasta del sistema carcelario; c) restricción del gasto público con el fin de contar con recursos presupuestales para el pago de la deuda externa a costa de la inversión social; d) flexibilización laboral, encaminada a desconocer las conquistas prestacionales y a reducir la participación de la fuerza de trabajo en la renta nacional, y e) aumento exagerado de las cargas impositivas a los consumos populares (IVA) y reducción progresiva del impuesto sobre la renta y afines, en abierto favorecimiento a los grandes capitales.”

Un análisis detenido de estas órdenes imperiales, nos dará la medida exacta de las tareas en que se hallan ocupados los personeros del Régimen Político en estos días y las consecuencias económico-sociales que han generado.

Esta oligarquía colombiana, corrupta por demás, tiene al país al borde del abismo: arruinó al campo hasta llevarnos a importar más de 7.5 millones de toneladas de alimentos al año, cuando hace apenas una década no se llegaba al millón. Acrecentó la concentración de la tierra productiva. Arruinó la industria, especialmente la pequeña y la mediana. Del superávit de la balanza comercial pasó a un déficit cercano a los 6 mil millones de dólares. Multiplicó por 5 la deuda externa privada y por dos la pública en 8 años. Llevó el Crecimiento Económico hasta –5. Impuso un desempleo del 20%, cifra que no referencia el subempleo ni el empleo temporal, ni el detrimento progresivo de las condiciones contractuales del trabajador. Ha ido liquidando progresivamente los sistemas públicos de salud, educación, vivienda. Aumentó dramáticamente las franjas de sectores sumidos en la miseria al tiempo que hunde a las capas medias en la misma dinámica de degradación. Todo esto sin mencionar la vergonzosa entrega de nuestros recursos naturales, de la atmósfera y de los servicios públicos básicos a las grandes empresas transnacionales.

A nivel político, el Régimen utiliza a fondo su poder para corromper y manipular los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones atinentes a los destinos de la nación en general y de municipios y regiones en particular. La denominada ‘democracia participativa’ no es sino la zanahoria a través de la cual la oligarquía colombiana afianza su dominación: los Planes nacionales de desarrollo, la expedición de Leyes, la definición de estrategias nacionales, regionales y municipales, los compromisos y obligaciones fiscales del país y de la ciudadanía, la relación de Colombia con otras naciones del mundo, los códigos de la justicia, la política energética, educativa, de salud, de vivienda, ecológica, las privatizaciones, etc., son cocinados, elaborados y concretizados per sé, en conciliábulos conspirativos, por los personeros del Régimen, al amaño de sus intereses y componendas, manchados siempre por la corrupción pública y privada dimensionada hoy como gran motor de funcionamiento del Estado capitalista moderno.

Valga a manera de ejemplo mencionar el Plan Colombia, cuya aprobación y ejecución, presentados al país como un acto discrecional del presidente Pastrana, compromete la soberanía nacional, la paz de la patria, el futuro de millones de trabajadores del campo y la ciudad, la estabilidad política continental, el presupuesto nacional, la política social, la estrategia agraria y la militar, sin que el señor Presidente se hubiese dignado consultarlo con la nación.

Toda Colombia conoce del ciclo a través del cual los elegidos por votación directa para los cargos de representación, son financiados por la empresa privada, que después cobra por ventanilla su inversión a través de los contratos del Estado, los puestos públicos para realizar las partijas o los beneficios tributarios para sus negocios. O en el peor de los casos una embajada para abrirle nuevos mercados a sus cambalaches particulares.

Las elecciones en Colombia moverían a risa de no ser tan trágicos sus resultados. Nadie cree que los candidatos inviertan tan altas sumas de dinero en las campañas, solo para tener el honor de servirle a la comunidad. Son tan solo un manipuleo de publicistas, medios de comunicación, directorios de los partidos políticos tradicionales y agencias encuestadoras que con el soporte de la acción violenta del Estado, determinan la administración de tiempo en tiempo. El Régimen Político Oligárquico que rige los destinos del país se levanta sobre la violencia, la mezquindad y la inmoralidad.

En Colombia, donde el Jefe del Estado ha jurado defender los derechos básicos de los asociados, se violenta, como política oficial el derecho a la vida, a la honra, a la salud, a la educación, a la vivienda, el derecho a disentir y ser respetado. Por eso el Estado es el violador de los derechos humanos en Colombia. El pueblo que elige los personeros del Estado les ha entregado un mandato para que lo defiendan en lo más elemental y este, por el contrario, desarrolla estrategias precisamente para violentarlo

Nada de esto es nuevo. Tan solo los pretextos para implementar políticas represivas que enfrenten la ira popular desatada por sus medidas, han cambiado de acuerdo al momento que se atraviese. La verdad es que después de la Segunda Guerra Mundial en el marco de la confrontación capitalismo-socialismo, se generó la guerra fría y con ella la Doctrina de Seguridad Nacional, que amamantada, financiada y estimulada por los Estados Unidos de Norteamérica, proveyó de una CONCEPCIÓN DE ESTADO a los gobiernos Latinoamericanos que traslada al escenario de cada país esa confrontación mundial, y determina en cada expresión de lucha reivindicativa, social o política, al enemigo interno que hay que combatir y aplastar.

Siendo la puja entre los dos sistemas a muerte, la guerra en cada país también adquiere esas características, según su razonamiento.

Sobre esta lógica, se erigió EL TERRORISMO DE ESTADO, que utiliza todas las armas y posibilidades del poder para imponer la disciplina social de los monopolios y de los terratenientes.

Los aciagos años transcurridos desde 1948 hasta hoy en nuestra patria, son la consecuencia de esa política estatal que ha satanizado y criminalizado toda expresión de lucha popular reivindicativa. Se trata de aplastar y generalizar un pánico paralizante por la vía del terror según enseñan desde hace décadas en las escuelas militares gringas a los oficiales colombianos y en los cursos del departamento de Estado, a través de variadas instituciones, a políticos y empresarios nacionales.

Las desapariciones, las torturas, las muertes de compatriotas preñadas de extrema crueldad, el asesinato sistemático de dirigentes, activistas y simpatizantes de la Unión Patriótica son tan solo parte de una política integral, nacida de esa CONCEPCIÓN sobre el papel del Estado, para perpetuar la opresión del pueblo. Buscan la PAZ DE LOS SEPULCROS, LA PAX ROMANA, LA DISCIPLINA DE LAS TRANSNACIONALES para continuar aplicando, sin sobresaltos, oprobiosos ‘planes y modelos de desarrollo’ que acrecientan sus ganancias a costa del bienestar del pueblo.

Parte esencial de esa Doctrina, es el paramilitarismo. Los Estados Unidos propiciaron su actividad en Vietnam, en Camboya y en la mayoría de los países latinoamericanos. No hay nada original en la situación colombiana. También en Nicaragua, el embajador norteamericano Lewis Tambs y el coronel Oliver North, financiaban con dineros del narcotráfico esa actividad.

En Colombia, al Régimen Político le ha dado vergüenza reconocer sus vástagos ilegítimos. Aunque acá en nuestra patria, a esos bastardos no les dé pena cambiarse a la luz pública el uniforme oficial por la capucha para acometer sus crímenes, en un travestismo impúdico que solo niegan el Presidente, sus ministros, el Fiscal General, las Altas Cortes, el Procurador General, el Congreso Nacional, el Gobierno Gringo, los gremios económicos, los terratenientes, la Jerarquía de la Iglesia y los editores de los grandes medios de comunicación. Son gajes del oficio en las imbricadas relaciones del aparato estatal.

Para estos días que corren, el Régimen Político y el aparato de Estado, se muestran de cuerpo entero ante la faz del mundo: deben materializar la Operación Militar denominada Plan Colombia, que con cobertura social y de lucha contra el narcotráfico, desata una ofensiva contra el movimiento popular de nuestro país. Este Plan fue pensado y redactado en Inglés con la condición de no cambiársele ni una coma sin la aquiescencia de Washington.

Tras esta mampara se esconden protervos objetivos: legitimar la presencia de las fuerzas armadas norteamericanas en nuestro territorio afianzando los lazos de dependencia, crear cabezas de puente en Sudamérica para el ejército imperial, amenazar al gobierno de Hugo Chávez desde la frontera, garantizar el cumplimiento de las condiciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional, propiciar el armamentismo en el área ya que los países vecinos buscarán un balance militar, controlar el desarrollo de los megaproyectos en curso en torno a nuevos canales interoceánicos. Y en fin, todo menos la lucha contra el narcotráfico, porque si fuese cierta, hace tiempo los mismos gringos habrían legalizado el consumo de productos sicotrópicos y liquidado el gran negocio nacido precisamente de su carácter ilegal.

A pesar del esfuerzo realizado por Washington y la Casa de Nariño, para nadie es un secreto, el carácter violatorio e imperialista de este Plan. Ni el Presidente Pastrana ni demás capitostes del Régimen desconocen que los “Estados Unidos no tiene amigos sino intereses que defender”.

El tema que nos congrega hoy, es extenso y complejo, y muchos aspectos de fondo quedarán ausentes. Pero no quiero abordar nuestra propuesta sin mencionar cómo en el centro del proceso que va burilando el Estado-Nación Colombiano, fluye el aspecto de la propiedad de la tierra y cómo en torno a él se han ido perfilando y definiendo muchas de nuestras realidades contemporáneas como el absurdo y obsoleto Centralismo Administrativo, el gamonalismo político, la deformación en el desarrollo del capitalismo que por la pusilanimidad de esta burguesía perezosa y rapaz ha convivido con el latifundismo feudal generando atraso y dependencia, el marginamiento de las comunidades indígenas y afro-colombianas, la extensión ilimitada de nuestra frontera agrícola verdadero atentado contra equilibrio ecológico y la riqueza genética del territorio colombiano, el desplazamiento forzado y el desarraigo. Todo ello con profundas incidencias en la difícil situación que vivimos.

Sin pretender agotar nuestra propuesta contenida tanto en el Programa Agrario de los Guerrilleros de Marquetalia de 1964 como en la Plataforma para un Nuevo Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional, esbozo estas líneas gruesas:

1. Para construir un nuevo Estado es imprescindible erigir un Nuevo Gobierno cuyas fuerzas mayoritarias representen los intereses del pueblo.

2. Ese nuevo Gobierno debe generar las condiciones democráticas para reconciliar a Colombia en base a la concepción y práctica de la democracia directa como columna vertebral de la conducción política de la nación. Porque como dijo El Libertador Simón Bolívar “La soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones”. Se trata de eliminar las corruptas interferencias gamonalistas que se le han atravesado al pueblo para el ejercicio pleno de su soberanía, priorizando y generalizando mecanismos como los plebiscitos, referendos, cabildos, asambleas populares, consultas y controles directos. Es evidente, que esta situación requiere con urgencia un reordenamiento territorial privilegiante de las regiones, sostenido en las históricas realidades populares, económicas, sociales y culturales y no, como ahora, en el mezquino interés de los gamonales.

3. El nuevo Gobierno tendrá como principio inalienable la defensa de la Soberanía Nacional tanto en lo político, como en lo económico, en lo militar y en lo territorial. Se trata de mantener relaciones fluidas con todos los países del mundo bajo el precepto de la libre autodeterminación y del respeto mutuo. El proceso que ha generado el mercado mundial en la actualidad hay que encararlo no como fatalidad sino como una realidad que es positiva en tanto se aborde con criterios y estrategias definidas que beneficien a todos los colombianos.

4. A ese nuevo Gobierno, debe corresponder una Fuerza Pública nueva, totalmente ajena a la Concepción y práctica de la Doctrina de Seguridad Nacional, respetuosa y defensora de los Derechos Humanos de los asociados así como de las fronteras patrias. Si esa Nueva Fuerza expresa cabalmente los intereses de ese nuevo Gobierno alejaremos de una vez por todas esa historia de confrontaciones que ha signado nuestro devenir.

5. El Régimen de propiedad debe ser la unidad funcional de lo Estatal, lo privado, lo mixto y lo cooperativo destacando que los sectores estratégicos de la economía serán patrimonio oficial. En Colombia las empresas estatales, que en los sectores fundamentales de la economía y los servicios no han producido grandes beneficios, han fracasado porque frente al timón de la administración del Estado está un sector social que solo piensa en su beneficio particular. No han tenido la ética del bien común como línea de conducta sino intereses de clase. Por eso y porque hay desgreño, incapacidad, corrupción, coimas provenientes de sector privado nacional y de las transnacionales, es que se ha fracasado.

6. También la justicia hay que transformarla y darle el mismo contenido que ha de tener el nuevo Gobierno, para que esta rama PERMANENTE DEL PODER PÚBLICO esté acorde con el devenir social. Para que no sea peor robarse un pan que saquear a DRAGACOL como ocurre hoy en día, para que no sea más punible defenderse de la agresión de un policía que entregarle la soberanía nacional al gobierno norteamericano, para que el despido injusto de un trabajador sea un delito merecedor de cárcel y no sea criminalizada la protesta social. Para que no reine la impunidad sobre todo cuando son los oligarcas y los administradores públicos los que delinquen. Para que haya respeto por la vida y no se ejerza la pena de muerte impunemente por parte de la autoridad. Para que la elección a las más Altas Instancias de la Justicia no sea fruto de un proceso amañado y politiquero sino de una elección democrática a partir de los propios jueces y Magistrados.

7. Si existe una urgencia estratégica para modificar radicalmente la actual situación es la necesidad de desarrollar una Nueva Política Agraria, que parta de redistribuir las tierras erradicando el papel que les han dado como alcancía de latifundistas y como lavadero de dólares provenientes del narcotráfico. Redistribuir las tierras fértiles, con vías de comunicación y otorgando todas las facilidades técnicas, económicas y de mercado en el marco de un diseño económico general que nos inserte con fuerza y soberanía en el mercado agrícola mundial. Y liquidar de una vez por todas el negocio de tierras urbano, que solo lacras le ha traído al desarrollo de nuestras ciudades.

8. Lo nuevo de la política social debe ser el criterio de obligatoriedad Estatal que la debe sustentar, marcando diferencia con la criminal concepción neoliberal en boga, que mide la educación, la salud, la vivienda, el deporte y la recreación como un negocio rentable que debe de pagar de contado y con intereses, quien recibe sus beneficios. Y erradicar esa concepción criminal que manipula, roba, negocia y trampea con las prestaciones sociales de los trabajadores y los pensionados. Todo lo que hagamos debe tener como referencia es al colombiano, su bienestar y su realización como ser humano. Precisamente por esto afirmamos que la paz tiene el nombre de justicia social.

9. Ninguna nación que aspire a la prosperidad puede soslayar la atención al desarrollo de la CIENCIA Y TECNOLOGIA. Estos motores como parte constitutiva de las fuerzas productivas, juegan papel de primer orden en nuestro futuro como nación soberana pues en caso contrario, estaremos condenados a perpetuidad al atraso y a la dependencia tecnológica que impedirá la utilización plena de los recursos constitutivos de nuestra riqueza nacional.

10. El nuevo gobierno reclama una producción intelectual y cultural libre y democrática, tendiente al desarrollo espiritual de los valores más preciados de nuestra nacionalidad y cultura diversa. Debe democratizar los medios de comunicación masivos, con estrictas medidas antimonopolio y de su uso político, dando impulso y prioridad a los medios de comunicación de propiedad comunitaria y popular.

Un gobierno que acometa estas modificaciones estructurales al Régimen Político y por tanto al Estado en su conjunto, es nuestra propuesta a los colombianos para salir del oscuro túnel en que han hundido al país.

La confrontación fratricida en que nos encontramos inmersos nos ha sido impuesta a todos, por un Régimen violento que arremete contra todo aquello que intente modificar las relaciones de poder y redistribuir el potencial de nuestra nación.

La lucha por encontrar una salida política a la situación reclama la mayor participación ciudadana. La casta política que dirige al país está notificada que en este proceso de diálogos no se busca la comodidad de los Altos Cargos burocráticos, ni taxis, ni becas, ni dineros. Solo en la medida que se haga conciencia de la necesidad de profundos cambios en el Régimen y en el aparato de Estado, podrán evidenciar voluntad política para evitarle la profundización de los odios a nuestro martirizado pueblo.

Dijo nuestro Comandante Jacobo Arenas que “El destino de Colombia no puede ser la guerra civil” y nosotros hacemos lo imposible para serles fiel a su pensamiento. Lo seguiremos poniendo todo por encontrar la solución civilizada con base en acuerdos en la búsqueda de una patria próspera, democrática, soberana y con justicia social. Precisamente de eso es que se trata.

Les agradezco inmensamente su tiempo y su atención.
ALFONSO CANO
10.10.00.

A Todos los Jovenes...

Juliana masticaba insistentemente el chicle sin reparar que la goma carecía de sabor desde hacia ya gran parte de su recorrido. El bus avanzaba con lentitud y resignación por las calles angostas, polvorientas y maltrechas a las que el transmilenio la había desplazado.
Juliana no pensaba en las rodillas del pasajero de atrás que peleaba con la angostura de las sillas, ni ideaba un plan defensivo para garantizar la blancura de sus medias a lo largo del estrecho y repleto corredor que a empujones conducía hasta el timbre y la puerta de salida. Los pensamientos de juliana iban con el niño vendedor de chicles, en el que sin ningún remordimiento había invertido el pasaje de retorno. Seria tal vez 5 o 6 años menor que ella, se levantarían a la misma hora , pero él cargaba en parte la responsabilidad de un arriendo y el sustento de sus hermanos pequeños que deberían estar en la escuela.

Se preguntaba inútilmente si él era uno de los 33.000 niños que el año pasado abandonaron la escuela por la pobreza de sus familias o de los 7.00 niños a los que se le negó un cupo este año; recordó la cara del alcalde advirtiendo sonriente y amenazante que si los bogotanos no pagan por el alumbrado publico la cosa va a empeorar, es obvio, se decía juliana, para el gobierno otras son las prioridades, impuesto de guerra, sobretasa de la gasolina, IVA, etc., para bombardear pueblos como Santodomingo o militarizar y atropellar poblaciones como en Arauca.

La tristeza y la rabia se conjugaron extrañamente en su mirada y de sus ojos se desbordó una lagrima que alcanzo a delatar un delicado trazo de lápiz delineador. Borro con una mano el rastro del llanto y sacó con la otra una calcomanía con el rostro de Bolívar, recordó las palabras de Sebastián cuando al regalársela le propuso trabajara como activista revolucionaria de las Brigadas Estudiantiles Bolivarianas (BREB), donde con mas compañeros se analiza la situación del país y la educación, se reparte propaganda, se hacen pintas, se organiza a los jóvenes, se participa y alientan las luchas del pueblo y se adelantan todas las tareas necesarias para el desarrollo de la revolución. Juliana sintió sobre si la responsabilidad y el compromiso de aportar su juventud y sus esfuerzos en la construcción de una Nueva Colombia y decidió adoptar el nombre de Manuela para asumir el trabajo clandestino.

El madrazo de un pasajero despertó a Manuela de su letargo, dos cuadras atrás quedo el colegio, se levanto presurosa y timbro, al descender pego rápidamente la calcomanía en la puerta del bus.....
.....y se confundió ágilmente entre los demás colegiales que empezaban otro día mas de estudio.

Brigadas Estudiantiles Bolivarianas

Entrevista con Raul Reyes por Arturo Alape

Definitivamente, Colombia ha engendrado el olvido de su propia historia. Un olvido institucional como expresión de sobrevivencia de la clase dirigente política. Y esa amnesia histórica se ha vuelto colectiva como si fuera un fantasma de salvación de responsabilidades que no son nuestras. Son muchos los acontecimientos políticos sucedidos en las dos últimas décadas. Uno de éstos fue la operación militar a Casa Verde ordenada por el presidente Gaviria, que quizá hoy tiene honda repercusión en los orígenes del actual conflicto armado y las posibilidades de un nuevo proceso de paz.

Al comienzo de la entrevista, le pedí a Raúl Reyes, vocero de las FARC en las actuales conversaciones de paz, que contara el relato del momento de la muerte de Jacobo Arenas, que por cierto tiene que ver mucho con los posteriores acontecimientos históricos recientes.

"El día 10 de agosto de 1990 teníamos convocada una reunión del Secretariado en la oficina de Jacobo Arenas, en su caleta.. Llegamos las 8 de la mañana en punto; él ya estaba listo en la oficina, conversamos un rato. Luego entramos a ponernos de acuerdo en el orden del día que él tenía como propuesta. Se aprobó el orden del día, intercambiamos ideas. Por esa época estábamos pensando en que había que realizar la Octava Conferencia, se presentaron algunas dificultades de carácter organizativo y de carácter político y además a él se le había olvidado citar a los delegados; y estaba explicando eso.., viendo los papeles que teníamos para estudiar ese día cuando se quedó mirándonos fijamente a los ojos y nos dijo que se sentía muy enfermo. Lo vimos pálido, se levantó para acostarse en su cama que estaba a un lado, muy cerca de donde estábamos reunidos y en el momento en que se levanta del asiento, a los dos, tres pasos cayó al suelo. Inmediatamente intentó levantarse con un gran esfuerzo y nosotros nos levantamos a prestarle auxilio y lo llevamos a su cama. Los dejamos acostado, el médico inmediatamente llegó porque lo mandamos a llamar, le hizo los exámenes, le puso el fonendoscopio y todo lo necesario para saber qué había ocurrido y diagnosticó que había muerto de repente, un ataque cardíaco lo había matado. Nos cogió de sorpresa a todos la muerte de Jacobo Arenas. Después que nos damos por enterados que había muerto, entonces se procede a elaborar un comunicado para comunicarle al país y al mundo lo acontecido. La comunicación del lugar nuestro hasta Bogotá no tardó sino unos dos días, donde pudimos comunicarle al grupo lo que había ocurrido y luego se procedió a lo demás, a darle sepultura. Hay que decir que hubo muchísima gente el día de su entierro y las intervenciones de rigor de muchos compañeros, de la comandancia.

-¿Qué sucede después de la muerte de Jacobo Arenas? ¿Qué es lo que pasa con el gobierno de Gaviria en relación, con el proceso de paz que venía anteriormente?

- Es indudable que la muerte de Jacobo nos golpea a todos, nos lastima en la medida en que era un hombre con mucha experiencia, convencido de la lucha, Jacobo no hay sino él. Luego de que muere se ve la necesidad de ajustar el secretariado. Se decide que hay que llamar a Iván Márquez para que haga parte del Secretariado, se lo comunica directamente el camarada Manuel directamente por radioteléfono.

Es posible que el gobierno de César Gaviria Trujillo, ante la muerte de Jacobo, además se había derrumbado el campo socialista por la traición de Gorbachov y de toda la dirigencia soviética por los errores económicos y políticos en la construcción de ese modelo, utilice esa coyuntara para sus planes de guerra. También claudicaron por esa época, los otros grupos que hacían parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar: el M-19, el EPL, de Bernardo Gutiérrez, el Quintín Lame, el PRT. Abandonaron la lucha, entregaron sus armas, dejaron a toda la gente que los apoyó frustrados, porque para ellos no hubo nada a cambio de que les dieran la posibilidad de participar de la constituyente de 1991. Creo que todo esas consideraciones hicieron que la clase política gobernante, en cabeza de Gaviria como presidente de la república, consideraran que era el mejor momento para desarrollar una operación de exterminio contra el Secretariado, justamente el día en que los colombianos esperaban que la gente se pudiera expresar mediante elecciones nombrando una Asamblea Nacional Constituyente que iba a redactar la nueva constitución política que hoy rige a Colombia.

-¿Ustedes estaban invitados a participar en la Constituyente? ¿Cómo se plantea esa relación de quienes organizan la Asamblea Constituyente y la gente que se había desmovilizado?

- Primero, nosotros hemos dicho que fue un golpe artero, traicionero del gobierno del gobierno del señor Gaviria, porque a nosotros se nos había brindado la posibilidad de participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Con anterioridad veníamos conversando con Manuel Pérez, jefe del ELN, con Caraballo, jefe de la fracción que aún quedaba combatiendo del EPL, la posibilidad de participar las tres fuerzas dentro de la ANC con 20 delegados. El gobierno opinaba que eran muchos delegados, pero no había cerrado en ningún momento la opción nuestra de participar. El gobierno dejó entrever que era posible llegar a algún acuerdo y se consideraba también por delegados del gobierno de que era posible seguir conversando, que no era necesario romper el proceso de paz que se había iniciado en el 84 con Belisario Betancur.

Por esos días, nos visitó en el pueblito, en Casa Verde, lo que se llamó la Comisión Exploratoria, en la cual fueron varios representantes a la cámara y personalidades para hablar con el Secretariado, con Caraballo y con Manuel Pérez y certificar ante el país, que todavía habían condiciones para avanzar en dirección a las conversaciones de Paz así evitar una nueva confrontación.

Además, el señor Gaviria había enviado a través del partido comunista una razón al secretariado de las Farc , en que expresaban la voluntad del gobierno para que participáramos como constituyentes. Nosotros hubiéramos podido participar. Son días antes del 9 de diciembre, antes de que ocurriera el ataque a Casa Verde. Se concluye por parte de la Comisión Exploradora de que existen posibilidades para seguir conversando. Por esa época viaja también la delegación del partido comunista a decirnos que hay que acatar esa posibilidad, que Gaviria los ha llamado a hablar de que si las Farc está en condiciones de hacer gestos positivos pueden participar en la ANC. Naturalmente las Farc no considera dar ningún gesto porque se trataba de participar en una ANC donde estaban presentes los que han gobernado siempre el país; estaban los que tienen toda la responsabilidad de las dificultades que tenemos hoy. Entonces no pensábamos que de esa Asamblea salieran muchas cosas importantes, pensábamos que en la hipótesis de que saliera una nueva Carta más democrática que la del 86, pues era posible que se siguiera violando como finalmente ocurre. Nosotros no podemos decir que la Constitución del 91 es toda mala, tiene cosas muy buenas pero se viola permanentemente, no se cumple en su cabalidad.

Gaviria piensa que al atacarnos el día 9 de diciembre cuando toda la opinión nacional estaba pendiente de los resultados de las elecciones, donde las figuras eran Navarro Wolf y todos que traicionaron la lucha revolucionaria armada, pues iba a pasar desapercibida la contundencia y los resultados de esa operación. Conocemos que tenía la prensa lista para dar el parte de victoria del aniquilamiento de cientos de guerrilleros y de la dirección de las Farc en Casa Verde.

- ¿El gobierno qué pretendía?

- Pretendía exterminar la dirigencia de las Farc y a cientos de guerrilleros en un momento, donde se decía públicamente, que los guerrilleros que continuábamos sin desistir de la lucha revolucionaria, eran odiados por la sociedad, que eran fósiles en extinción, que el mundo los rechazaba porque los guerrilleros buenos eran los que estaban dándose palmadas en la espalda con la oligarquía de este país, sin conseguir nada para el pueblo colombiano. Se apoyaban con el argumento, en lo que había ocurrido recientemente en el en el campo socialista
.
-¿El plan del gobierno se hizo en completo sigilo o ustedes tuvieron alguna información?

-Cuando decimos que es un golpe artero, traicionero de César Gaviria Trujillo y la clase política colombiana es porque no se conocía nada, es porque se da la sensación de que íbamos a continuar dialogando, que íbamos a continuar buscando formas para participar en la ANC. Si de parte del gobierno se nos hubiese notificado: ustedes no quieren ceder en esto y lo otro y por lo tanto hasta aquí vamos, no podemos seguir conversando, declaramos rotas las conversaciones, etc., etc., nosotros no pudiésemos decir ahora de ninguna manera que se tratara de un golpe artero, traicionero.

-¿Pero ustedes estaban preparado para cualquier circunstancia en esos meses?

- Obviamente, obviamente. Esa es una de las razones para que las Farc no crea en esta clase política porque como han ocurrido tantas cosas, como usted bien sabe, que asesinaron a Guadalupe Salcedo, que asesinaron a Duman Aljure, a tantos otros, al mismo Pizarro que entregó a sus hombres. Habían planes de defensa bien vertebrados comandados directamente por Marulanda para responder un eventual ataque del enemigo, que permanentemente sobrevolaba el área y hacían inteligencia aérea y terrestre a través de mucha gente que enviaron allá a recoger información. No nosotros teníamos todos esos elementos que nos hacían prever que en cualquier momento iba a ocurrir algo, pero la verdad que sí no nos imaginamos que fuese a ocurrir

¿Imaginaron la magnitud del ataque?

- No, de pronto la magnitud sí porque la guerra es así: más de 40 aviones y helicópteros bombardeando durante el día desde las 6 de la mañana y hasta las 7 de la noche, con una contundencia en el ametrallamiento total en toda el área. Se trataba de aniquilar la guerrilla. Sin embargo no logran el objetivo porque a los tres meses de cruentos combates en toda esa área de Casa Verde y la región de la Uribe, el mismo ministro de defensa de la época tuvo que reconocer en un debate en el senado de la república que ellos habían tenido 110 bajas, 9 helicópteros averiados o fuera de combate y otra cantidad de tropa herida. Nosotros tuvimos en ese mismo tiempo 13 camaradas muertos y otros heridos. La resistencia se tuvo todo el tiempo que se consideró necesaria tenerla en el área.

-Volvamos un poco como atrás. ¿Cuáles fueron los elementos de la operación del ejército ya desde el punto estratégico, y general cuál fue la respuesta de las Farc ? ¿Cómo se desarrolla la defensa de Casa Verde, cómo transcurre la partida de ustedes hacia el Guayabero?.

-El ejército y a clase política estaban en ese momento muy envalentonados porque habían creado la primera brigada móvil que habían usado contra el EPL que se desmovilizó por órdenes de Bernardo Gutiérrez, comandante del EPL. Fue es otro de los cálculos que no les resultó porque las Farc sí le respondió con los planes de respuesta. Las dos brigadas móviles que lanzaron en ese momento con muchos explosivos, porque eran unas bombas grandísimas sobre toda esa región, con un desembarco violento, eso caía tropa para agarrar los guerrilleros a como diera lugar. Los guerrilleros les dieron respuesta y entonces poco a poco empezaron a aflojar porque la situación era muy dura y la respuesta fue contundente en todos lados. Empiezan los combates, luego merma y los guerrilleros van adquiriendo nuevamente más experiencia en el fogueo y continúa la confrontación que vivimos hoy.

-En qué consistía, Raúl, la fortaleza de esas Brigadas Móviles, qué tipo de soldado la conformaban?

-Soldados común y corriente preparados para la guerra. El ejército colombiano es un ejército preparado para la guerra, es por demás injusto decir que es un ejército que no pelea; no, es un ejército valiente, es un ejército que sabe de guerra, es un ejército que ésta preparado para eso. Lo que pasa es que la guerrilla tiene, además de la experiencia de la guerra, también el elemento político, la firmeza ideológica, el nivel consciente que contribuye mucho a que haya decisión, a que haya arrojo, a que haya voluntad de ir al combate…

-Raúl, cuáles fueron las áreas geográficas en que desarrollaron la Operación de Casa Verde? ¿ Hasta dónde se desarrollaron esas peleas y por cuánto tiempo.?

- Geográficamente Casa Verde está en el municipio de La Uribe, en ese tiempo cubrió toda esa parte desde el río Duda hasta La Uribe llegando a una región que llaman El Oriente, ya sobre el río Duda, una región que llaman La Pista, Mesetas, una extensa zona por el río Papamene, en el Guayabero, porque consideraban que en cualquiera de esos lugares nos podían ubicar. Claro, en todos esos lugares estábamos y en todos esos lugares igualmente hubo combates durísimos en que no lograron ellos sus resultados. Esta era una región bastante conocida por nosotros, ellos igualmente la conocían mucho porque tenían mucho trabajo de inteligencia, mucho infiltrado en toda esa área, muchos guías. Entonces se trataba de una confrontación dura donde no habían inexpertos ni de parte de ellos ni de parte de la guerrilla, sino gente con dominio del terreno y con experiencia y capacidad militar igualmente.

-Después de lo de Casa Verde ustedes hacia dónde se dirigen y qué significa esa confrontación en los planes o en el desarrollo militar de las Farc.?

- Bueno, pues después de esa operación lo que hay es un fortalecimiento de la lucha guerrillera porque la gente se templa en el combate, se cualifica, hay unos que de pronto por la contundencia de la operación pidieron que los enviaron a otras tareas para estar en el combate. Pero hubo otros que al contrario se cualificaron mucho más e ingresó más gente. También hubo igualmente de parte de todos los frentes una respuesta muy grande con una campaña que se realizó en febrero, en todo el país, que preocupó muchísimo al gobierno de Gaviria y a su ministro de Gobierno, que por esa época era Humberto de la Calle Lombana. Luego aparecieron diciendo que estaban dispuestos a conversar de nuevo donde se les dijera y cuando se considerara conveniente. Nosotros, consecuentes con la política de paz, les dijimos listos, queremos conversar, necesitamos un lugar para conversar y entonces nos hablaron de unos sitios en la selva que no tienen ninguna importancia, que no tenían en ese tiempo ninguna importancia y menos hoy. Comienza a trabajarse lo que finalmente se hace conversando primero en Cravo Norte, posteriormente en Caracas, Venezuela, y finalmente en Tlaxcala, México, ya en el año 92.

-¿ Qué es lo que sucede para que fracasen esos diálogos y esos acercamientos entre ustedes, los Elenos, el EPL y el gobierno?

- Está en que el gobierno de Gaviria considera que aún tiene la posibilidad de liquidar a la guerrilla, que tiene la posibilidad de diezmarla y que el modelo que había desarrollado, y que le dio muy buenos resultados con los grupos que ya se habían desmovilizado, pues lo tenía en plena vigencia, lo que lo lleva a pensar que con las Farc es la misma fórmula. Por eso decide unilateralmente cancelar los diálogos de Tlaxcala...

-¿Quién se levanta de la mesa?

-El gobierno. Directamente el consejero para la paz en ese momento, Horacio SERPA, decide levantarse de la mesa y luego el presidente de la república en un acto televisado para todo el país cancela los diálogos y declara el país en estado de conmoción e impone el impuesto para la guerra.

-¿ En qué consistía esa declaración de guerra total en el país?.

-Poner todo el aparato del estado contra la guerrilla porque no fue solamente los bombardeos, los ametrallamientos y la búsqueda con muchos hombres y armas del ejército buscando los guerrilleros en las profundidades de la selva y en todo lado, sino también una propaganda, un trabajo a nivel de los medios de comunicación al servicio del Estado como Caracol, RCN, El Tiempo y otras agencias ideológicas del sistema. Amenazando a los guerrilleros, declarándolos enemigos del país y ofreciendo recompensa para quien entregara guerrilleros para capturarlos, pidiendo aporte económico de los empresarios nacionales y extranjeros para pagar la guerra contra la insurgencia colombiana.

-Cuál fue la respuesta en ese momento por parte de ustedes? ¿Luego qué sucede frente a este llamamiento de la guerra total?.

-Cuando declara la guerra lo nuevo son más argumentos jurídicos que él pone a disposición de su gobierno. Además,más recursos económicos. Las operaciones ya estaban en toda su dimensión, mientras continuábamos los diálogos. Empieza es a crear más Brigadas Móviles, utilizar más helicópteros, más aviones para la guerra. La gente nuestra estaba distribuida en todo el país, los frentes estaban en pleno fortalecimiento, con más ingresos, con el armamento que lograron capturar en el combate, y una experiencia cada vez mayor.

- ¿Es decir que ese proceso de la guerra total, la confrontación, es lo que les permite organizar y desarrollar la Octava Conferencia?

-Lo que pasa es que esa operación militar tan estruendosa y que se mantuvo, y aún se mantiene hoy, no logra impedir que la Conferencia se realice. Esta pudo realizar sin ninguna dificultad y pudimos movilizar a todos los delegados, los miembros del estado mayor central... La fecha en que se realiza la conferencia, es el 4 de diciembre de 1993. Dos años después de Casa Verde. El ejército no logra detectar dónde está reunida la Conferencia ni por dónde se movieron sus delegados. Fue un éxito muy grande para nosotros.

Después vendría lo que conoce el país. Las Farc después de Casa Verde crecieron desmesuradamente en su estructura militar. Sin embargo, en su momento, pocos evaluaron críticamente el costo para el país de aquel acto de guerra del presidente Gaviria. El debate hoy apenas se abre en todos sus pliegues para profundizar en las características del proceso de paz que comienza de nuevo.